6. Asaltos a la
democracia, 1963-1989: Belaúnde - Velasco - García
Belaúnde con contrabando - Velasco con
reforma de territorios - descuido y rebeldes con Sendero
Luminoso y drogas - Belaúnde otra vez - García y su mafia
roban el resto - militares y el APRA convierten el Perú en
una anarquía corrupta
de Alfonso W. Quiroz (2013) - Traducción de Javier Flores
Espinoza - IEP Instituto de Estudios Peruanos
1. Corrupción Política; 2.
Desarrollo económico y social; 3. Historia; 4. Colonia; 5.
República; 6. Perú
Índice
6. Asaltos a la democracia, 1963-1989 - p.383
Las promesas rotas de Belaúnde - p.384
El escándalo del contrabando - p.391
«Revolución» militar - p.401
Negligencia benigna - p.417
Los medios de Alan García - p.424
Juicio frustrado - p.433
Persistencia de los patrones de corrupción - p.439
Capítulo 6. Asaltos a la democracia,
1963-1989: Belaúnde - Velasco - García
[APRA con Haya investiga la corrupción - renuncia en
2000 - Haya: "La honestidad es como la lepra" - Las
reformas siempre son bloqueadas por corruptos criminales
- Haya y Basadre documentan la corrupción de Belaúnde,
García y Fujimori - Libros]
Cuando se escribían estas líneas, el exparlamentario Héctor
Vargas Haya aún vivía en la misma casa
familiar que había ocupado por muchos años en un barrio
limeño desprovisto de las típicas ostentaciones en las que
cae, por lo general, la clase política peruana. Desde los
años sesenta, Vargas Haya se había dedicado a la investigación
de casos notorios de corrupción en la
Administración Pública. Entre sus credenciales estaban el
haber servido honestamente como diputado por casi veinte
años y haber presidido la Cámara de diputados durante el
periodo 1988-1989. Después de más de diez años de amargas
discrepancias con la dirigencia de su propio partido,
Vargas Haya renunció oficialmente, en el año 2000, a toda
una vida de militancia aprista. El exparlamentario
denunció consistentemente la corrupción en sus diversas
formas y exigió una urgente reforma constitucional para
reconstruir instituciones que desde hacía décadas
continuaban desvirtuándose.
En una entrevista periodística, Vargas Haya sostuvo que,
en «el Perú, ser honesto es como ser un leproso».
[1] Es comprensible que este político jubilado tuviera una
visión pesimista con respecto a la corrupción y su
vinculación con las debilidades institucionales. A lo
largo de su vida, las diversas oportunidades de
lograr una reforma real del sistema al parecer se
vieron frustradas [p.383] y desperdiciadas
debido, en gran medida, a intereses sustentados en la
corrupción. Al igual que Basadre, el historiador y
funcionario, Vargas Haya, el político y
legislador, fue un testigo de este fenómeno desde el
interior mismo del sistema político. Vargas Haya es autor
de importantes libros que documentan detenidamente la
evolución de las formas de la corrupción de alto vuelo
durante los dos gobiernos de Belaúnde
(1963-1968 y 1980-1985), la dictadura militar
«revolucionaria» (1968-1980), el primer periodo
presidencial del líder del APRA Alan García Pérez
(1985-1990) y el régimen de Alberto Fujimori
(1990-2000). El relato histórico que sigue compara y
contrasta la solitaria voz pública de Vargas Haya con
otras fuentes excepcionales. En este caso, ilustra una
lucha particularmente difícil en el transcurso de la cual
avances democráticos claves —efectuados bajo la presión de
una población creciente y empobrecida— fueron víctimas de
arteros asaltos a dichas aspiraciones democráticas por
parte de líderes políticos y jefes militares enmarañados
en cuestionados legados.
Las promesas rotas de Belaúnde
[¿QUIÉN era Belaunde?
Belaunde era un arquitecto educado en México, luego vino a
Perú, fundó una revista de arquitectura, hizo construir
casas nuevas en Lima, fundó un partido político "Frente
Democrático" en 1945 y 18 años después se convirtió en
Presidente de Perú. La corrupción durante su presidencia
con nepotismo, familiares y asuntos de contrabando arruinó
su reputación. Habría sido mejor que nunca hubiera llegado
a la presidencia, entonces habría conservado su buena
reputación como arquitecto de institutos y zonas
residenciales peatonales con jardines].
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=aHdsXxjlU_0
Video: SUCEDIÓ EN EL PERÚ - Fernando
Belaúnde Primera Parte 2/4 (12'43'')
https://www.youtube.com/watch?v=aHdsXxjlU_0 -
YouTube-Kanal: TVPeru
- hochgeladen am 21.2.2023
[1963: Elección del tecnócrata Belaúnde (AP con los
"cristianos" (PDC) - Reforma agraria piloto en Cusco -
Planificación espacial con el Instituto Nacional de
Planeación INP]
Fernando Belaúnde, el candidato reformista
de Acción Popular (AP), fue elegido presidente del Perú en
junio de 1963 con el apoyo de la alianza con el Partido
Demócrata Cristiano (PDC). Estas elecciones fueron
reguladas y monitoreadas detenidamente por la Junta
Militar que gobernó el Perú entre 1962 y 1963. Varios
jefes del alto mando militar preferían a Belaúnde y
simpatizaban con su ideología tecnocrática. La junta había
justificado su toma del poder para combatir un supuesto
fraude en las elecciones anuladas de 1962 y cumplir con el
objetivo de una «república verdaderamente democrática».
Para contener la toma ilegal de tierras en el Cuzco,
el gobierno militar implementó una reforma agraria piloto
en el valle de La Convención — subvencionada por préstamos
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) — con resultados alentadores pero
limitados. La junta, asimismo, implementó sus aspiraciones
tecnocráticas con la creación del Instituto
Nacional de Planificación (INP), un organismo
centralizador de estrategias para el desarrollo. Estas
medidas favorecieron las tendencias burocráticas y las
políticas de centro-izquierda, pero también reforzaron la
oposición militar a los esfuerzos apristas por alcanzar el
poder.
[1963: Los militares Godoy y Bossio quieren
nacionalizar los campos petroleros de La Brea y Pariñas
- son superados en votos + despedidos - el general
Lindley sale como embajador de Perú en Madrid]
Diversas facciones se manifestaron en el seno de la junta
militar en los meses previos a las elecciones programadas
para 1963. El general Ricardo Pérez Godoy,
el vocero más visible de la junta, encarnó con el apoyo
del ministro de [p.384] Gobierno, el general Juan
Bossio, una tendencia autoritaria
personalista, similar a la de anteriores dictadores
militares. Pérez Godoy y Bossio buscaron el reconocimiento
público mediante sus intentos por anular el controversial
laudo arbitral de 1922, que otorgó a la
International Petroleum Company (IPC) los
derechos de superficie sobre los yacimientos de
petróleo de La Brea y Pariñas [norte del
Perú]. Esta solución unilateral al dilatado problema con
la IPC formaba parte de dogmas nacionalistas desarrollados
desde 1959 por ideólogos de izquierda que influyeron en
las estrategias intervencionistas «reformistas» del Centro
de Altos Estudios Militares (CAEM). El general
Nicolás Lindley y otros dos miembros de la
Junta Militar se oponían a esta posición nacionalista
considerada como una opción radical. Los militares
«moderados» prevalecieron sobre Godoy y Bossio, les
obligaron a renunciar y cumplieron la promesa de celebrar
elecciones sin más intervenciones inconstitucionales.
Lindley fue posteriormente recompensado por Belaúnde con
el puesto de embajador en Madrid. [2]
[Belaúnde al embajador estadounidense Wesley Jones: la
compañía petrolera nunca pagó impuestos]
Antes de asumir oficialmente su cargo, el electo
presidente Belaúnde tuvo una importante reunión privada
con el embajador estadounidense John Wesley Jones. En lo
referente a las relaciones con Estados Unidos, Belaúnde
consideraba la vieja cuestión de La Brea y Pariñas como
una «bomba de tiempo» que debía ser resuelta con premura.
Este problema había sido heredado de gobiernos anteriores
y su renacida controversia era peligrosa en las
circunstancias políticas del momento. Belaúnde reveló
entonces que la posición de su partido era similar a la de
los militares: el fallo de 1922 favorable a la IPC era
«nulo e inválido», puesto que la empresa debía al Perú una
gran suma en impuestos no pagados.
Por razones políticas debidas a la oposición que Belaúnde
esperaba encontrar en el Congreso, resultaba imperativo
que se negociara algún tipo de arreglo, no necesariamente
monetario, entre la compañía y el poder ejecutivo peruano.
Jones replicó que la posición de Belaúnde con respecto al
laudo de 1922 no ayudaría a las negociaciones con la IPC y
los círculos financieros estadounidenses. [3] Días más
tarde, Celso Pastor, cuñado y cercano asesor de
[p.385]Belaúnde, declaró a un sorprendido diplomático
estadounidense que el problema más apremiante que el
presidente electo enfrentaba era consolidar su autoridad
sobre los militares. [4]
[Belaúnde con militares contra el criminal APRA con
Haya de la Torre]
A pesar de su limpia procedencia democrática, el sostén
político que Belaúnde obtuvo de los militares para
vencer al candidato aprista Haya de la Torre
era, tal vez, el pasivo más importante que sellaría el
destino de su gobierno. Cuando un periodista extranjero le
preguntó cuál era a su juicio el rol apropiado de las
fuerzas armadas en los asuntos nacionales, Belaúnde
respondió que la cooperación entre civiles y militares era
necesaria, y que las fuerzas armadas constituían
verdaderas escuelas para los reclutas indígenas. [5] Según
un diplomático de Estados Unidos, esta actitud
acomodaticia hacia los militares resultaba comprensible,
«en vista de la deuda que tiene con las Fuerzas Armadas
por su elección en 1963». [6]
[Gobierno de Belaúnde: Los militares son sobornados
como siempre - para mantener al criminal APRA bajo
control - APRA con Odría Union destruye la popularidad
de Belaúnde - primera decisión petrolera contra el IPC
de 1922]
Paradójicamente, la regeneración de la democracia
constitucional peruana, las reformas radicales y las
prácticas «moralizadoras» prometidas por Belaúnde,
dependían, en gran medida, del viejo y peligroso juego de
atraer y recompensar a los militares para
que se alinearan con una de las facciones políticas. Este
error estratégico era el mismo que el gobierno de
Bustamante había cometido ante la presión insurreccional
aprista de 1948. En el largo plazo, el entendimiento
implícito entre Belaúnde y los militares fracasó sin
lograr contener la trayectoria sinuosa y desestabilizadora
del APRA, partido que en el pasado había intentado
repetidamente penetrar e influir entre la oficialidad
militar.
Asimismo, el respaldo inicial que las fuerzas armadas le
brindaron a Belaúnde dio a los apristas una justificación
histórica para oponerse duramente a su gobierno y a su
programa de reformas urgentemente necesarias. El
APRA formó una coalición reaccionaria e inescrupulosa
con Odría y la UNO (la Unión Nacional Odriísta) para
controlar el Congreso y contrarrestar la popularidad
inicial de Belaúnde. En su primer discurso
presidencial, Belaúnde había prometido resolver
prontamente la cuestión de La Brea y Pariñas. En un
intento preventivo de ganar la iniciativa, así como los
votos necesarios para las cercanas elecciones municipales,
el bloque parlamentario APRA-UNO aprobó [p.386] una ley el
31 de octubre en ambas Cámaras y declaró que el
laudo de 1922 era nulo «por haber violado
requisitos legales pertinentes».[7]
[APRA + Odristas criminales bloquean el programa de
reforma de Belaúnde - Andes: adultos jóvenes ocupan
tierras libres para la construcción de viviendas -
infiltración izquierdista de los militares por parte de
AP - ley de reforma agraria se diluye + carretera andina
norte-sur bloqueada]
El ambicioso programa reformista de Belaúnde pasó así a
ser presa de las presiones tanto parlamentarias como
militares. Una renovada y más seria oleada de tomas
de tierra se propagó por el campo el mismo día
en que Belaúnde asumió el mando presidencial. Esta vez, la
promesa de una reforma agraria, mediante expropiaciones
debidamente compensadas, alentó la ocupación ilegal por
parte de arrendatarios y campesinos sin tierra. También
era motivo de preocupación la infiltración izquierdista en
el partido Acción Popular, las instituciones
gubernamentales y las fuerzas armadas. Mientras su
gobierno lideaba con las tomas de tierras y expropiaba
unas cuantas haciendas por decreto, Belaúnde había
enviado, en agosto de 1963, su proyecto de reforma
agraria al Congreso, el cual retrasó su
aprobación hasta por ocho meses.
La ley de reforma agraria finalmente aprobada fue diluida
para que encajara con los intereses de la coalición
APRA-UNO, emasculando así su efectividad. Con la creciente
preocupación por los negativos efectos fiscales e
inflacionarios del costoso programa de reformas y obras
públicas de Belaúnde, los apristas y odriístas también se
opusieron tenazmente al proyecto preferido del presidente
para construir la Carretera Marginal de la Selva,
una vía que proyectaba recorrer de norte a sur más de mil
kilómetros de la región de la selva alta. [8]
[Gobierno de Belaunde contra APRA+Odristas criminales:
elige más militares al gabinete + a los comités de
planificación - desde 1965: militares quieren más
derechos contra las guerrillas - aviones de combate
Mirage contra los andinos provoca tensiones con los
"EUA", que querían vender F-5]
Aunque los demócrata-cristianos ocuparon posiciones claves
en el Ministerio de Agricultura y el Instituto de Reforma
Agraria, Cornejo Chávez y su partido se resintieron ante
el compromiso final de la ley de reforma agraria. Se
irritaron también por la baja prioridad que se le dio al
programa radical de la reforma original, que había servido
de base a la alianza AP-PDC, persistentemente erosionada
por acción de la reaccionaria oposición parlamentaria. [9]
Del mismo modo, varios de los ministros de Belaúnde fueron
censurados por la coalición APRA-UNO en el Congreso. Harto
de este obstruccionismo parlamentario, [p.387] Belaúnde
consideró realizar un referéndum para respaldar las
iniciativas del ejecutivo. Eligió a más ministros
militares para ocupar puestos claves de su gabinete.
También le concedió a los oficiales militares cargos
importantes como planificadores nacionales y directores de
obras públicas. Es más, con la propagación de las actividades
guerrilleras en 1965, los militares
presionaron a Belaúnde para que les otorgara carta blanca
en la lucha contra los movimientos insurreccionales. Así
en 1967, las fuerzas armadas lograron asegurar la compra
de un escuadrón de mirage V, aviones de
combate franceses costosos y sofisticados. Esta compra
generó tensiones con el gobierno de Estados Unidos, que
intentaba limitar la proliferación de aeronaves
supersónicas en la región con la venta programada de
aviones F-5 de fabricación estadounidense. [10]
[Ricos "carlistas" contra las reformas de Belaúnde -
Seoane para la legalidad correcta - no hay lugar para
las leyes anticorrupción - todos sobornan a todos]
La toma de decisiones por parte de Belaúnde se vio
limitada aún más por un grupo de asesores y amigos íntimos
conocidos como los «carlistas», llamados así porque varios
se llamaban Carlos (entre ellos el acaudalado
industrial Carlos Ferrero, y los empresarios y
parientes Carlos Velarde y Carlos Muñoz).
Esta camarilla privilegiada y conservadora era vista como
más interesada en incrementar activos particulares que en
servir al público. Entre los carlistas más conspicuos
figuraban Manuel Ulloa, a quien
observadores extranjeros consideraban un político de pocos
escrúpulos, y Carlos Muñoz, primo político de
Belaúnde y jefe de una compañía de agentes de aduana,
así como miembro de la junta directiva del Fondo Nacional
de Salud y Bienestar Social nombrado por el gobierno. [11]
En las filas de AP, los carlistas enfrentaban a los
«termocéfalos», la facción liderada por el doctrinario Edgardo
Seoane, un ardiente defensor de la rectitud
administrativa y partidario de la ideología nacionalista y
reformista original de AP.
El debilitamiento y la posición políticamente dependiente
de Belaúnde estorbaron la toma de medidas vigorosas
para contener y repeler la corrupción [p.388]
cada vez más evidente entre funcionarios y militares.
Según un analista político extranjero, «los líderes de AP
creen que el patronazgo es una recompensa natural del
control político». [12] Tradicionalmente, esta red de «amiguismo»
había anidado en el ejecutivo, fuertemente concentrado en
Lima a pesar de los intentos de descentralización. Dicha
burocracia ejercía un tipo particular de democracia
elitista, tutelar o guiada, que generaba excesos
burocráticos e ineficiencia. [13] El gobierno de Belaúnde
no fue la excepción a la regla, pero sí trajo consigo
manifestaciones específicas.
[Gobierno de Belaúnde con escándalo de construcciones:
corrupción en proyectos de construcción - consorcio
italiano ofrece un 15% más barato, pero construye un
140% más caro - el ministro de Obras Públicas es
expulsado de la AP en 1967]
Los primeros indicios de gestiones impropias de la
administración Belaúnde incluyeron el favoritismo y
el tráfico de influencias en los contratos del
gobierno. Uno de estos casos implicó al ministro
de Fomento y Obras Públicas y a otros
importantes funcionarios influidos por un consorcio
italiano decidido a conseguir un contrato de
obras públicas. A comienzos de 1966 el gobierno había
cancelado, con el raro respaldo parlamentario de la
coalición APRA-UNO, un contrato previo con una empresa
angloalemana para un proyecto de desarrollo en la
cuenca del Mantaro en el departamento de Huancavelica.
El contrato se otorgó, entonces, a un contratista italiano
que había presentado una propuesta económica un 15
por ciento más baja. Sin embargo, el nuevo
contratista tomó más tiempo en terminar el proyecto y el
costo subió a 237 millones de dólares, casi 140 por
ciento más de lo originalmente presupuestado.
Cuando el ministro cesó su cargo retuvo, sin embargo, su
escaño de senador pero se le expulsó de AP en 1967 por
«desviarse de la línea partidaria», en evidente referencia
a su comportamiento como ministro. [14]
[Escándalos de construcción son normales en los países
católicos para cobrar más salarios a través de períodos de
construcción más largos, o se usa concreto inferior, que
luego se desmorona después de 10 años ya, etc.].
[Gobierno de Belaunde con escándalo en electrificación:
Mafia del desarrollo fong FNDE con la empresa francesa
Socimpex: 10 millones de intereses inventados - el jefe
de la empresa quiere darle a Vargas Haya un viaje a
París - indicado - comisión de investigación 1963-1965]
Otra temprana indicación de mala administración fue
proporcionada por una comisión investigadora
parlamentaria integrada por el joven diputado
Vargas Haya en los años 1963-1965. La investigación se
centró en los tratos realizados por el Fondo Nacional de
Desarrollo Económico (FNDE) y Socimpex, una compañía
francoperuana encargada de financiar proyectos de
electrificación. Con la complicidad de los
funcionarios del FNDE, Socimpex había cobrado
excesivamente por concepto de intereses más de 10
millones de [p.389] dólares al gobierno
peruano. Un abogado peruano y representante de la compañía
financiera intentó comprar el favor de Vargas Haya
ofreciéndole un viaje pagado para que «visite» la sede en
París de Schneider Electric, el proveedor
principal de la Socimpex y así «mejorar» la investigación.
Vargas Haya inmediatamente presentó cargos contra el
frustrado sobornador.
Al conocerse los severos informes de la comisión
parlamentaria, se procedió a la cancelación del
contrato con Socimpex y al rembolso del monto
cobrado de más. Varios funcionarios y empresarios fueron
procesados, pero pronto se abandonó el caso
judicial sin imponer sanciones efectivas. [15]
[Gobierno de Belaunde: contrabando en buques de guerra]
Del mismo modo, el descubrimiento de una gran
cantidad de contrabando transportado por
barcos de la marina peruana entre 1962 y 1965 fue acallado
con el despido de varios oficiales subalternos. Estos
incidentes aparentemente aislados solo generaron una
publicidad marginal, aun cuando eran las primeras
manifestaciones de una creciente corruptela en las esferas
más altas del gobierno y las instituciones militares, un
escándalo listo para estallar bajo las condiciones
políticas y económicas apropiadas.
[Gobierno de Belaunde: pretende ser incorruptible -
pero después de 3 años hay grandes problemas financieros
debido a la mala gestión + costos excesivos del proyecto
- APRA criminal + Odristas bloquean la reforma fiscal -
"EUA" + GB donan nada más - inflación + devaluación del
Sol en noviembre de 1967 - el contrabando torpedea los
ingresos fiscales]
Según informes bien documentados y perceptivos, el
gobierno de Belaúnde fue inicialmente considerado uno de
los más limpios en la historia del país. Esta era la
opinión común de los «peruanos, muchos de los cuales
tienden a ser cínicamente tolerantes de la difundida
corrupción que tradicionalmente ha permeado al gobierno
peruano de arriba abajo». [16] La popularidad inicial de
Belaúnde debía bastante a la imagen proyectada de un
presidente incorruptible, que exigía cabal integridad a
sus ministros y funcionarios. Sin embargo, después
de los tres primeros años de su régimen, la situación
fiscal mostraba alarmantes señales de un mal manejo
debido a gastos públicos excesivos sin un incremento
correspondiente en los ingresos fiscales. La
reforma tributaria prometida para incrementar los
impuestos directos y disminuir la dependencia de los
indirectos, así como la urgente creación de gravámenes
indirectos más efectivos, fue combatida eficazmente
por la coalición APRA -UNO en el Congreso. La
asistencia y los préstamos extranjeros fueron limitados e,
incluso, paralizados debido a la intensificada disputa con
la IPC y la compra de los aviones mirage. Los altos
déficits fiscales fueron cubiertos mediante la expansión
monetaria, lo cual llevó a [p.390] la inflación y la
devaluación del sol peruano en noviembre de 1967. [17]
Entonces el prestigio del gobierno de Belaúnde se derrumbó
precipitadamente. A comienzos de 1968 aumentaron los
rumores que indicaban que el Estado no cobraba rentas
sumamente necesarias por culpa del extenso
contrabando asistido por funcionarios del gobierno.
Estos rumores capturaron la atención del público.
El escándalo del contrabando [Gobierno de Belaunde en diciembre de 1967: Red de
contrabando con aviones aterrizando en la carretera
Panamericana entre Ica y Nasca - industria textil
peruana sufre pérdidas - los criminales = funcionarios +
empresarios + policía aduanera - Más de 500 páginas de
material]
En febrero de 1968, los diarios de Lima lucían primeras
planas con la historia del sensacional aterrizaje
clandestino de un cuatrimotor perteneciente a la línea
aérea peruana de carga Rutas Internacionales
Peruanas S. A. (Ripsa). La prensa reportó que
en diciembre de 1967 el avión fue visto
desembarcando su cargamento en una pista clandestina en el
desierto cerca de la carretera Panamericana, a 260
kilómetros al sur de Lima [en la región entre
Ica y Nasca la pista está recta por 5km]. Este era apenas
uno de muchos aterrizajes ilegales detectados. [18]
La información sobre las actividades irregulares de Ripsa
aparentemente le fue proporcionada al diario El Comercio
por intereses textiles locales que estaban
sufriendo pérdidas debido al creciente contrabando. [19]
Poco después se denunciaron varios otros casos en la
prensa y en el Congreso. Estos escándalos de contrabando
dañaron la imagen del gobierno belaundista y de las
fuerzas armadas. Una comisión multipartidaria del
Congreso, encabezada por el diputado aprista
Vargas Haya, fue formada para investigar el
contrabando que implicaba a funcionarios del gobierno,
a empresarios civiles y a la policía aduanera.
Además de los reveladores informes de la policía fiscal,
la comisión pronto recibió más de quinientas
páginas de acusaciones y quejas hechas por
[p.391] ciudadanos particulares e informantes anónimos.
[20] La escala de las redes de contrabando con protección
oficial era más grande y seria de lo que se había
sospechado.
[Gobierno de Belaunde: Se expone el contrabando
sistemático en buques de guerra - por ejemplo, en el
buque "BAP Callao" y un Texeira en la cárcel]
El escándalo de contrabando se intensificó cuando el senador
Cornejo Chávez se refirió a un informe oficial
de julio de 1965, [21] citado ya antes por el diario
aprista La Tribuna en 1966. Dicho documento revelaba que varios
exoficiales de la marina habían participado en un
extenso contrabando a bordo de naves de la Armada
Peruana. Las observaciones hechas por Cornejo
Chávez hicieron que el vicealmirante Raúl Delgado,
ministro de Marina, se presentara ante el Senado,
admitiera el problema del contrabando en su armada y
prometiera llevar ante una corte marcial a los
responsables de la mercadería ilegal encontrada en la
carga del [nave de guerra] "BAP Callao" en
1965.
En ese año, un reacomodo inesperado del gabinete privó al
almirante Florencio Texeira de la cartera
de Marina. Desde que fuera nombrado ministro de Marina en
1963, Texeira había firmado contratos con empresas
privadas con el fin de arrendar el [buque de guerra]
"Callao" y usarlo para importar mercancía de contrabando.
La nave, comandada por personal de la marina, realizó varios
de estos viajes irregulares mientras el
ministro Texeira pudo proteger las importaciones de
contrabando. Sin embargo, en septiembre de 1965, el
"Callao" fue puesto bajo estricta vigilancia al asumir el
cargo un nuevo ministro. En los almacenes del
puerto se localizó mercadería de contrabando no
reclamada, valorizada en 10,9 millones de soles
y con un costo adicional de 44 millones de soles por
evasión de impuestos a la importación. La mencionada
mercancía estaba destinada a los bazares de la
marina, el ejército y la fuerza aérea. Con
suficiente documentación en mano, la comisión
parlamentaria encontró que Texeira era directamente
responsable de este caso de contrabando.
Otro caso similar, que involucró al [barco naval] "BAP
Chimbote" en 1964, también fue investigado por
la comisión parlamentaria. Aquí se halló evidencias
adecuadas [p.392] para acusar a un exministro de Gobierno
y a un director general de la Guardia Republicana, quien
posteriormente fuera juzgado en un tribunal militar y
hallado culpable del cargo menor de fraude. Texeira fue
acusado formalmente, encontrado culpable y cumplió su pena
en prisión, a pesar de los intentos de
altos mandos de la marina para desestimar el caso.
[22] Esta fue una sanción sin precedentes en la
larga historia de inmunidad de facto de que gozaban los
funcionarios civiles y militares.
[Gobierno de Belaunde: un congresista "Napoleón" saca
de contrabando 9 o 12 Mercedes de Alemania - y más casos
de contrabando]
El asunto del contrabando y las investigaciones
relacionadas se abrieron en diversas direcciones entre
marzo y mayo de 1968. El diputado Napoleón Martínez
tuvo que defenderse de las evidencias que, presentadas en
un informe oficial, indicaban que él había abusado
de sus privilegios diplomáticos y exenciones de
impuestos. Martínez había convenido con el
empresario privado Sigmund Markewitz para
importar autos Mercedes Benz adquiridos en el extranjero
con descuento y sin pagar impuestos con el fin de
venderlos luego en el Perú con una enorme ganancia. En su
defensa, el diputado afirmó que solamente había importado
nueve y no doce autos a su nombre, que había muchos
otros casos similares y que un país extranjero
conspiraba en su contra, acusación que un observador
calificó como ejemplo clásico del dicho de que el
«patriotismo es el último refugio de los canallas». [23]
Eventualmente, Martínez fue privado de su inmunidad
parlamentaria, procesado y encontrado culpable en 1969.
[24]
[Gobierno de Belaunde: Cargos contra aduanas con tío de
Belaunde: Quiñones Muñoz soborna a la policía - aduanas
pueden contrabandear - Carlos Muñoz es expulsado de la
AP etc. - PIP sobornado - aduanas aeroportuarias con
Víctor Guillén: importaciones están infravaloradas +
dinero de soborno distribuido]
El escándalo ampliamente publicitado de Ripsa
impactó de lleno en el círculo más íntimo del presidente
Belaúnde. La comisión parlamentaria presentó cargos
contra los ejecutivos de Consorcio Aduanero,
una compañía de agentes de aduanas administrada por José
Carlos Quiñones Muñoz y dirigida por su tío
Carlos Muñoz, el conspicuo asesor carlista de
Belaúnde. Quiñones había sobornado a oficiales de
la Policía de Investigaciones (PIP) para
asegurar el despacho de la mercadería de contrabando en la
aduana y el cobro de coimas [p.393] por Muñoz. [25] Este
último cayó en desgracia al ser suspendido de sus vínculos
con AP. Varios otros parientes del presidente, exministros
y miembros de AP también resultaron investigados. Entre
ellos se encontraba el secretario de la presidencia
y un exministro de Hacienda. [26]
Víctor Guillén, militante de AP, había sido
colocado como perito de aduanas en el aeropuerto
internacional Jorge Chávez. Gracias al abuso de dicho
puesto y al ingreso que ello le producía, Guillén pronto
adquirió casas, edificios comerciales e, incluso, acciones
en la compañía de agentes de aduana de Muñoz. Guillén
ayudó a Quiñones a conseguir tasaciones tributarias
extremadamente bajas mediante la declaración de importaciones
subvaluadas, negociadas por varias compañías
(Continental Motors, Nadir, Hiltra y Globoimport)
vinculadas a un grupo de empresarios implicados en otros
casos de contrabando. Guillén confesó a la policía sus
negocios con Quiñones y la forma en que se repartían
los sobornos: 30 por ciento iba al superintendente
general de aduanas, José Chaparro Melgar; 20 por
ciento el jefe de aduanas del aeropuerto; 20 por
ciento a Guillén; y 30 por ciento a otros funcionarios
de aduanas. [27]
Por otro lado, las revelaciones del caso Ripsa llevaron al
despido de Javier Campos Montoya, un alto director
de la PIP, a quien se le acusó de proteger el
contrabando. En respuesta a un artículo de la revista
Caretas acerca de su opulento estilo de vida, Campos
reveló a la prensa que, en 1958, había ganado dos veces la
lotería y que había tenido suerte apostando en las
carreras de caballos. [28] Campos, Chaparro y otros
fueron acusados formalmente y llevados a los tribunales
por cohecho y abuso de sus cargos.
La policía fiscal, por su parte, presentó a los
investigadores parlamentarios evidencias detalladas de una
red de contrabando que comprendía a la mayoría de los
funcionarios de las aduanas postales de Lima, en colusión
con empresarios locales para subvaluar diversas
importaciones, falsificar documentos y evadir impuestos.
Los acusados incluían a veinte empleados de la aduana
postal, entre los cuales se encontraba el administrador en
jefe Luis Porras Tizón y el tesorero Alberto Núñez Alarco,
así como una gama asombrosa de propietarios y gerentes
[p.394] de negocios muy conocidos como Chicolandia, Hogar
S. A., Otecsa y Casa
Fernández Hermanos, entre muchos otros. [29] Además de los
empleados de la aduana postal de Lima, docenas más fueron
despedidos de sus puestos como funcionarios de aduana en
el puerto del Callao y en el aeropuerto internacional.
[30] Aparentemente, casi la totalidad de la Administración
de Aduanas estaba afectada.
[Marzo de 1968: Contrabando expuesto: sustancias
valiosas son declaradas como material de paracaídas -
los militares defienden el contrabando]
En marzo de 1968, La Prensa reportó que veintinueve
paquetes importados, cuyo contenido estaba etiquetado como
telas de paracaídas y tenía como destino el
alto mando del ejército, contenían en realidad ricas
telas para ropa de mujer. El ministro de
Gobierno, vicealmirante Luis Ponce, afirmó
que reportes falsos de la prensa como este le hacían daño
al país. Ponce también le comentó a un funcionario de la
embajada de Estados Unidos que, a su juicio, el escándalo
del contrabando estaba siendo manipulado por el APRA para
desacreditar al gobierno y a las fuerzas armadas. [31]
En esta crucial coyuntura, Belaúnde nombró al general
Francisco Morales-Bermúdez Cerruti como
ministro de Hacienda, no solo para ocuparse de la crisis
fiscal sino también para manejar la investigación del
ejecutivo sobre las aduanas y el contrabando. Con el fin
de desalentar futuras investigaciones sobre la
participación del ejército en los escándalos de
contrabando, el ministro de Guerra Julio Doig
celebró una conferencia de prensa en presencia del
comandante general del ejército, el general Juan
Velasco Alvarado, y el jefe de Estado Mayor Roberto
Dianderas, en la que afirmó que el ejército no
estaba involucrado en el contrabando de los «paracaídas».
Doig también sostuvo que las maniobras de la extrema
izquierda buscaban vincular a las fuerzas armadas con el
contrabando para desacreditarlas ante la opinión pública.
[32] [p.395]
[Contrabando: Correspondencia Perú-Panamá
Dic.1965-En.1968 editado por Trajtman + Kardonsky: altos
oficiales militares y la red de contrabando están
expuestos - siempre buenos "regalos": dinero o
lavadoras, etc. - militares+policías salen como
negociantes]
Inesperadamente, el general Morales-Bermúdez proporcionó
una asistencia importante a la comisión parlamentaria. Los
investigadores de la policía fiscal habían incautado la
correspondencia de Novelty Supply, una
compañía de importación, y su asociada panameña, Peikard
S. A., de la cuales se sospechaba que se
dedicaban a un extenso contrabando. Morales-Bermúdez
entregó la correspondencia incriminadora a la comisión
parlamentaria. [33] Para asombro del general y de la
comisión, estas cartas escritas entre diciembre de
1965 y enero de 1968 suministraron cuantiosas
evidencias de operaciones empresariales ilegales e
implicaron a altos oficiales militares en
el encubrimiento y facilitación del contrabando a cambio
de favores y sobornos. Los principales
autores, los empresarios José Trajtman y Sam
Kardonsky, revelaron sus elaboradas
estrategias para asegurar la protección y la colusión de
oficiales militares y policiales, mediante una red de
contactos personales e intermediarios con información
interna privilegiada. Dichas cartas discutían la
conveniencia de otorgar «comisiones» o sobornos a uno u
otro funcionario. Estos últimos competían entre sí por los
sobornos, se quejaban de su monto insuficiente y aceptaban
«regalos» de máquinas de lavar u otros aparatos
eléctricos importados. [34]
El centro de estas operaciones de contrabando lo
constituían las mercancías importadas destinadas a los
bazares de las fuerzas armadas y policiales. A todas estas
instituciones se les había concedido el privilegio de
importar cierta cantidad de mercadería exenta de
impuestos para uso exclusivo del personal militar y
policial. Sin embargo, estos bazares solamente
tenían una línea de crédito limitada y garantizada por el
gobierno central. No obstante, diversas compañías, como
Novelty Supply, ofrecían, amplio crédito privado, hecho
que mejoraba considerablemente la capacidad de importación
de los bazares. A su vez, estas compañías privadas
obtenían de los gerentes, ministros y generales
supervisores de los bazares, una gran cantidad de
mercadería exenta de impuestos para su venta a los
civiles. Esta operación arrojaba grandes
utilidades a dichas empresas a cambio de sobornos para
todos los oficiales involucrados. [35]
[Gobierno de Belaunde: Los ministerios absuelven a
todos los contrabandistas debido a la falta de pruebas -
operaciones sistemáticas de contrabando - El libro de
Haya "Contrabando" estima el valor del contrabando en
117 millones de soles - 59 mil millones de soles de
impuestos faltantes]
Entre los oficiales de alto rango implicados en esta trama
de contrabando figuraban el vicealmirante Ponce
(futuro ministro del Gobierno), el general [p.396] Ítalo
Arbulú (exjefe del Comando Conjunto de las
fuerzas armadas), otro general, tres coroneles y dos
tenientes coroneles. En lugar de hacer públicos estos
nombres, la comisión parlamentaria remitió la lista del
personal militar y policial mencionado en las cartas a los
ministerios respectivos para una investigación interna.
Las autoridades de los ministerios desecharon los cargos y
declararon a los sospechosos «inocentes». Un
informe del inspector general del ejército, recibido por
el general Velasco Alvarado y convalidado
con su firma antes de remitirse a los comisionados
parlamentarios, exoneraba a todos los oficiales implicados
por las cartas debido supuestamente a la
insuficiencia de pruebas. [36]
Gracias a la investigación realizada por la comisión del
Congreso en 1968, más de trescientas personas,
entre las cuales se encontraban funcionarios del gobierno
y empresarios privados, fueron procesadas en los
tribunales civiles peruanos luego de la abrupta suspensión
de las actividades de la comisión, en octubre de dicho
año. [37] La mayoría de los oficiales
militares acusados fueron procesados en tribunales
militares y gran parte de ellos fue absuelta.
Según una fuente diplomática estadounidense, el escándalo
había sacudido la confianza del público en Belaúnde y
manchado el prestigio de las fuerzas armadas, causando así
una gran tensión dentro de estas. Ello tendría gran
importancia para la política nacional: «No cabe duda de
que para fines de 1967, el contrabando de artículos
de lujo y otros bienes al Perú se había vuelto un
negocio masivo y bien organizado, que operaba
evidentemente con el conocimiento y la complicidad de
altos funcionarios civiles y militares del gobierno
peruano». [38]
En su libro de 1976 titulado "Contrabando", Vargas
Haya realizó cálculos estimados del costo
total del contrabando y de las rentas tributarias no
recaudadas en el periodo 1963-1967. Al valor declarado de
las importaciones imponibles (47.000 millones de soles),
Vargas Haya le sumó el valor estimado de las importaciones
de contrabando y subvaluaciones (70.000 millones de
soles), lo [p.397] que dio un monto total de 117.000
millones de soles. Al aplicar una tasa
tributaria promedio de 70 por ciento, la renta tributaria
total por importaciones debió haber sumado alrededor de
82.000 millones de soles (16,4 mil millones de soles al
año). Dado que la renta tributaria efectivamente recaudada
por importación totalizaba solo 23 mil millones de soles,
la renta sin recaudar se calculaba, así, en 59.000
millones de soles (un promedio de 11,8 mil
millones de soles o 440 millones de dólares al año). [39]
Si el gobierno hubiese recaudado siquiera la tercera parte
de este ingreso perdido por la corrupta evasión, el
déficit comercial anual medio de 3.000 millones de
soles podría haberse eliminado por completo.
Los cálculos de Vargas Haya toman como base inicial
promedio unas altas tasas de tributación y evasión. Este
mismo autor preparó, sin embargo, distintos cálculos
estimados. De este modo, tan solo para 1967 calculó que
aproximadamente el 68 por ciento de los impuestos
por aduanas quedó sin cobrar debido al contrabando, la
subvaluación y las exenciones. Adicionalmente,
a partir de datos obtenidos en el transcurso de las
investigaciones parlamentarias, Vargas Haya estimó tasas
de evasión tributaria de 45 por ciento en las
importaciones de 1966, 32 por ciento en las de 1965, 24
por ciento en las de 1964 y 18 por ciento en las de 1963,
con lo que resultaba un promedio de 37 por ciento al año
entre 1963 y 1967. [40] Sobre la base de una tasa
tributaria media más realista de 50 por ciento y una tasa
de evasión de 37 por ciento, la renta tributaria no
recaudada debido al contrabando y la evasión habrían
sumado 14.000 millones de soles (un promedio anual de
2.800 millones de soles o 104 millones de dólares), casi
lo suficiente como para cubrir el déficit comercial anual
medio durante el periodo. En consecuencia, revisando
dichos estimados, el costo de las actividades de
contrabando facilitadas por la corrupción durante el
régimen de Belaúnde equivalió a aproximadamente el 14
o 15 por ciento de los ingresos del gobierno nacional
en el periodo 1963-1967. [41]
[La década de 1960 fue la época del "milagro económico",
pero los católicos criminales de la clase alta del Perú no
realizaron este "milagro" debido a su adicción al crimen y
al contrabando. De esta manera por contrabando criminal el
Rey de España ya tenía que abandonar la mina de mercurio
de Huancavelica...].
[Abril de 1968: Escándalo de contrabando: los nombres
aún se mantienen en secreto - llamadas telefónicas
amenazantes anónimas - maniobras militares y presión
contra el APRA y la Comisión de Investigación]
Para abril de 1968, la presión política ejercida sobre los
integrantes de la comisión investigadora parlamentaria era
enorme. Aumentaban también los rumores referentes a que
las personas de alto rango implicadas en el escándalo
[p.398] de contrabando incluían a parientes
cercanos de Belaúnde, a los más importantes oficiales
militares y a dirigentes parlamentarios de
diversos partidos. [42] Los miembros de la comisión
investigadora y sus familias fueron amenazados con
llamadas telefónicas anónimas y sufrieron enojosas
investigaciones por parte de ciertas autoridades. [El
diario] El Comercio clamaba por el pronto anuncio
del nombre de las personalidades prominentes
involucradas en el escándalo. [43] Las
autoridades militares incrementaron la presión, en
particular contra el demócrata-cristiano Rafael Cubas
Vinatea, un prominente miembro de la comisión
investigadora.
En este momento tan crucial, el general Doig
anunció en un impactante comunicado de prensa que el alto
mando militar abandonaría su tradicional veto a la
candidatura presidencial de Haya de la Torre. Este hecho
desató la especulación en torno a que venía cocinándose un
compromiso entre los militares y el APRA para detener
la investigación sobre el contrabando y evitar la
revelación de los nombres de los militares implicados.
Vargas Haya negó la existencia de semejante trato y afirmó
que la investigación parlamentaria continuaría sin dejarse
intimidar. [44] Sin embargo, como miembro disciplinado del
APRA, muchas de las decisiones políticas quedaban más allá
de su control, puesto que eran tomadas directamente por
Haya de la Torre y Armando Villanueva del Campo, el
secretario general del partido. El PDC y Cornejo Chávez en
el Senado advirtieron a los investigadores parlamentarios
que se les estaba poniendo de lado a favor de un pacto
político para demoler la investigación acerca del
contrabando. En consecuencia, Cubas Vinatea renunció a la
comisión investigadora. [45] Parecía también que al APRA
se le iba presionando a retroceder en medio de una
creciente preocupación sobre un posible golpe
militar. Hacia mediados de mayo, la
investigación del contrabando parecía haber disminuido
considerablemente y era muy improbable que se tomaran
mayores medidas contra los funcionarios implicados en el
asunto. [46]
[Mayo de 1968: El ministro de Hacienda Morales-Bermúdez
renuncia - no puede reestructurar las finanzas del
estado debido a las pérdidas de contrabando - todos los
partidos se luchan - nuevo ministro de Hacienda Ulloa -
APRA se vuelve aceptable + Haya espera la victoria
electoral en 1969]
El escándalo del contrabando agravó la crisis política del
régimen y de los partidos y facciones que lo apoyaban. El
ministro de Hacienda Morales-Bermúdez
renunció en mayo, afirmando que «consideraciones políticas
[p.399] partidarias» habían retrasado peligrosamente la
solución a la crisis fiscal y económica. En el Congreso,
el APRA se había opuesto a un incremento del impuesto a la
gasolina, una parte crucial del programa de recuperación
fiscal de Morales- Bermúdez. Los jefes militares también
le habían retirado calladamente el apoyo a este ministro
por el papel que desempeñó en la investigación del
contrabando. [47]
Los divididos demócrata-cristianos rompieron su alianza
con AP por cuestiones de principios políticos. Hasta la
coalición APRA-UNO se desintegró. Por último, AP se
dividió luego de un choque en torno a la cuestión de la
IPC [campos de petroleo]; por un lado quedó la facción
termocéfala, encabezada por Seoane, y por otro la mayoría
pro gobiernista. Sin embargo, Belaúnde había encontrado un
valioso apoyo político en el «carlista» Ulloa,
nombrado ministro de Hacienda y primer ministro para
negociar un acuerdo temporal con el APRA para la
resolución de algunos de los problemas fiscales.
En estas condiciones políticas extremadamente críticas,
era interés del APRA apuntalar a Belaúnde hasta las
elecciones presidenciales de 1969, que ellos creían le
darían a Haya la victoria largamente esperada. [48]
[Belaunde 1968: No hay condenas contra las plagas de
los contrabandistas - acuerdo con la compañía petrolera
IPC]
El escándalo del contrabando amainó, pero dejó tras de sí
una profunda insatisfacción y una falta de confianza en el
régimen. El gobierno de Belaúnde había esperado poner fin
a las humillaciones políticas que iba sufriendo enterrando
este asunto. [49] Sin embargo, pronto se reavivó y estalló
otro gravísimo escándalo relacionado esta vez con el
petróleo y la IPC. Los ejecutivos de esta
compañía se aproximaron al presidente para manifestarle su
deseo de alcanzar un acuerdo final sobre el problema de La
Brea y Pariñas. Las intransigencias previas fueron
negociadas rápidamente para así conseguir unos puntos
políticos sumamente necesarios para Belaúnde. Parecía como
si esta antigua cuestión, dilatada fundamentalmente por la
corrupción de gobiernos anteriores, estuviera a punto de
ser resuelta. [p.400]
Un contrato sancionaría la entrega de los derechos de
superficie y subsuelo de La Brea y Pariñas al Estado
peruano. El documento fue firmado apresuradamente por
Fernando Espinosa, gerente general de la IPC, y Carlos
Loret de Mola por la Empresa Petrolera Fiscal (EPF). Sin
embargo, semanas más tarde, Loret de Mola desató, durante
una emisión televisiva, la que habría de ser la crisis
final del acosado gobierno de Belaúnde. El presidente de
la EPF informó que faltaba una página del contrato
original, la infame página once, en la cual él
había firmado y estipulado de su puño y letra la base
para el precio del petróleo que la EPF le
vendería a la IPC para su refinamiento.
Algunos han dudado de que dicha página alguna vez
existiera o contemplan la posibilidad de una pérdida
accidental. Otros responsabilizan a las motivaciones
políticas de Loret de Mola, así como a su ambición,
irresponsabilidad o ingenuidad. [50] Una cosa era cierta:
los escándalos de corrupción todavía recientes y la
desconfianza que estos generaron pesaron fuertemente sobre
la percepción negativa del público en torno al contrato
con la IPC. [51] El escándalo de la «desaparición»
de la página once y las acusaciones de una
abyecta capitulación o «entreguismo» a la IPC era, según
lo indican todas las evidencias, parte de una campaña
política que acusaba al régimen de Belaúnde de traidora
corrupción. La imputación era infundada en sus detalles,
pero logró tener inmensas repercusiones. Un grupo de
conspiradores militares aprovechó el escándalo para
justificar públicamente y llevar a cabo un golpe de Estado
que trajo consigo cambios drásticos en la conformación
política, social y económica del país y sus instituciones.
«Revolución» militar
[Reformas bajo la dictadura de Velasco 1968-1975
La dictadura de Velasco se aprovecha de los errores del
gobierno de Belaunde y nacionaliza las grandes empresas,
todas las empresas reciben nuevos nombres, muchas con el
nombre "Perú", ahora están bajo control estatal, él lleva
a cabo una reforma agraria y una reforma agraria que
deberían haberse realizado hace 200 años ya, introducen el
ketschua como idioma igualitario junto al español, reducen
los medios de comunicación a un solo periódico y a canales
de televisión y emisoras de radio progubernamentales, y
prohíben a los extranjeros dirigir medios de comunicación
en Perú para que los capitalistas se callen la boca. Una
de las faltas
grandes de Velasco fue que no ha visto que falta la
educación de los analfabetas de los Andes ANTES de la
reforma de territorios - eso fue procesado más tarde a
partir de 1975. Fue sólo la crisis agraria interna la
que impulsó el establecimiento del sistema escolar en
todo el país.
Video: Velasco y la dictadura
militar en el Perú - Clase didáctica
- USMPTV (17'22'')
https://www.youtube.com/watch?v=cjYxZDFfgx0
- canal de YouTube: Archivos
Educativos - instalado
3-1-2021
Dice la Wikipedia del Mosad:
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Velasco_Alvarado
Obras
principales
Nacionalizó la Banca Nacional desde el inicio de su
gobierno, cuando el 31 de diciembre de 1968 se dio el
decreto ley 17330 dispuso que el 75% del accionariado
debía estar en manos de peruanos.
Nacionalizó algunos de los recursos mineros del
país: expropió los yacimientos petrolíferos de Talara
(de la IPC), así como las explotaciones e
instalaciones de Cerro de Pasco Corporation y
Marcona Mining. Surgieron diversas empresas estatales:
PETROPERÚ (Petróleos del Perú), CENTROMIN PERÚ
(encargada de la actividad minera metalúrgica de la
zona central del Perú), HIERRO PERÚ (para Marcona) y
SIDER PERÚ (para la siderúrgica de Chimbote).
Por decreto ley 17716 dada el 29 de junio de 1969,
se dispuso una reforma
agraria en todo el país con el objetivo de poner
fin a la oligarquía terrateniente.
Afectó a los latifundios de la sierra, pero también a
los complejos agroindustriales de la costa, en las que
se crearon Cooperativas Agrarias de Producción (CAPS),
sin estar debidamente capacitadas para administrarlas.
Ello condujo al colapso de la industria azucarera,
hasta entonces uno de los pilares de la economía
peruana.[cita requerida]
Estatizó la industria pesquera y creó el Ministerio
de Pesquería. La pesquería se orientó hacia el consumo
humano. Con ello se mejoró la alimentación de la
población, puesto que por ejemplo el pescado de mar
que nunca había llegado fresco a los andes peruanos,
llegaba ahora en carros refrigerados de la empresa
pesquera estatal. Pero de otro lado, se inició el
colapso de la industria pesquera (harina y aceite de
pescado), hasta entonces la primera del planeta.[cita requerida]
[por sobrepesca]
Para distribuir los alimentos producidos por las
cooperativas agrarias creadas por la revolución, se
creó el Ministerio de Alimentación, que gestionó
convenios para importar alimentos para el país.
La reforma del sector industrial se hizo por medio
de la Ley General de Industrias, que creó la Comunidad
Industrial. Esta involucraba a todos los trabajadores
de una empresa, los cuales en teoría debían participar
en las utilidades, en la gestión y la administración
de la misma.
Impuso un control directo del Estado sobre las
telecomunicaciones. La Compañía Peruana de Teléfonos
fue expropiada y el Estado asumió una participación
mayoritaria en la Radio y la Televisión, inicialmente
en un 51% del accionarado; posteriormente abarcó el
100%.
Creó las Empresas de Propiedad Social, nuevo modelo
empresarial, con base en la autogestión del yugoslavo
Josip Broz Tito, donde la base del capital era el
trabajo. Su puntal financiero era el Fondo Nacional de
Propiedad Social FONAPS.
Igualó los derechos de los hijos legítimos y
naturales ante la ley.
Impuso fuertes restricciones a la libertad de prensa,
confiscando todos los diarios de la capital, en la
medianoche del 27 de julio de 1974. También se
confiscaron diarios en provincias.
Las Fuerzas Armadas fueron equipadas con moderno
armamento adquirido de la Unión Soviética,
convirtiéndose en una de las mejores de América Latina. El Servicio
de Inteligencia Nacional (SIN) mantuvo
relaciones de cooperación, colaboración e intercambio
de información con el KGB.8
Con el fin de movilizar organizadamente a la
población y controlar las movilizaciones sociales,
creó en 1972 el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización
Social (SINAMOS), que pronto actuó como una
entidad política al servicio del gobierno
revolucionario, odiada y temida. Pasaron a formar
parte del SINAMOS algunos intelectuales progresistas y
cuadros de izquierda, es el caso del exguerrillero del
ELN, Héctor Béjar, quien fue nombrado director del
área juvenil del SINAMOS. Otros directivos del SINAMOS
fueron Carlos Delgado (exaprista), Carlos Franco, Hugo
Neira, Jaime Llosa, etc.
En el ámbito internacional, el gobierno de las
Fuerzas Armadas promovió una política de no
alineación, bajo el lema "ni con el capitalismo ni con el comunismo". En los hechos, la
ruptura con los Estados Unidos implicó
alianzas con el llamado bloque
socialista.
En 1972, decretó una reforma educativa que previó
entre otros una educación
bilingüe [con ketchua] para los peruanos, sobre
todo usuarios de lenguas nativas, que componían casi
la mitad de la población.
En 1973 se dio el Reglamento de Educación Bilingüe9
y, el 27 de mayo de 1975, por Decreto Ley 21156", el
cual reconoció al quechua, al igual, que
el español, como lengua
oficial de la República.10
Se aprobó el Alfabeto básico general del Quechua por
R.M. N.º 4023 del 16 de octubre de 1975.11
En 1976, ya durante el gobierno de Morales Bermúdez,
se editaron seis gramáticas y sus respectivos
diccionarios para los diversos dialectos del quechua.
Realizó un conjunto de obras en beneficio de su
tierra natal: la restitución al departamento de Piura
de terrenos que se hallaban incluidos sin aparente
razón en el de Lambayeque;
el proyecto Chira-Piura; la construcción de una planta
de fertilizantes en Talara; el complejo pesquero de Paita; la modernización de la
refinería de petróleo de Talara; la creación del
comité ejecutivo del complejo Bayóvar; y la construcción de
una planta de solventes para producir alcohol
isopropílico y acetona en Talara.12
Los militares y sus allegados coparon puestos de
dirección y niveles de administración pública.
Y sobre el fracaso:
"Las grandes reformas emprendidas con el propósito de
cambiar la fisonomía del país fueron relativamente
ineficaces, a pesar de cierta mejora del nivel de vida de
las clases trabajadoras y del desarrollo industrial. La
pesca y la agricultura son fracasos especialmente
evidentes. PescaPerú sobreexplotó la anchoa, que se
utiliza principalmente para la producción de harina de
pescado y es un elemento clave en el ecosistema marino
peruano. La producción alcanzó niveles récord en los
primeros años, pero ello, unido a los efectos del fenómeno
de El Niño de 1972, provocó
un fuerte descenso de las capturas, hasta el punto de que
se tardó más de una década en recuperar un nivel de
actividad adecuado. La deuda estatal y la política inflacionista
obligaron a devaluar la moneda. Además, la reforma
agraria, ambiciosa pero mal llevada, dio lugar a la
creación de miles de explotaciones sin capital, lo que
perturbó la producción agrícola. Además, los canales de
distribución eran objeto de sabotaje, especulación y
contrabando, lo que provocaba periódicamente escasez y
racionamiento. 13
"
El golpe tiene como objetivo restaurar la "dignidad" de
los católicos criminales en el Perú:
[Perú 3-10-1968: Golpe militar - destrucción de
documentos - Vargas Haya es expulsado del Congreso -
elecciones de 1969 y victoria electoral del APRA están
bloqueadas - General Velasco destruye el libro
"Contrabando" 1970 - en 1976 se puede venderlo]
Mientras los tanques cercaban el palacio presidencial en
el inicio del golpe para deponer a Belaúnde el 3 de
octubre de 1968, un destacamento militar
especial ocupó el Congreso. Unos cuantos días más tarde las
tropas del ejército confiscaron y saquearon las
oficinas y la documentación de la comisión
[p.401] parlamentaria de investigación del contrabando.
[52] Este hecho tuvo un impacto demoledor sobre el
diputado Vargas Haya, quien fue privado de
su escaño y del acceso a las evidencias documentales con
las cuales finalizar su investigación. Su partido, el
APRA, se vio asimismo negado de una victoria segura
en las elecciones de 1969 que jamás se celebraron.
Vargas Haya decidió arriesgarse a escribir un libro para
documentar los resultados de la comisión investigadora del
contrabando y publicar evidencias contra los militares. En
abril de 1970, agentes de la policía secreta incursionaron
en las instalaciones de los talleres en donde se venía
imprimiendo el libro para confiscar y destruir su
primera edición. Vargas Haya sostuvo que este
ataque contra la libertad de expresión fue ordenado por el
general Velasco Alvarado. Años más tarde,
estas afirmaciones fueron confirmadas en declaraciones
hechas a la prensa por un exministro del Interior. La
segunda edición del libro solamente apareció en 1976,
cuando Velasco había dejado la presidencia. [53]
Los mandos militares que urdieron el golpe pensaban
permanecer en el poder por largo tiempo. Este no era un
«golpe puente» ordinario, que sirviera de transición entre
un régimen civil o de mandato constitucional y el
siguiente. Velasco y sus asesores más
cercanos anunciaron que eran cuatro las causas principales
de la intervención militar contra la democracia:
-- el imperativo de defender la «dignidad» nacional,
herida por la IPC y el escándalo de la «página
once»;
-- introducir reformas socioeconómicas estructurales;
-- contener el peligroso deterioro de las condiciones
políticas civiles, que abrían las puertas a una victoria
electoral aprista y la insurrección comunista; y,
finalmente,
-- superar la degradación moral del país. [54] [p.402]
Las versiones convencionales del papel histórico del
régimen militar de 1968 han subrayado estos argumentos
oficiales. [55]
Vargas Haya, por su parte, ha sostenido consistentemente
que los jefes del golpe militar tuvieron dos grandes
objetivos:
-- enterrar para siempre las evidencias de la
participación de los militares y la intervención personal
de Velasco en el escándalo del contrabando, y
-- frustrar una vez más el acceso del APRA al poder. [56]
En respaldo de esta afirmación, Vargas Haya presentó
evidencias reveladoras, aunque necesariamente parciales.
Su apoyo partidario a la obstinada oposición aprista al
régimen militar, así como la existencia de otras causas
institucionales e ideológicas más probables del golpe de
1968, pueden ser aducidas como argumentos para matizar la
explicación dada por Vargas Haya. Sin embargo, diversas
fuentes independientes indican que la corrupción y el
patronazgo sí tuvieron un lugar prominente entre las
causas y consecuencias del golpe. En cierto modo,
constituyeron las bases políticas del régimen
«revolucionario». Vargas Haya y otros han sostenido que la
cuestión de la IPC y la página once solamente fue un
pretexto para destruir la democracia peruana. Más aún,
analistas políticos coinciden en que la dura postura
«nacionalista» contra la [empresa petrolera] IPC fue usada
por Velasco y su facción para consolidar su control
directo sobre el régimen y desplazar a otras facciones
militares más moderadas. [57]
[Dictadura Velsaco: agitación contra miembros del
gobierno de Belaunde por incompetencia + robo +
colaboración con países extranjeros - enjuiciamiento
judicial de ministros por el escándalo petrolero y otros
robos - la "Comisión Nacional de Ayuda" fue otra cosa]
Una temprana campaña de «moralización» en 1968 se utilizó
para desacreditar a las instituciones democráticas y a los
exfuncionarios civiles del gobierno de Belaúnde. Velasco y
sus seguidores radicales lanzaron un duro ataque contra la
supuesta incompetencia, enriquecimiento ilícito y
desfalcos de algunos funcionarios depuestos, que
supuestamente permitían un injusto enriquecimiento de
intereses extranjeros. Se les tildó de «malos»
peruanos, que habían traicionado [p.403] a su
país. [58] Aunque no se formó un tribunal ad hoc para que
impusieran sanciones, como sucedió durante la dictadura de
Sánchez Cerro del periodo 1930- 1931, el gobierno militar
asumió poderes legislativos e, incluso, judiciales para
denunciar, acusar y procesar a varios exministros por
corrupción en relación con el escándalo de la IPC,
entre otros cargos. [59] Velasco, asimismo, amenazó a
otros excongresistas para que hicieran frente a lo que él
llamó el escándalo parlamentario de fondos públicos mal
utilizados. [60] El general Armando Artola,
ministro del Interior, sostuvo que se habían detectado
serias irregularidades en el Congreso y en la Junta
de Asistencia Nacional dirigida por la hermana
de Belaúnde. Estos cargos no fueron probados o se encontró
que carecían de sustento alguno. [61]
[Dictadura de Velasco: Comisión especial sobre el
dinero del petróleo - el banco central está
militarizado]
A comienzos de 1969 se estableció una comisión especial
para investigar las supuestas transferencias ilegales de
17 millones de dólares en utilidades repatriadas por la
IPC, permitidas por el Banco Central y el ministro de
Hacienda después del golpe de 1968. Esta comisión,
dirigida por el vicealmirante Enrique Carbonel
Crespo y conformada por asesores civiles
radicales, despidió a los gerentes más altos del
Banco Central de Reserva y puso fin a su
independencia. De este modo, Velasco neutralizó las
intensificadas críticas periodísticas contra la integridad
de su política «dura» con respecto a la IPC; obligó a
renunciar y luego hizo procesar al moderado ministro de
Hacienda, el general Ángel Valdivia; y fortaleció el
control del régimen sobre instituciones financieras
claves. [62] El jefe de la comisión Carbonel,
un exoficial de inteligencia de la marina, implicado en el
escándalo de contrabando, era un amigo cercano y
colaborador de Velasco. A diferencia de otros oficiales de
marina vulnerables, involucrados [p.404]
Fig. 17. El general Juan Velasco Alvarado (1968-1975)
rodeado por oficiales en el poder en 1969. A través del
sistemático desmantelamiento de contrapesos
constitucionales, judiciales y parlamentarios, y ante la
neutralización de los medios de comunicación
independientes, el régimen militar «revolucionario»
contribuyó al mal gasto e ineficiente administración de
los recursos públicos que cobijaron una amplia corrupción
burocrática. Archivo Revista Caretas.
Fig. 18. Juego de cartas militar. En un contexto de
huelgas, represión y persistentes privilegios para los
oficiales de las fuerzas armadas, el presidente, general
Francisco Morales-Bermúdez (1975-1980) y el primer
ministro, general Pedro Richter Prada, representan un
juego intervencionista bien conocido por la opinión
pública. «La timba está legal». Por Carlos Tovar,
«Carlín». Monos y Monadas 74, n.° 134, 1979, p. 3.
Biblioteca Nacional del Perú, Lima. [p.405]
[Dictadura de Velasco con nuevas carreras: el primo de
Velasco se convertirá en teniente coronel - militares e
intelectuales de izquierda tomarán el poder - los campos
petroleros serán confiscados]
en el escándalo y posteriormente purgados por conveniencia
política, Carbonel fue perdonado y posteriormente presidió
el Comando Conjunto de las fuerzas armadas. De este modo,
el ejército, con Velasco al mando, dominó a la marina así
como a la fuerza aérea cuyo orden de ascenso tradicional
fue manipulado por el general golpista a favor de su primo,
el teniente coronel Eduardo Camino Velasco, al
igual que de otros oficiales que apoyaban al dictador.
[63]
La consolidación de la facción de Velasco trajo consigo el
surgimiento de la izquierdista «generación
terremoto» de coroneles y generales, decididos
a implementar radicales reformas estructurales. Los más
conspicuos fueron el general Jorge Fernández
Maldonado, ministro de Energía y Minas, y el general
Leonidas Rodríguez Figueroa, jefe de la
vertical organización corporativa SINAMOS. Estos ministros
nombraron como sus más cercanos asesores pagados y
funcionarios de alto rango a diversos civiles de izquierda
que habían figurado de modo prominente en la prolongada
campaña política y legal contra la IPC. Algunos de estos
asesores habían alcanzado una influencia política sin
precedentes, infiltrándose en la academia militar y el
CAEM, orquestando además campañas «nacionalistas» a favor
de la política confiscatoria de Velasco para con la
IPC. Este grupo de asesores incluía a Alberto
Ruiz Eldredge, Alfonso Benavides Correa, Germán Tito
Gutiérrez, Guillermo García Montúfar, Efraín Ruiz Caro
y Augusto Zimmerman (sobrino del polémico
exsenador Alfonso Montesinos), entre otros. [64]
[Sospecha: Cuba financia a estudiantes y periodistas en
Perú contra la petrolera "estadounidense" CPI]
Algunos de estos privilegiados asesores de izquierda,
entre ellos exparlamentarios y figuras públicas, habrían
recibido fondos del gobierno cubano desde 1961
para erosionar la democracia peruana y para organizar
campañas políticas como la cruzada contra la IPC. Muchos
de ellos habrían recibido estipendios mensuales de miles
de soles. Aunque justificados por una ideología
«revolucionaria», los pagos hechos por extranjeros a
funcionarios y personalidades peruanos constituían también
casos de influencia indebida. Según el encargado de
negocios español en La Habana, era posible que periodistas
muy [p.406] influyentes hayan recibido dinero cubano para
difundir campañas mediáticas velasquistas. [65]
[Dictadura Velasco: Nuevo nepotismo con regalos y
puestos entre amigos - 9 agentes de la KGB en los medios
peruanos - y la CIA también está jugando]
Los asesores y periodistas izquierdistas conformaban una
red de asociados que, juntamente con los jefes militares,
repartía empleos y favores entre sus
seguidores y amigos ideológicos. Algunos asesores y
confidentes izquierdistas de alto rango defendían una
colaboración íntima con la entonces Unión Soviética. Uno
de estos influyentes asesores, que controlaba dos diarios
gubernamentales, era pagado (con al menos 5.000 dólares en
1971) por la KGB para que influyera en las decisiones del
gobierno y la opinión pública. En 1972, la KGB
contaba con nueve de estos contactos estratégicos y
confidenciales, muchos de ellos seducidos con
presentes, dinero y viajes a la URSS. El Servicio
de Inteligencia Nacional peruano (SIN) también
cooperaba formalmente con su contraparte soviética para
neutralizar las redes de espionaje de Estados Unidos. [66]
Los éxitos aparentes de la influencia encubierta, la
propaganda y la desinformación soviéticay cubana fueron
contrarrestados por operaciones rivales de la CIA
en el Perú.
[Dictadura Velasco: El jefe del servicio de
inteligencia nacional ONI, Vladimir Montesinos, hace un
pacto con los "Estados Unidos" - arrestado en 1977]
El capitán Vladimiro Montesinos —sobrino de
Alfonso Montesinos y primo del intelectual en apuros
financieros Augusto Zimmerman, jefe
de la Oficina Nacional de Información (ONI) —
también tuvo acceso a los favores repartidos por la red
izquierdista. [67] Sin embargo, en ese tiempo Vladimiro
[p.407] Montesinos trabajaba para la inteligencia de
Estados Unidos. Sus contactos con la embajada de ese país
en Lima y su papel como informante confidencial se
confirmaron con evidencias documentales. En 1977
fue arrestado por esta razón, así como por
haber viajado a Washington como invitado del gobierno
estadounidense sin autorización oficial peruana. A
Montesinos se le describió como un agente de la CIA
que reunía información en torno al séquito de asesores
izquierdistas de los generales, ministros y exjefes de
inteligencia claves Edgardo Mercado Jarrín, Enrique
Gallegos Venero y Fernández Maldonado. [68]
[Dictadura Velasco: se vuelve casi tan izquierdista
como el APRA - y tan corrupta como los gobiernos
militares antes de Belaunde]
En otras redes civiles, algunos conservadores prominentes
como Beltrán y los Miró Quesada inicialmente prestaron su
respaldo a las políticas nacionalistas del régimen
militar. [69] Sin embargo, estos y otros políticos y
empresarios conservadores pronto se alarmaron por el giro
izquierdista del régimen. No obstante, un
grupo particular de amigos influyentes, los así llamados «altecos»,
[70] se mantuvieron fieles al régimen de Velasco hasta el
final. El miembro más conspicuo de ese grupo era el
acaudalado político Enrique León Velarde,
un amigo cercano de Velasco. León Velarde tenía relaciones
de patronazgo con grupos civiles de interés y fue decisivo
en el nombramiento por «dedocracia» de los alcaldes de las
municipalidades distritales más importantes de Lima. La
selección de estos alcaldes, en la cual León Velarde
ejerció su influencia a favor de amigos cercanos y
«amigotes sociales» de Velasco entre los altecos, era
considerada el «regreso a [las] prácticas corruptas
que caracterizaron a los gobiernos locales en la era
pre-Belaúnde». [71] [p.408]
[Tiburón inmobiliario León Velarde organiza contactos
para Velasco - un cuñado de Velasco sale como director
del seguro social]
León Velarde, un magnate imobiliaro y
financiero, además de propietario de caballos pura sangre,
le ofreció a Velasco acceso a las celebridades locales en
fiestas realizadas en mansiones privadas y yates. El amigo
del presidente también fue un importante asesor político
de inclinaciones populistas, nombrado viceministro
del Interior en 1971. Desde esta posición
estratégica, León Velarde resolvió muchos problemas para
sus amigos a través de su acceso directo a Velasco. En sus
memorias sinceras y chispeantes, el sociable asesor narra
los favores especiales y los chismes íntimos de estos
años. Sin al parecer advertir las distorsiones políticas,
institucionales, sociales y morales introducidas por la
«revolución» de Velasco, León Velarde pinta un cuadro
apologético pero revelador del dañino legado de la
dictadura militar para los contrapesos institucionales a
la desenfrenada corrupción. [72]
Entre las personas favorecidas por Velasco, uno de sus
cuñados fue colocado en la planilla de diversas empresas
estatales y actuó como director del mal
administrado seguro social. [73] Todas estas
redes de patronazgo prestaron apoyo político temporal a
cambio de favores y colusión a un régimen que jamás logró
convocar y organizar un apoyo político masivo. Este
fracaso organizativo eventualmente erosionó el control que
el régimen tenía sobre el poder en medio de una decadencia
institucional generalizada. [74] [p.409]
[Dictadura de Velasco 1968-1979: nuevas normas,
prácticas, ministerios, organizaciones - para encubrir
la corrupción - centralización del Estado - Comité
Asesor COAP - los jueces deben ser confirmados por el
gabinete]
Durante el régimen militar, el patronazgo y la corrupción
se beneficiaron del cambio institucional radical que
demolió las débiles bases de la democracia política en el
Perú. Esta transformación ha tenido un legado duradero.
Las nuevas reglas y prácticas introducidas por los
militares entre 1968 y 1979, juntamente con nuevas
empresas estatales, ministerios y organizaciones,
generaron ineficiencia y abusos que escondían o protegían
la corrupción. [75] De entre la multitud de estas
deformaciones institucionales, unas cuantas bastan para
brindar ejemplos reveladores.
La organización del Estado fue reestructurada mediante una
serie de decretos leyes y leyes «orgánicas» que aumentaron
la centralización, el poder ejecutivo y la
autoridad personal de Velasco y su sucesor
Morales-Bermúdez. El Comité de
Asesoramiento de la Presidencia (COAP ) pasó a
ser un órgano estratégico de toma de decisiones. Tenía
poder para legislar, pero carecía de la capacidad de
centralizar la implementación, que estaba sujeta a
interpretaciones contradictorias e inconsistentes de
ministros caprichosos. [76] En efecto, la reorganización
de la judicatura a través de la inconstitucional Ley
Orgánica del Poder Judicial (decreto 18060)
privó al país de un sistema judicial realmente
independiente, puesto que los jueces eran nombrados y
estaban sujetos a confirmación por el poder ejecutivo.
[Dictadura de Velasco: asesores de izquierda se
convierten en ministros o embajadores en "ciudades
hermosas" - juez criminal quería contrabandear diamantes
con maleta diplomática - 1 juez corrupto es destituido -
se instalan muchos nuevos jueces corruptos - se abole la
justicia neutral]
Los abogados que contribuyeron a este dañino acto contra
la autonomía judicial fueron los célebres asesores
legales izquierdistas Ruiz Eldredge, Benavides Correa,
Alfonso Montesinos y el demócrata-cristiano Cornejo
Chávez. Posteriormente, todos ellos recibieron
puestos en el gobierno o se les nombró embajadores. El
detonante de esta demolición judicial fue el arresto de un
juez de la Corte Suprema que había intentado contrabandear
diamantes a Estados Unidos usando su pasaporte
[y maleta] diplomático: el gobierno militar usó el
escandaloso caso de este juez para acusar a la Corte
Suprema de prácticas [p.410] corruptas. [77] Otros
jueces experimentados y honrados fueron así despedidos
y reemplazados por magistrados mediocres y a menudo
corruptos. Los observadores extranjeros
concluyeron que en la práctica el imperio de la ley había
quedado abolido. La desconfianza hacia el poder judicial
creció y pasó a ser un rasgo más o menos permanente en el
seno de la opinión pública. [78]
[Dictadura Velasco: Sobrepesca y destrucción de
pesquerías Y: derechos de pesca a "estados amigos"]
El caso más conspicuo de ineptitud económica fue el manejo
de la industria pesquera por parte de
empleados estatales, hecho que llevó a una sobrepesca
excesiva, así como a la expropiación y demolición de
la capacidad empresarial de este sector
productivo clave. Más aún, los recursos del sector
pesquero administrados por Pescaperú se usaron para
promover un patronazgo político reaccionario
[derechos de pescar a Rusia etc.] a costa de los
trabajadores y consumidores. [79] En consecuencia, los
peruanos tuvieron significativamente menos pescado que
comer, y la alguna vez boyante industria de exportación de
harina de pescado se vio seriamente afectada.
[Dictadura Velasco: La reforma agraria de 1969 es sólo
parcialmente exitosa - la producción agrícola disminuye
- las nuevas grandes cooperativas son corruptas desde el
principio - expropiación de los grandes capitalistas]
Del mismo modo, la reforma agraria de 1969
—muy alabada en ciertos sectores por redistribuir
verticalmente la tierra de modo más equitativo— contribuyó
a una caída de la productividad agrícola que redujo las
agroexportaciones y generó una mayor dependencia de las
importaciones de alimentos, sin llegar a resolver los
problemas de la inmensa mayoría de los trabajadores del
sector agrícola (los minifundistas y los campesinos sin
tierra comprendían el 85 por ciento de la fuerza laboral
agraria). Los abusos y la corrupción en la
implementación de la reforma y en el manejo de las
recién formadas cooperativas agrícolas se extendieron.
La inclusión de grandes complejos agroexportadores en el
plan de expropiaciones quebró a capitalistas nativos como
los grupos Prado y Aspíllaga, que
representaban conglomerados de carteras diversificadas más
allá de la agricultura de exportación. [80] El hecho fue
alabado por el sector [p.411] oficialista como el
ocaso exitoso de la «oligarquía», un término
sumamente manipulado que ocultaba la importancia de los
grupos económicos.
[Velasco=de facto APRA
En lenguaje sencillo: La dictadura de Velasco está
haciendo exactamente la política del APRA que fue negada
al APRA por la dictadura de Velasco].
[Dictadura de Velasco: economía deficitaria + alta
deuda externa - medios bajo control estatal desde 1974 +
campañas estatales - quien diga la verdad será deportado
- abuso + corrupción ahora sin control]
La mayoría de las empresas estatales (Petroperú,
Mineroperú, Empresa Pública de Servicios Agropecuarios
[EPSA], Pescaperú, Sedapal y la Compañía Peruana de
Teléfonos [CPT]) resultaron ser muy ineficientes.
Como parte de un ciclo vicioso de prácticas
administrativas, estas empresas consistentemente
acumularon pérdidas que el gobierno financiaba
a través de la expansión del crédito y de préstamos
externos. Sin embargo, el financiamiento del déficit de
las empresas estatales ofrecía una excelente cobertura
para las ganancias personales de empleados públicos, a
costa de la mayoría de los ciudadanos y contribuyentes.
[81] El monstruoso crecimiento de la deuda externa
se debió en gran parte a una administración ineficiente y
a la corrupción. Asimismo, la fallida política petrolera
de los militares fue criticada por expertos que, al alegar
que se habían rendido los recursos petroleros nacionales a
intereses japoneses y a otras empresas extranjeras, fueron
perseguidos y deportados. [82]
El control ideológico y represivo inicialmente ejercido
sobre la prensa se hizo absoluto con la expropiación
de todos los medios de comunicación masiva en 1974.
Los ingresos de los periodistas asalariados pasaron a
depender del Estado, por lo que comprometieron su pluma y
su conciencia. Varios se dedicaron a difamar a la
oposición política y a llevar a cabo campañas para
manipular a la opinión pública. Los pocos
periodistas y propietarios de medios de comunicación
independientes eran deportados si iban más
allá de lo permitido. [83] Fruto de este copamiento de los
medios de comunicación por personal [p.412] del gobierno
fue la desaparición del papel vigilante de la prensa libre
contra las injusticias, los abusos y la corrupción.
[Dictadura de Velasco: la corrupción está protegida, la
iluminación se vuelve imposible, la cultura del silencio
- comprar armamentos y tanques soviéticos a crédito
barato - militares con chofer + gasolina gratis - el
contrabando aumenta aún más]
El descubrimiento de los escándalos de corrupción bajo las
condiciones institucionales distorsionadas impuestas por
el régimen militar quedó, pues, limitado por el control
dictatorial del poder judicial y los medios de
comunicación masiva. En ausencia del poder
legislativo era imposible una investigación
parlamentaria de los casos de corrupción descarada en el
sector público. Además, había una actitud general
de espíritu de cuerpo que impedía que los
posibles informantes revelaran la corrupción. El temor a
la represalia acalló muchas voces. La cultura política y
económica había cambiado de modo tan dramático, y los
incentivos estaban tan distorsionados, que las mismas
autoridades tenían patentes dificultades conceptuales para
reconocer su propia corrupción. Una investigación más
profunda que se concentre en la Administración Pública
entre 1968 y 1980, indudablemente descubrirá más aspectos
en la historia de la corrupción en el Perú. No obstante,
existen algunos casos bien documentados de escándalos de
corrupción en el gobierno militar que podemos citar como
prueba del generalizado estado subyacente de corrupción
ilimitada.
A través de entrevistas con exoficiales militares, un
especialista en estudios militares peruanos se informó que
el extendido uso y abuso del poder tuvo el efecto de
incrementar sustancialmente la corrupción entre las
fuerzas armadas y sus instituciones. [84] Uno de los
privilegios más resguardados y secretos de los militares —
la compra de armas y de materiales en el extranjero
— permitía recibir sobornos que enriquecieron a unos
cuantos oficiales y comandantes. El informe oficial acerca
de la compra aparentemente ventajosa de tanques y
equipos militares soviéticos con bajo interés y
financiada a largo plazo, sospechosamente
jamás se publicó. [85] Del mismo modo, los oficiales
militares gozaban de gollerías que irritaban al civil
promedio como el uso de autos con chofer y gasolina
gratis. Las políticas proteccionistas más
estrictas adoptadas por el gobierno militar no redujeron
el contrabando. Por el contrario, el ingreso ilegal
de [p.413] importaciones prohibidas como automóviles,
aparatos eléctricos y televisores en color creció de
modo evidente. [86]
[Dictadura de Velasco octubre de 1974: Se expone la
corrupción en el comercio de alimentos de la EPSA - el
ministro de Comercio Barandiarán debe renunciar - el
ministro de Agricultura Valdez Angulo encarcelado - las
demandas se trivializan + se desestiman]
En octubre de 1974 estalló en la prensa parametrada un
gran escándalo de malversación que involucró a EPSA,
la empresa estatal a cargo de la venta de alimentos al por
menor. Más de cien empleados fueron implicados y
arrestados; Luis Barandiarán, el ministro de
Comercio, se vio obligado a renunciar. Este
tipo de corrupción perjudicaba al peruano promedio porque
afectaba los productos de primera necesidad y, por ende,
la supervivencia de la población empobrecida. El
escándalo, asimismo, obligó a la renuncia y posterior
encarcelamiento del general Enrique Valdez Angulo,
ministro de Agricultura. Posteriormente, los
cargos fueron reducidos y eventualmente sobreseídos debido
a las dificultades que los fiscales tuvieron para
determinar las irregularidades de EPSA con separación del
sistema intervencionista, generador de déficit y
financiado con endeudamiento. [87]
[Dictadura de Velasco: El general criminal Tantaleán
Vanini usa dinero para la industria pesquera para viajes
privados, equipos de fútbol, artículos de lujo - el
contribuyente debe pagar por todo - el grupo político
"La Misión" alrededor de Velasco - Velasco se vuelve
demente]
El caso más aparente de corrupción fue el del general
Javier Tantaleán Vanini, quien manejaba la
empresa estatal Pescaperú. Los fondos
destinados para la empresa se gastaron en viajes en
jet privados, equipos de fútbol y diversos lujos.
Los déficits de Pescaperú fueron virtualmente ignorados
puesto que se sabía que el Estado los cubriría generando
nuevas deudas. Hacia el final del gobierno de Velasco,
Tantaleán junto con otros oficiales y ministros tuvieron
un acceso privilegiado al presidente. Este grupo
reaccionario, al que se conoce como La Misión,
había desplazado a los altecos como el círculo íntimo de
Velasco, debido en parte a una discrepancia seria aunque
temporal entre León Velarde y Velasco. Entretanto
Tantaleán, quien estaba emparentado con el presidente a
través de su familia política, era considerado su más
probable sucesor. La Misión apoyó a un Velasco cada
vez menos apto física y mentalmente con la
esperanza de aprovechar esta ventana de oportunidad que se
cerraba rápidamente. [88] [p.414]
[1975: Golpe de Estado del general Morales-Bermúdez -
arresto de confidentes de Velasco - congelación de
cuentas + confiscaciones - planificación de una
normalización a gobierno civil - nueva constitución
1980]
Cuando Velasco fue finalmente depuesto del poder
por el general Morales-Bermúdez en 1975, Tantaleán
y otros velasquistas, entre ellos León Velarde y
varios altecos, fueron encarcelados y sus cuentas
bancarias y propiedades embargadas. La
neutralización de la influencia de estos derechistas y su
riqueza se realizó fundamentalmente para contener la
inmanejable corrupción durante los primeros y cruciales
días del nuevo gobierno. [89] Morales-Bermúdez procedió
entonces a minar a los grupos izquierdistas en medio de
una situación política y económica realmente difícil. Al
igual que Velasco, el nuevo mandatario militar intentó
establecer una base de apoyo político pero fracasó.
Entonces se dio cuenta de que necesitaba una estrategia de
salida constitucional. Morales-Bermúdez decidió
implementar un cronograma de transición de tres
años para que se lograra la transferencia del poder a
los civiles y el retorno de los militares a
sus cuarteles. Aunque fue duramente reprimido, el descontento
social abrió el camino para las elecciones
prometidas a una asamblea constituyente en 1978, así como
a elecciones generales luego de completada la nueva
Constitución en 1980.
[Dictadura de Morales 1975-1979: las deportaciones
están aumentando, todo lo que se mueve mal - censura -
ministerios + economía siguen siendo ineficientes -
deuda sin fin - política de estabilización y exportación
- el falso exportador - se celebran los logros de la
revolución]
Sin embargo, Morales-Bermúdez gozó en el periodo 1975-1979
de un poder autoritario, similar al que ejerció Velasco.
En efecto, la deportación de políticos,
personalidades y periodistas de izquierda y derecha
se incrementó durante su gestión. La censura de los
medios, la disfunción del sector
público y la ineficiencia económica se
mantuvieron con pocos cambios. El deterioro en la
situación económica, alimentado por un creciente déficit
presupuestario y por la deuda externa, fue enfrentado con
unas controversiales políticas de estabilización económica
y refinanciamiento de la deuda. El déficit público cayó
hasta porcentajes de un solo dígito. Una política
modernizada para estimular la exportación de
manufacturas «no tradicionales», de textiles
en particular, tuvo ciertos resultados positivos iniciales
gracias a incentivos tributarios, financieros y subsidios
bajo la forma del Certex (certificados de reintegro
tributario a las exportaciones), que pronto pasaron a ser
mecanismos de tráfico de influencias por parte de falsos
exportadores. [90] [p.415]
El régimen militar dejó en claro que una asamblea
constituyente debería incorporar los «logros» de la
«revolución». Morales-Bermúdez y los
resucitados partidos políticos, fundamentalmente el APRA y
el Partido Popular Cristiano (PPC), que conformaban la
mayoría de la nueva asamblea, llegaron a un acuerdo
implícito. El cronograma no sería alterado siempre y
cuando se cumpliera con cada paso de la transición.
Morales-Bermúdez realizó un gran esfuerzo para dejar atrás
la vieja disputa entre los militares y el APRA. En una
jugada que finalmente le resultaría políticamente
ventajosa, Belaúnde y AP se mantuvieron al margen de este
oneroso compromiso con el régimen militar, al no tomar
parte en las elecciones a la asamblea constituyente.
[La nueva Constitución de 1980 con derechos especiales
para decretos, 60 días de suspensión de la Constitución,
nombramiento de jueces, etc.]
Con la expectativa de vencer en las elecciones
presidenciales de 1980, los asambleístas del
APRA y del PPC diseñaron una Constitución con serios
defectos. En un intento por resolver los impasses entre el
ejecutivo y el legislativo que habían resultado evidentes
en los pasados regímenes democráticos, la Carta de
1979 fortaleció al primero y debilitó al
segundo.
-- Un ejemplo de ello fue la concesión al ejecutivo del
derecho a emitir decretos especiales en asuntos económicos
y financieros.
-- Además, el presidente podía suspender los derechos
constitucionales por periodos renovables de sesenta días
en casos de emergencia.
-- También se le dio al mandatario autoridad para nombrar
los jueces de la Corte Suprema y la Corte Superior a
partir de un grupo seleccionado por un consejo encabezado
por el fiscal general.
Finalmente, la propia Constitución solamente podía ser
enmendada con gran dificultad. [91] Estos defectos
constitucionales y su aprovechamiento por los presidentes
civiles contribuyeron a minar los contrapesos cruciales
para contener la corrupción desde la década de 1980.
[Dictaduras de Velasco + Morales: Infraestructura
descuidada - la resistencia comunista en el campo crece
con el "Sendero Luminoso" + ganancias de la cocaína: los
cárteles de la droga sobornan a la policía + la justicia
no tiene ninguna posibilidad - narcotraficante Langberg]
Entre otros legados dañinos del régimen militar, el
vergonzoso descuido del desarrollo de la
infraestructura y la seguridad en las provincias
y en el campo permitió que la amenaza subversiva
maoísta de Sendero Luminoso se arraigara y
creciera. Además, en la década de 1970, el aumento
explosivo de la producción y contrabando de cocaína
planteó problemas insolubles para el cumplimiento de las
leyes, el sistema de justicia criminal y el imperio de la
ley. Desde al menos mediados de los años sesenta, algunos
cárteles de drogas ricos y poderosos
infiltraron y sobornaron a las autoridades de la policía
de investigaciones. El general Fernando Velit, el último
ministro del Interior del régimen militar, fue implicado
luego en la liberación ilegal de la prisión del
narcotraficante y financista Carlos Langberg.
Este mismo traficante habría buscado asegurarse [p.416]
políticamente durante la transición contribuyendo a la
campaña de Armando Villanueva, el
infructuoso candidato presidencial del APRA. [92]
[Gobierno de Belaunde 1980: El legado de los militares
peruanos es terror + drogas + deuda]
Belaúnde fue elegido presidente por segunda vez en 1980 en
un contexto de escalada del terrorismo y del
narcotráfico, un exagerado intervencionismo
económico estatal, una deuda externa de 10.000
millones de dólares y otras condiciones
adversas para el renacer de las instituciones
democráticas. Además, su nuevo gobierno tuvo que enfrentar
el dilema recurrente de cómo tratar a los militares y sus
apremiantes demandas por conservar sus privilegios,
recursos e inmunidad bajo la recién restaurada democracia
civil.
Negligencia benigna
[1980: Arquitecto Belaunde con nueva democracia y
proyectos de construcción - no enjuiciamiento de los
militares criminales-corruptos, sino un nuevo pacto con
ellos: reciben inmunidad por sus crímenes, pero están
restringidos - nuevos juguetes Mirage por $870 millones]
El orden democrático inaugurado en julio de 1980 contó con
el inicial y entusiasta respaldo de una gran parte de la
ciudadanía peruana. Belaúnde fue elegido
por una mayoría respetable y Acción Popular, aliado del
PPC, consiguió la mayoría en el Congreso. Belaúnde
prometía una renovación democrática acompañada por ambiciosos
proyectos públicos, no obstante los serios
problemas que planteaba una transición incierta y difícil.
Esta se veía directamente amenazada por los intereses
creados por intervencionistas legados económicos e
institucionales, y por las crecientes actividades
subversivas y otras vinculadas al narcotráfico. [93]
Al inicio de su gobierno, Belaúnde no se dedicó a una
campaña de «moralización» ni tampoco inventarió las
adversas condiciones financieras, sociales e
institucionales que había heredado. Por el contrario, el
nuevo régimen se apresuró a apaciguar a los todavía
influyentes militares, declarando que no tenía intención
alguna de buscar represalias ni restituciones. Además,
Belaúnde [p.417] estableció un acuerdo pragmático
con el general Rafael Hoyos Rubio, el más alto
oficial militar que tuvo lazos orgánicos con el exrégimen
de Morales- Bermúdez. A las fuerzas armadas se les
garantizó la autonomía en cuestiones profesionales
internas e inmunidad por cualquier ofensa o delito
previo, a cambio de que el poder de los
militares se limitara a la esfera puramente castrense.
[94]
Este pacto de un modus vivendi con los militares
tuvo serias consecuencias políticas y económicas en los
años siguientes. Tras una escaramuza fronteriza con el
Ecuador a comienzos de 1981 y la venta de aviones de caza
usados a la Argentina durante el conflicto de las islas
Falklands-Malvinas en 1982, los militares recibieron luz
verde para adquirir una flota de modernos cazas
mirage 2000 por 870 millones de dólares que
fueron financiados a un alto interés. Este elevado gasto
chocó con el programa económico liberal que el nuevo
gobierno intentaba aplicar. [95]
[Gobierno de Belaunde con equipo "Dinamo" líderado por
Leter Ulloa - intento de liberalización y privatización
+ libertad de medios - grandes proyectos - persiste la
deuda externa - resistencia a la liberalización -
gobierno con decretos sin congreso]
Bajo el lema liberal de «trabajar y dejar trabajar»,
Belaúnde fue asistido por un equipo de tecnócratas
denominado «Dinamo» y encabezado por Manuel
Ulloa, el controversial primer ministro y
ministro de Economía. Al timón de este grupo de
economistas profesionales, educados en el extranjero y con
experiencia en corporaciones y agencias internacionales,
Ulloa dio inicio a un intento inconsistente de liberalizar
el comercio, privatizar las empresas
estatales y promover la inversión extranjera.
Los diarios se devolvieron a sus antiguos propietarios y
unas cuantas empresas del Estado se privatizaron (p. ej.:
Cementos Lima). Belaúnde dio libertad de acción al grupo
Dinamo, mientras que él se concentraba más bien en diseñar
y publicitar costosos proyectos públicos que
en última instancia contradecían las políticas de
reducción del déficit. Una facción de AP, liderada por
Javier Alva Orlandini, también presionaba para realizar un
mayor gasto público. [96] Además, la excesiva y continua
dependencia de la deuda externa y sus mecanismos de
refinanciamiento se incrementaron en lugar de
disminuir. [p.418]
A la agenda económica liberal de Ulloa se le opusieron
tenazmente los intereses arraigados del sector
manufacturero, que dependían de la protección del Estado,
así como las presiones del personal administrativo de las
empresas estatales. La oposición al desmantelamiento de
los sistemas estatistas y proteccionistas heredados y las
flagrantes inconsistencias e irregularidades en la
implementación de medidas claves llevaron a una
liberalización económica trunca y en última instancia
ineficaz. [97] Los parlamentarios y políticos
izquierdistas y apristas, Vargas Haya entre
ellos, también protestaron contra lo que consideraban
políticas elitistas favorables a los extranjeros, que
recordaban el «entreguismo» del primer gobierno de
Belaúnde. Además, el equipo Dinamo generó decretos
ejecutivos que evadían el debate legislativo.
El Congreso no solo perdió importancia, sino que se
deterioró internamente, a medida que algunos diputados y
senadores se ocupaban de sus negocios privados asistidos
por su influencia parlamentaria. [98]
[Gobierno de Belaunde a finales de 1982: Crisis
económica internacional, caída de los precios y
disminución de los ingresos fiscales + inflación +
inundaciones]
La luna de miel del gobierno de Belaúnde había terminado
para finales de 1982. Diversos factores contribuyeron a la
catastrófica erosión de su respaldo político. La recesión
internacional y la contracción financiera del periodo
1982-1983 ayudaron a la caída de los precios de las
principales exportaciones peruanas y a una debacle de los
términos de intercambio y balanza de pagos. La reducción
de los ingresos fiscales produjo un déficit creciente y
una galopante inflación. En 1983 el producto bruto
interno cayó en 13 por ciento y la inflación
anual alcanzó 130 por ciento. La deuda
externa creció en 40 por ciento hasta totalizar
14.000 millones de dólares. Para empeorar las
cosas aún más, una serie de desastres climáticos
destruyeron la infraestructura y causaron daños estimados
en 1.000 millones de dólares. [99]
[Gobierno de Belaunde: La policía corrupta en los Andes
permite que los maoístas crezcan aún más con el "Sendero
Luminoso" - cárteles de la droga con el "Padrino" -
militares controlan la "zona de emergencia" y cometen
aún más violencia - "Sendero Luminoso" contra "Estados
Unidos" con medidas antidrogas - capos de la droga con
el APRA quieren dominar los partidos políticos]
Entretanto, Sendero Luminoso intensificó
sus violentos ataques y asesinatos. El
crecimiento de la organización subversiva no se controló
en esta temprana y crucial fase debido, en gran medida, a
la ineficiencia y corrupción de las [p.419] unidades de la
policía de investigaciones dirigidas por notorios
generales, quienes fueron vinculados al cártel
narcotraficante de Reynaldo Rodríguez López (alias «El
Padrino»). [100] En un intento descaminado por
enfrentar el creciente terrorismo y la subversión,
Belaúnde tomó la aciaga decisión de suspender las
garantías constitucionales y permitir que los militares
tuvieran el control total de varias provincias de los
Andes centrales, las así llamadas «zonas de
emergencia». En lugar de pacificar la región,
los militares exacerbaron la violencia y cometieron abusos
contra los derechos humanos. Para 1984, el
control militar se había extendido a otras regiones, entre
las cuales se contaba la zona productora de coca del valle
del Alto Huallaga, que había sido penetrado
por Sendero Luminoso con la intención de «proteger»
a los cocaleros de las operaciones de erradicación e
interdicción de la droga auspiciadas por "Estados
Unidos". De este modo, los derechos civiles
fundamentales de aproximadamente el 60 por ciento de la
población peruana se vieron restringidos. [101]
Los desafíos planteados por Sendero Luminoso y el
creciente narcotráfico minaron las debilitadas
instituciones democráticas y el imperio de la ley. [102]
Los partidos políticos se vieron expuestos a la influencia
de narcotraficantes que buscaban generar
influencia política. A comienzos de la década de 1980, el
traficante Carlos Langberg seguía estando vinculado a un
sector de la cúpula del APRA, el partido de
oposición. [103] [p.420]
[Gobierno de Belaunde: Los cárteles de la droga luchan
sobornando al poder judicial - capo de la droga +
traficante de personas "Mosca Loca" ofrece pagar la
deuda externa de Perú - recibe 20 años de prisión -
muerte en motín en prisión 1984]
El poder judicial fue una de las instituciones centrales
que más sufrió con el asalto insurgente y el narcotráfico,
ya de por sí erosionado en su autonomía e integridad
durante el régimen militar anterior. Más aún, la
Constitución de 1979 permitía al ejecutivo influir sobre
el sistema judicial mediante el nombramiento de jueces.
Los escandalosos casos de ineficiencia judicial, el
descarrío de la justicia y el soborno de los
magistrados contribuyeron a la caída
precipitada del prestigio de la judicatura. La creciente
cantidad de presos que esperaban ser juzgados y la
percepción de que los jueces estaban parcializados o
sobornados por terroristas y traficantes detenidos
exacerbaron el cinismo con respecto al poder judicial.
[104]
En 1980, el acaudalado narcotraficante Guillermo Cárdenas
Dávila, alias «Mosca Loca», asombró a todos
con su audaz promesa de pagar la deuda externa
peruana si se le permitía operar con
tranquilidad. En 1981, Mosca Loca se encontraba preso y
esperaba ser sentenciado en el juicio seguido contra él y
sus asociados en la Corte Suprema. Pero cinco de los
jueces encontraron quelas evidencias no bastaban
para condenar al traficante y ordenaron su inmediata
liberación. Los cargos se desestimaron. La indignación
ciudadana y la protesta del Ministerio Público obligaron a
los jueces del caso a revertir su decisión. Según su
propio testimonio, esta había sido tomada sin ver las
evidencias principales, excluidas «inadvertidamente» de su
consideración. Mosca Loca fue finalmente condenado a
veinte años de prisión. [105] Mientras cumplía
su sentencia, pagó por lo bajo para poder tener un espacio
más cómodo y otros lujos negados a los demás prisioneros.
En cierto momento, compartió la celda con Antonio Díaz
Martínez, un ideólogo de Sendero Luminoso. En 1984,
Mosca Loca resultó muerto durante un motín [en la
cárcel] provocado por el severo hacinamiento y
las atroces condiciones de vida en la prisión.
[Gobierno de Belaunde: Ministro de Justicia Elías
Laroza con contrato para nuevas cárceles por 55 millones
de dólares - todo inadecuado, incompetencia + corrupción
- investigación - las cárceles siguen siendo miserables
- desde 1985 Elías Laroza es diputado y tiene inmunidad]
El manejo de las prisiones y correccionales era
responsabilidad del ministro de Justicia. Belaúnde
le entregó esta cartera clave a sus aliados del PPC. Enrique
Elías Laroza, un notable abogado y dirigente
del PPC, fue ministro de este sector en el periodo
1981-1982. Durante el año que estuvo en el cargo, Elías
firmó contratos importantes para la construcción y
el equipamiento de nuevas prisiones «de última
generación» con la compañía española Guvarte.
El [p.421] trato formaba parte de un acuerdo de asistencia
crediticia entre los gobiernos peruano y español. El
elevado costo de 55 millones de dólares
para las nuevas prisiones y sus aparentes insuficiencias
despertaron sospechas. La incompetencia, la corrupción y
el proceso de investigación subsiguiente retrasaron aún
más la solución de las condiciones abismales de las
prisiones del Estado. Miguel Ángel
Cussianovich, el contralor general, presentó cargos contra
Elías Laroza y sus colaboradores cercanos por malversación
de fondos públicos. El caso fue eventualmente abandonado,
puesto que Elías adquirió inmunidad parlamentaria
tras ser elegido diputado en 1985. En su
defensa, sostuvo que los cargos habían sido motivados por
una conspiración política por parte de sectores de
izquierda y políticos de AP que tenían intereses creados
en su contra. [106]
[Gobierno de Belaunde con comisiones de corrupción:
corrupción = incumplimiento de la constitución - grandes
proyectos + minería - algo de favoritismo]
Vargas Haya formó parte de varias comisiones
parlamentarias creadas para investigar los supuestos casos
de corrupción administrativa una vez terminado el segundo
gobierno de Belaúnde. Estas investigaciones generaron
varios cargos de violaciones de la Constitución.
En particular, los parlamentarios y políticos apristas e
izquierdistas pusieron la mira sobre las medidas, decretos
ley y contratos públicos implementados y promovidos por
dos ministros de Economía, Manuel Ulloa y Carlos
Rodríguez Pastor, y el ministro de
Energía y Minas Pedro Pablo Kuczynski. Algunas
de estas acusaciones tenían un claro sesgo político, en
consonancia con las posiciones «nacionalistas» típicas del
régimen velasquista. Sin embargo, otros cargos se debieron
a escándalos que involucraban notorios conflictos de
interés. Ulloa, por ejemplo, era un empresario con
intereses en varias industrias, entre las cuales se
contaban medios de comunicación (el diario Expreso y el
canal 5 de televisión). Además, su renuncia en diciembre
de 1982 se produjo poco después de que el escándalo
Vollmer desatase una investigación parlamentaria y
presiones políticas. Ulloa aparentemente favoreció
a un conglomerado empresarial venezolano, el grupo
Vollmer, en la venta de Irrigadora Chimbote S. A. De
hecho, Ulloa había sido accionista y miembro del
directorio de dicho grupo. [107] [p.422]
[Gobierno de Belaunde: Alivio de la deuda contra la
Constitución: 1) Rescate bancario de Bancoper - 2)
Alivio de la deuda debido a 2 buques de carga -
exportaciones falsas con abuso de subvenciones a la
exportación de Certex]]
En 1982, el fracasado rescate estatal de Bancoper,
un banco privado que se encontraba en serias dificultades
financieras por préstamos hechos a empresas del grupo
Bertello, uno de sus principales accionistas, llevó a que
el Estado usara hasta 30 millones de dólares del Banco
Central de Reserva y del Banco de la Nación para cancelar
deudas del sector privado. Este procedimiento
irregular generó una «acusación constitucional» en 1985,
sobre la base del informe en mayoría de una comisión
investigadora del parlamento. [108] Otro cargo fue hecho
contra dos exministros del régimen belaundista por haber
aceptado una deuda de 42 millones de dólares
(posteriormente elevada a 73 millones), generada por las
pérdidas en el arriendo y posterior «compra» del Mantaro y
el Pachitea, dos naves de carga inútiles.
Estas transacciones se concertaron en 1981 con una
compañía italiana por el gerente general de la Corporación
Peruana de Vapores (CPV), Sandro Arbulú Doig, y otros
funcionarios de la CPV. [109]
Ambos cargos no avanzaron debido a obstáculos
parlamentarios y judiciales asociados con el principio
político de «borrón y cuenta nueva», aplicado durante el
gobierno siguiente de Alan García. Pero tal vez el caso
más escandaloso de abuso involucró el uso de los incentivos
fiscales del Certex, permitido por los
funcionarios del Ministerio de Economía y la
Administración de Aduanas. Exportadores inescrupulosos,
entre los cuales se encontraban los propietarios de
Confecciones Carolina, recibieron pagos en efectivo del
Certex por el envío de contenedores con exportaciones
«no tradicionales» falsas o inexistentes; o, en su
forma de carrusel, por la «exportación» e
«importación» del mismo producto hacia y desde un país
vecino. Estos y otros abusos contribuyeron a
disputas con Estados Unidos en torno al comercio bilateral
de productos textiles. [110]
[Gobierno de Belaunde: La democracia vuelve a ser
dictadura - crece la corrupción en todos los ámbitos -
populismo e intervencionismo - Alan García del APRA
promete "honestidad"]
Al final, la víctima principal de los malos manejos, la
corrupción y la incompetencia de la negligencia benigna
del segundo régimen belaundista fue [p.423] la mismísima
democracia liberal. Esta se tildó de democracia
«delegativa» o democracia con un asterisco.
[111] La pérdida de confianza en las instituciones
democráticas camufló una proclividad generalizada hacia la
corrupción en todos los sectores de la
Administración Pública y de la vida cotidiana.
Los problemas económicos exacerbaron esta tendencia. Más
aún, la creciente percepción de la incompetencia de la
democracia liberal para resolver problemas urgentes
inclinó la balanza a favor de posturas populistas
y del intervencionismo estatal del joven
candidato aprista Alan García Pérez, quien
prometió honestidad y medidas urgentes para superar la
crisis. [112]
Los medios de Alan García
-- Alan García nació el 23.5.1949 en Lima, colegio en
Barranco
-- su familia es del APRA, su madre Nytha Pérez Rojas fue
cofundadora del APRA en Camaná [ciudad costera del sur del
Perú].
-- su padre Carlos García Ronceros fue secretario del APRA
bajo el gobierno militar de Odría, el APRA fue prohibido y
su padre estuvo detenido durante años.
-- Alan García destacó en retórica en el colegio, estuvo
en las juventudes apristas y obtuvo su carnet de afiliado
a los 17 años.
-- Estudió derecho en Lima, graduado en 1971 en la
Universidad de San Marcos, 1972 doctorado en derecho en
Madrid, 1974-1977 estudió sociología durante 3 años pero
sin título [web02].
[Gobierno de García desde 1985: El APRA de drogas
quiere resolver todos los problemas - soborno +
corrupción continúan - decepción desde 1987 - Vargas
Haya renuncia al APRA]
La toma de mando de García Pérez en julio
de 1985 se recibió con grandes expectativas. Era la
primera vez en la historia que el viejo partido aprista
dominaba el poder ejecutivo sin rival alguno y contaba
además con una clara mayoría en el Congreso. Las
recompensas esperadas por tantos años de lucha política
animaban a jóvenes y viejos apristas: esta era la
oportunidad largamente esperada de resolver los problemas
del Perú siguiendo el lema sectario de «solo el APRA
salvará al Perú». García, de treinta y seis
años, confiaba más bien en la vieja escuela populista
radical, opuesta a la postura moderada en retirada. [113]
Con el respaldo del viejo dirigente partidario Armando
Villanueva, García desplazó a las facciones rivales
surgidas tras la muerte de Haya en 1979, consolidó la
autoridad partidaria y se convirtió en secretario general
del APRA y su candidato presidencial en 1984 y 1985,
respectivamente.
Los apristas desplazados pronto criticaron lo que vieron
como el creciente distanciamiento ideológico y moral que
separaba a García del reverenciado patriarca Haya. También
denunciaron la incapacidad de García para superar el
soborno y la corruptela en su recién
inaugurado gobierno. [114] Vargas Haya, diputado elegido
por el APRA en 1985 y presidente de la Cámara de diputados
[p.424] en 1988, discrepaba con los procedimientos de la
dirigencia de su partido en varios aspectos, sobre todo en
lo que él consideraba como el perdón de la corrupción del
gobierno anterior. [115] A Vargas Haya le
tomó varios años denunciar públicamente los males de su
partido y, finalmente, renunciar a su antigua militancia
aprista. La creciente decepción con el
gobierno de García dentro del APRA y entre quienes votaron
por él creció después de su primer año y se extendió tras
su segundo año en el mando.
[Gobierno de García: política económica con fines
políticos para sí misma - intervencionismo con controles
de precios, controles de importación, controles de
cambio - programa de empleo - quiere reducir el gasto
militar - tipo de cambio especial del dólar para
industriales - 12 apóstoles]
Inicialmente, el presidente había logrado mantener un
importante respaldo público y la colaboración de
influyentes grupos de élite gracias a su carisma personal
y a sus sigilosas transacciones políticas y económicas. Su
política económica central fue diseñada por un pequeño
grupo de estrategas económicos «heterodoxos» de
inclinación izquierdista. Pronto se hizo evidente que
García buscaba manipular el manejo económico para
conseguir resultados políticos. Sus medidas
intervencionistas recordaban a las
implementadas por los gobiernos de Bustamante y Velasco
puesto que favorecían los controles de precios,
importaciones y divisas extranjeras, todas
ellas fuentes principales de un abusivo poder
discrecional, favoritismo y tráfico de influencias.
García, además, elevó los salarios, lanzó un ambicioso
programa de empleo y prometió reducir
el gasto militar. [116]
Los peligros de la intervención populista no perturbaron a
los importantes intereses económicos que habían logrado un
pacto o concertación con el gobierno de García con la
finalidad de que reactivara la economía mediante la
expansión de la oferta interna. Las políticas que reducían
la capacidad industrial subutilizada y daban un acceso
privilegiado a las divisas extranjeras, a una tasa
subsidiada más baja (dólar de mercado único de cambio o dólar
MUC), fueron particularmente beneficiosas para
aproximadamente una docena de grupos empresariales
nacionales cuyos líderes pasaron a ser conocidos como los
«doce apóstoles» por su compromiso con
García. Los más importantes de ellos habían contribuido
discreta pero generosamente a su campaña presidencial.
[117]
[Gobierno Alan García: limita los pagos de intereses en
el extranjero al 10% de los ingresos de exportación - 2
años de crecimiento económico - julio 1987: García
quiere nacionalizar bancos + compañías de seguros + sus
aliados con resistencia - García fracasa]
Asimismo, la estrategia económica y financiera de García
descansaba sobre la temprana y controversial decisión de
limitar el pago de los intereses [p.425] de la deuda
externa al 10 por ciento de los ingresos totales de
las exportaciones peruanas. Las implicaciones
políticas internacionales de este audaz anuncio colocaron
al Perú, un país con urgentes necesidades de
financiamiento e inversión extranjera, en una situación
incómoda con la comunidad financiera internacional. Esta
vulnerabilidad eventualmente tuvo consecuencias negativas
para las finanzas y reservas peruanas. Sin embargo, García
se presentó como el valeroso defensor de un pequeño país
asediado por las grandes instituciones bancarias
internacionales. El artificio económico
contradictorio, preparado por García, sus asesores y
aliados, solamente funcionó por dos años.
Comenzó a derrumbarse después de que el presidente
anunciara su decisión de nacionalizar los bancos y las
compañías de seguros en julio de 1987. Esta
decisión fue un error monumental que alejó a sus amigos
capitalistas, varios de los cuales eran propietarios de
los bancos más importantes del país, y a la mayoría de la
clase media. Así, pese a los serios esfuerzos realizados
por el ejecutivo para implementar la nacionalización, la
creciente oposición y los obstáculos legales derrotaron
el plan radical de García.
[Gobierno de García: mejora los derechos humanos en el
ejército, reduce la corrupción en la policía -
reorganización de la policía - éxitos contra el
narcotráfico]
En lo que concierne a las fuerzas policiales y militares,
las primeras medidas de García se concentraron en la
«moralización» y el respeto por los derechos humanos. La
reacción de este presidente populista a la extendida
corrupción de las diversas ramas de la policía al
finalizar el gobierno de Belaúnde consiguió logros
modestos. Se despidió u obligó a pasar al retiro a los
funcionarios y autoridades corruptos y reorganizó la
Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de
Investigaciones. A comienzos de 1986, estas se
rebautizaron como los departamentos de Policía
General, de Seguridad y Técnica,
respectivamente, y los tres fueron puestos bajo la égida
de una Policía Nacional. La Policía Técnica de
investigaciones, en particular, profundamente corrompida
durante el gobierno anterior, experimentó una mejora
al enfrentar los delitos relacionados con el tráfico
de drogas. [118]
[Gobierno de García: Investigación de masacres
militares en los Andes - reorganización del Ministerio
de Defensa - García quiere solo 12 juguetes Mirage]
García había pensado depender más de las fuerzas
policiales bajo la autoridad de su ministro del Interior,
al tiempo que limitaba el poder inflado de los militares
en cuestiones del gasto en adquisición de armas y
represión de la subversión. Varios generales fueron
responsabilizados por distintas masacres de civiles
en las zonas de emergencia y obligados a pasar
a retiro. García envió mensajes contradictorios a los
militares en relación con esfuerzos antiterroristas y creó
un único Ministerio de Defensa que absorbió
a los ministerios de [p.426] las tres fuerzas armadas.
Aunque el cambio fue fundamentalmente burocrático y
cosmético, muchos altos oficiales consideraron que se
trataba de una intromisión indeseable en los asuntos
militares y amenazaron con un golpe. [119] Pero tal vez la
decisión más controversial en lo que respecta a los
militares fue la que implicó el corte de parte de
la compra de veintiséis aviones caza mirage 2000
pactada por el gobierno de Belaúnde con las compañías
estatales francesas Marcel Dassault y Snecma Thomson.
García y sus asesores sostenían que reducir la compra a doce
aviones le ahorraría al gobierno peruano una
suma considerable que podría usarse en rubros más
urgentes. Sin embargo, las negociaciones secretas y el
arreglo final de este asunto dejaron persistentes dudas.
[120]
[Gobierno de García: sobornar a los medios con el tipo
de cambio del dólar MUC - amigos en los medios - ¿de
dónde viene su fortuna?]
Durante los primeros años de gobierno, los medios de
comunicación tuvieron una actitud benigna con García. Los
dueños de diarios, radios y empresas televisivas tenían un
acceso privilegiado a los dólares MUC
[financiado por el contribuyente], a la tasa oficial para
importar bienes y pagar por servicios en el extranjero.
Además, García contaba con el respaldo de propietarios
claves de los medios, como su cercano amigo y asesor Héctor
Delgado Parker, copropietario de la red de TV
más importante de la época. La influyente revista Caretas
y el diario de izquierda La República también simpatizaban
con García. Otros periódicos ligados a importantes grupos
económicos evitaron molestar al joven presidente con miras
a conseguir algún tipo de beneficio. No sorprende que
aparecieran pocos escándalos de corrupción antes de 1987.
Solamente Fernando Olivera, un tenaz diputado de la
oposición, planteó preguntas enojosas acerca de los orígenes
de los ingresos y propiedades del presidente
electo justo antes de asumir el mando. Olivera propuso una
investigación parlamentaria que fue rechazada por la
mayoría aprista en la Cámara de diputados. [121]
[Gobierno de García: favorece a la gente del APRA en
oficinas y administración - sin competencia ni diplomas
- dólar MUC - siempre más APRA en la justicia +
descuidado - bajos salarios favorecen soborno -
luminosos siguen libres por amenazas]
Las primeras señales y percepciones de renovada corrupción
aparecieron debido a la presencia cada vez mayor de militantes
y simpatizantes apristas en los puestos e
instituciones de la Administración Pública. La
competencia técnica y el mérito pesaban menos que el
auspicio partidario. Las burocracias claves como el Banco
Central de Reserva (BCR), el departamento de
contribuciones [p.427] (DGC) y el seguro social (IPSS)
fueron controladas por funcionarios apristas. [122] Los
amigos cercanos de García y su partido, como algunos
empresarios, tuvieron acceso a dólares a una tasa
de cambio subvaluada para sus propios negocios
privados. Asuntos similares trajeron abajo al régimen de
Fernando Collor de Mello en Brasil.
El sistema de justicia mantuvo una decadencia que parecía
imparable. El gobierno de García impuso la selección de
varios jueces entre miembros de su partido. Los recursos
urgentemente necesarios para revivir el sistema judicial
no llegaban. De este modo, las condiciones de jueces
incompetentes, salarios extremadamente bajos y una
peligrosa cantidad de casos pendientes, el 80
por ciento de los cuales estaba ligado a personas
detenidas en prisión, no cambiaron o más bien empeoraron.
Muchos narcotraficantes operaban con virtual
impunidad sobornando a los jueces, en tanto
que los magistrados de Lima y provincias temían
condenar a terroristas por miedo a sufrir represalias.
[123] Al explicar la información conseguida por los
funcionarios del programa USAID sobre reformas judiciales
en el Perú desde 1987, un funcionario de Estados Unidos
sostuvo que el presupuesto inadecuado era «probablemente
la causa más importante del fracaso del sistema, puesto
que lleva a la corrupción del personal judicial, que para
su supervivencia económica depende de pagos de dinero bajo
la mesa hechos por abogados y clientes». [124]
[Gobierno de García: Escándalo carcelario de junio de
1986: Los Senderos convierten cárceles en sede de
Sendero - motines carcelarios - cerca de 300 muertos -
García encuentra un chivo expiatorio "Guardia
Republicana"]
Uno de los escándalos que remeció al gobierno de García se
derivó de las espantosas condiciones de vida en las
prisiones estatales. Los senderistas detenidos [maoistas
del "Sendero Luminoso" en los Andes], la mayoría de los
cuales esperaba ser juzgado, habían convertido
varias prisiones en bastiones de resistencia,
propaganda y reclutamiento. Así, los presos
terroristas coordinaron levantamientos simultáneos
en tres penales de Lima en vísperas de la
conferencia de la Internacional Socialista, celebrada en
Lima en junio de 1986, en la cual García
esperaba tener un papel estelar. El presidente ordenó al
alto mando de las fuerzas armadas que se hiciera cargo del
asunto, en lo que sería una acción militar que dejó
alrededor de trescientos [p.428] presos muertos,
un gran número de los cuales fueron ejecutados in situ
luego de haberse rendido. [125] Los pedidos de
investigaciones por los abusos cometidos contra los
derechos humanos se multiplicaron tanto dentro como fuera
del país, una vez que se supo la magnitud de la masacre
unos cuantos días más tarde. García dio marcha atrás en su
postura inicialmente desafiante y atribuyó a la débil
Guardia Republicana lo que él llamó los
«excesos» cometidos en la represión de los levantamientos,
en lugar de implicar a los militares o a su mando civil.
En esta ocasión, García demostró su semblante político al
evitar asumir obvias responsabilidades. Su reputación
había sido dañada y su imagen se erosionó profundamente.
[126]
Mira como son los católicos criminales en el Perú y como
se destruyen:
[Gobierno de García: corrupción y traición desde 1987 -
lavado de dinero en el Banco de Crédito - contrabando de
armas - inflación superior al 1000% - el PIB cae un 14%
- proyectos grandes como el ferrocarril de Lima o riego
fracasan debido a la corrupción en el régimen de García]
Los escándalos de corrupción comenzaron a
salir a la luz tras la fallida nacionalización de la banca
en 1987, que convenció a un importante sector de la élite
y de los medios de masas de oponerse a las
inconsistencias, políticas contradictorias y
traiciones de García. Dionisio Romero, uno de
los banqueros más ricos e influyentes del Perú, declaró en
el canal 5 de televisión que él había contribuido al
financiamiento de la campaña electoral de Alan García.
[127] El depósito irregular de las decrecientes reservas
del BCR en el Banco de Crédito y Comercio
Internacional (BCCI), que estaba en problemas
y que era culpable de lavado de dinero y de otras
prácticas ilegales en el ámbito global, captó la atención
de la creciente oposición.
-- El sospechoso papel desempeñado por el gobierno en un posible
encubrimiento de tráfico de armas en conexión con el
general Manuel Noriega de Panamá (el caso de
la nave danesa Pía Vesta) (contrabando de
armas soviéticas de Rostok a Lima sin destinatorio
[web01]), y
-- el ministro del Interior Agustín Mantilla
(la nave peruana Sabogal y la polaca Zuznica),
exsecretario de García y su mano derecha,
-- a quien además se acusaba de proteger a comandos
paramilitares,
llevó a diversas investigaciones y especulaciones. [128]
El desastroso desempeño económico que condujo a tasas de
inflación de cuatro dígitos y a una caída del 14 por
ciento del PBI incrementó la presión contra el régimen
aprista en el poder. Las obras públicas fallidas o [p.429]
ineficientes
-- como el costoso tren eléctrico,
anunciado como la solución al problema del transporte de Lima,
y
-- el proyecto de irrigación de Chavimochic,
en la región norte,
pasaron a ser símbolos icónicos de la corrupción.
[Gobierno García: La agricultura no avanza, los
controles de precios y las importaciones restringidas
provocan hambre + mercado negro - errores y escándalos
de transporte]
Asimismo, el fracaso de la política agraria de García, de
los controles de precios y de las restricciones a la
importación de alimentos, tuvo varias consecuencias
desastrosas. Surgió entonces un mercado negro de
productos alimenticios, y la especulación y
otras manipulaciones provocaron grandes penurias para los
consumidores de bajos ingresos. Los funcionarios
del Estado se encontraron implicados en numerosos
escándalos. Por ejemplo, el ministro de
Agricultura Remigio Morales-Bermúdez Pedraglio
se vio forzado a renunciar a mediados de 1988, luego de
que un envío de carne importada fuera descubierto podrido
a su arribo, supuestamente por un mal manejo burocrático.
[129]
[Gobierno de García: Erradicación de la cultura de la
coca no sale por resistencia andina: ataques a la base
policial de Santa Lucía - cultivadores de coca están
protegidos de los maoístas y la policía participa en el
narcotráfico - el exterminio de los maoístas tiene la
primera prioridad]
En el campo del narcotráfico, el compromiso del gobierno
con la erradicación de la coca y la interdicción del
tráfico de cocaína, en colaboración con los programas de
la Agencia Antidrogas (DEA) del Departamento de Justicia
de Estados Unidos que aprobó automáticamente la
certificación del Congreso estadounidense para la
asistencia técnica, fue minado por la oposición política
izquierdista y las actividades rebeldes en el Alto
Huallaga. La respuesta militar a los ataques
insurgentes contra la base policial antidrogas de
Santa Lucía (cerca de Uchiza, en la provincia
de San Martín), comandada por el brigadier general Alberto
Arciniega, habría sido proteger a los productores
y traficantes de coca para así
contrarrestar la influencia de [los maoistas del]
Sendero Luminoso y beneficiarse personalmente.
[130] Un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa
(DIA) estadounidense afirmaba, en septiembre de 1989, que
los «militares peruanos están ahora involucrados con los
traficantes de drogas al tiempo que intentan erradicar la
insurgencia». [131]
[Puede ser que los maoístas "Sendero Luminoso" sean una
maniobra del gobierno como argumento para luego expandir
el tráfico de drogas contra los "Estados Unidos"].
Fig. 19. Asalto a los bancos. En 1987 el presidente Alan
García Pérez (1985-1990)
añade motivos de sospecha a su declinante primera
administración con un intento explosivo por
nacionalizar el sistema bancario. «¡Manos arriba!». Por
Eduardo Rodríguez, «Heduardo».
La historia según Heduardo. Lima: Empresa Editora Caretas,
1990.
Fig. 20. Alan García se defiende contra acusaciones de
corrupción en 1991, poco después del término de su
primer mandato. Una serie de imputaciones se acumularon
contra García en base a evidencias provenientes de
Nueva York, Italia y de investigaciones parlamentarias.
Los cargos contra García fueron archivados debido a
alegaciones sobre la amenaza a los derechos humanos
refrendadas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, así como por evidentes errores procesales durante
el fujimorato. Archivo Revista Caretas. [p.431]
[1990-1991: Investigaciones por corrupción contra
García - García intenta defenderse - políticos
anticorrupción intentan eliminar su inmunidad]
Sin embargo, las revelaciones y descubrimientos más
importantes de malos manejos y corrupción tuvieron lugar
después de que García dejara el mando en [p.430] julio de
1990. Una serie de complicadas alegaciones y cargos que
llevaron a investigaciones, sanciones y procesos
parlamentarios echó luz sobre una amplia gama de
corruptelas que habría existido durante el gobierno de
García. Ellas comenzaron con las investigaciones
parlamentarias. García, con el respaldo infalible de sus
asesores y colaboradores políticos y legales, se defendió
con enérgicas muestras de destreza legal y oratoria. Una
nueva generación de políticos anticorrupción —los
diputados Fernando Olivera, Lourdes Flores y Pedro
Cateriano, entre otros— unieron fuerzas para
privar a García de su inmunidad parlamentaria como primer
paso para que fuera enjuiciado.
[Proceso contra García 1991: Acusaciones de
enriquecimiento + robo de fondos de juguetes Mirage, del
rescate Banco de Crédito y del tren suburbano de Lima -
el régimen de Fujimori comete errores procesales y
García permanece impune]
Los principales cargos presentados contra García en 1991
incluían el enriquecimiento ilícito como
funcionario, debido a ingresos no declarados de dudoso
origen y probables ganancias ilegales provenientes
de su participación directa en los casos de los
aviones mirage y el BCCI. Cargos adicionales
incluyeron el pedido y la recepción de sobornos de
la agencia estatal italiana que financió la
construcción del sistema del tren eléctrico de Lima.
Altos exfuncionarios, entre ellos Mantilla, el último
ministro del Interior de García, también enfrentaron
cargos. Las evidencias provinieron inicialmente de
investigaciones no relacionadas entre sí, llevadas a cabo
en Estados Unidos e Italia, así como de las repercusiones
de las averiguaciones parlamentarias y judiciales de la
década de 1990. A pesar de los errores procesales que
finalmente descarrilaron el caso de la fiscalía contra
García, y del corrupto contexto político e institucional
del posterior régimen de Fujimori, se aprendieron
importantes lecciones para el establecimiento de
procedimientos anticorrupción modernos en los sistemas
tanto político como legal del Perú.
[1991: La caída de García sin formación política - pero
juega con el poder judicial para que nunca sea
castigado]
La habilidad oratoria y demagógica de García lo hizo un
dirigente carismático y popular. Pero él distaba mucho de
ser un líder adecuado para las urgentes circunstancias del
momento. Vargas Haya consideraba que García era movido
fundamentalmente por el beneficio personal inmediato y por
el supremo deseo de conquistar el poder. [132] Sus notorias
tendencias egocéntricas, autocráticas y sectarias
minaron en lugar de reforzar las instituciones del sector
público que tan necesitadas estaban de un cambio profundo.
Muchos analistas se han concentrado en las consecuencias
negativas de los rasgos políticos y autoritarios de
García, descuidando, sin embargo, la difundida corrupción
que semejante estilo político generó. [133] La historia de
los casos legales abiertos en su contra [p.432] entre 1990
y 2001 ilustra un patrón de aprovechamiento de la
incompetencia judicial y de la política como un medio para
recuperar el poder.
Juicio frustrado - [el corrupto Fujimori
da la libertad del corrupto García]
[Gobierno de Fujimori contra García: creación de una
"comisión especial" sobre el "enriquecimiento" - la
masacre de carceles de 1986 no es investigado - Fernando
Olivera con el partido moral FIM]
El 16 de agosto de 1990, durante una de las primeras
sesiones de la nueva legislatura tras el fin del primer
gobierno de García, se aprobó una moción multipartidaria
en la Cámara de diputados para crear una comisión
especial que investigara las transacciones locales y
extranjeras de García durante su mandato. La
insatisfacción pública con su gobierno apoyó la medida
legislativa de investigar al expresidente y senador
vitalicio. Si la pesquisa producía evidencias suficientes
para dudar de la honestidad administrativa de García, el
expresidente perdería su inmunidad parlamentaria e iría a
juicio por «enriquecimiento ilícito». La
decisión del Congreso de permitir que la comisión especial
investigue las finanzas de García era un mero formalismo,
puesto que el entendimiento entre el APRA y Fujimori
podría fácilmente haber detenido toda acción parlamentaria
efectiva en contra de García. Un intento simultáneo de
acusarle de violaciones de los derechos humanos en
relación con la masacre de los penales de 1986 fue
frustrado por los diputados apristas y fujimoristas.
La investigación sobre los ingresos de García fue liderada
por Fernando Olivera, tenaz diputado que
representaba a un nuevo partido, el Frente
Independiente Moralizador (FIM), que había
competido en las elecciones de 1990 bajo la bandera de la
lucha contra la corrupción. La comisión especial estaba
asimismo integrada por tres otros prometedores abogados y
miembros de la minoría opositora: Lourdes Flores,
Pedro Cateriano y Fausto Alvarado. La Comisión
Olivera, como se la llamó, tuvo un encargo limitado:
encontrar evidencias creíbles para presentar a la Cámara
de diputados la posibilidad de establecer cargos formales
contra García.
[Comisión Olivera: La prueba de las diferencias entre
los ingresos oficiales y los bienes declarados no es
suficiente - Se deben proporcionar pruebas de
transacciones - Los funcionarios bloquean la Comisión -
Testigos + detectives - García se negó a revender los
juguetes Mirage a Medio Oriente con una ganancia de 300
millones de dólares]
Con poco tiempo para construir el caso, la Comisión
Olivera optó por encontrar evidencias de
ingresos sospechosos que pudieran constituir la base de
una acusación de enriquecimiento ilícito. Este método
tenía, sin embargo, una debilidad flagrante: incluso si
los miembros de la comisión podían probar una desproporción
considerable entre el ingreso oficial de García y sus
activos [p.433] declarados, sería necesario
contar con más evidencias para convencer a una audiencia
parlamentaria o jurado de la existencia de delitos
relacionados con la corrupción.
Las declaraciones completas del impuesto a la renta de
García y otras fuentes financieras fueron difíciles de
obtener, debido a que los altos funcionarios del
nuevo gobierno de Fujimori no colaboraban. Sin
embargo, la comisión reunió datos interrogando a
testigos y contratando a dos agencias
privadas de detectives: Kroll de Nueva
York y Larc de Miami. Además,
la investigación del caso de los Mirage reveló que lejos
de haber sido una transacción ventajosa para el Estado
peruano, como afirmaba García, el gobierno había perdido
un ingreso potencial de aproximadamente trescientos
millones de dólares. Según los contratos
originales, si el gobierno francés hubiera dado su
aprobación, el Perú podría haber revendido los catorce
aviones no deseados con una ganancia gracias al alza del
precio de las aeronaves en el mercado internacional. De
este modo, una tercera parte que actuaba a nombre de un
país de Oriente Medio pudo haber sobornado a funcionarios
peruanos para beneficiarse con la reventa que el gobierno
desistió de llevar a cabo. La Comisión Olivera presentó
evidencias demostrando que las reuniones de García con el
legendario traficante de armas Abderraman El Assir,
que el exmandatario negaba, en realidad sí tuvieron lugar.
[134] Sin embargo, los representantes del gobierno francés
del presidente François Mitterrand
declararon que no hubo ninguna irregularidad en la compra
peruana.
[Cuentas bancarias de Alán García y su esposa en los
"EUA" - Alán García contrata al bufete de abogados
Arnold & Porter de Washington contra la Comisión
Olivera con quejas formales - Alán García agita ahora
con grandes oraciones contra la Comisión Olivera]
Entretanto, las agencias Kroll y Larc presentaron
—independientemente la una de la otra— evidencias de
posibles cuentas bancarias en "Estados Unidos"
bajo el nombre de García o el de su esposa, abiertas en la
década de 1980. García, representado legalmente por Jorge
del Castillo, abogado, exparlamentario y
exalcalde de Lima, había conseguido los servicios de la
poderosa firma legal Arnold & Porter
de Washington, D. C., para contrarrestar las
investigaciones de la Comisión Olivera en Estados Unidos.
[135] Las averiguaciones de Kroll y Larc se vieron
limitadas por varios factores. La Comisión Olivera tuvo
dificultades para pagar los servicios proporcionados por
ambas agencias, puesto que carecía de respaldo financiero
para sus gastos. Además, Arnold & Porter sostuvo quejas
formales a nombre de García contra ambas agencias por
irregularidades empresariales. Las quejas
presentadas en Florida tuvieron [p.434] como resultado
multas menores impuestas a Ralph García, el
investigador y propietario de Larc, circunstancia que el
APRA y sus partidarios aprovecharon en los medios peruanos
para desacreditar los hallazgos de la Comisión Olivera.
[Evidencia contra Alán García: del comité del Congreso
"estadounidense" encabezado por John Kerry - sobre
lavado de dinero + comercio de juguetes en el banco de
crédito BCCI]
Cuando la investigación estaba a punto de encallar,
aparecieron evidencias adicionales provenientes de una
fuente inesperada. Mientras la Comisión Olivera intentaba
salvar en Estados Unidos las tenues evidencias presentadas
por Kroll y Larc, apelando a las autoridades
estadounidenses para que levantaran el secreto sobre las
cuentas que García podía tener en dicho país, también se
iba siguiendo la pista de las conexiones de García con el
BCCI. Miembros de la comisión peruana se reunieron con el
personal de la comisión del Congreso de Estados Unidos,
liderada por el senador John Kerry, que
entre otros asuntos estaba a cargo de la investigación
del lavado internacional de dinero y el tráfico de
armas del BCCI. En julio de 1991, las
autoridades británicas y estadounidenses emitieron órdenes
judiciales para el cierre de las sucursales del
BCCI en catorce países y la confiscación
de los archivos de la compañía. En Washington,
D. C., los miembros de la Comisión Olivera fueron
informados de que Robert Morgenthau, el
fiscal de distrito de la ciudad de Nueva York, se
encontraba investigando el caso.
[NYTimes mit Artikel über die Kreditbank-Aktivitäten:
Schmiergelder für die 2 Chefs der Nationalbank von Peru:
3 Millionen Dollar - von der Peru BCCI fliessen 250 Mio.
Dollar an die Panama-BCCI - García muss davon gewusst
haben - Quelle sind Kronzeugen in den "USA"]
Einige Wochen später veröffentlichten die New York Times
und andere Medien Berichte über verdächtige Transaktionen
zwischen der peruanischen Regierung und der BCCI in der
Ära García. Am 1. August 1991 berichtete Morgenthau in
einer in Peru ausgestrahlten Wochenschau,
dass die beiden Spitzenbeamten der Central Reserve
Bank of Peru (BCR) im Zeitraum 1985-1986, ihr
Präsident Leonel Figueroa und ihr Manager Héctor Neyra, Schmiergelder
in Höhe von insgesamt drei Millionen Dollar
auf zwei Offshore-Konten erhalten hatten, um die
Einzahlung von BCR-Reserven in Höhe von bis zu 250
Millionen Dollar in der panamaischen
BCCI-Niederlassung zu veranlassen. Morgenthau enthüllte
die Codenamen der Konten und behauptete,
Garcia habe von diesen riskanten Transaktionen gewusst und
sie genehmigt. Morgenthaus Informationen stammten aus der
Prüfung von Dokumenten, die bei BCCI beschlagnahmt worden
waren, und aus Aussagen von Angeklagten, die sich im
Gegenzug für eine Strafminderung oder einen Freispruch für
eine Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft entschieden
hatten. Morgenthau wies die Olivera-Kommission darauf hin,
dass in solchen Fällen Vereinbarungen über die
Zusammenarbeit von Zeugen die einzige Möglichkeit
darstellten, rechtlich zulässige Beweise zu erlangen. In
Peru wurden erst Jahre später (durch das Gesetz 27378 vom
20. Dezember 2000) rechtliche Verfahren eingeführt, um
Aussagen von beschuldigten oder potenziell beschuldigten
Zeugen im Austausch für Schutz und effektive
Zusammenarbeit zu erhalten. [p.435]
[La aduana "estadounidense" reporta grandes sumas de
dinero del círculo de amigos del Perú - Congreso +
Senado deciden acusar a García - pero el poder judicial
peruano es todavía con el APRA + rechaza la acusación
por falta de pruebas e inexactitud de los cargos]
Con la información así reunida, la Comisión Olivera
presentó su informe a la Cámara de diputados. La opinión
pública estaba abrumadoramente a favor de que se procesara
a García, a Figueroa y a Neyra (los dos
últimos habían fugado del país). Información adicional
solicitada al Departamento del Tesoro de Estados Unidos
dio evidencias adicionales de que varias personas del
entorno de García habían declarado grandes sumas de
dólares en efectivo en las aduanas de "Estados
Unidos". Entonces, en octubre de 1991,
una mayoría de diputados y senadores decidió suspender
la inmunidad de García y procesarle por
enriquecimiento ilícito. [136] Sin embargo, la
primera corte penal peruana rápidamente desestimó el caso
por falta de evidencias e imprecisión de los
cargos criminales. Los jueces responsables por
esta controversial decisión habían sido nombradosdurante
el gobierno de García o tenían sólidos vínculos con el
APRA.
[5.4.1992: Fujimori deja agir militares - arresto de
amigos de García - García busca asilo en la embajada de
Colombia - junio de 1992: El presidente de Colombia
Gaviria rescata al criminal García - Fujimori lo permite
- García se convierte en un tiburón inmobiliario en
Bogotá y París (!) - juicio en ausencia en septiembre de
1992]
El 5 de abril de 1992, el autogolpe de Fujimori que contó
con el respaldo de los militares demolió
toda apelación legal de base constitucional en el caso de
García. Se enviaron oficiales militares a que arrestaran
al expresidente y a otros jefes políticos. García
supuestamente evadió la prisión escondiéndose durante tres
días en una obra en construcción cerca de su casa. Luego,
buscó asilo en la embajada colombiana, un
tradicional refugio aprista. El presidente
colombiano César Gaviria dispuso personalmente
que un avión militar lo retirara del Perú en junio
de 1992 y el gobierno de Fujimori le permitió partir
sin recurrir a los procedimientos de deportación. García
pasó los siguientes ocho años viviendo entre Bogotá
y París, donde se arguye adquirió inmuebles de mucho
valor. Los fiscales iniciaron el proceso en su
contra in absentia en un tribunal criminal especial en
septiembre de 1992. El caso (expediente 21-92) incorporó
todas las evidencias presentadas por la Comisión Olivera.
[137]
Mira como cacólicos criminales saben robar al
contribuyente peruano: 7 millones de dólares del sistema
de trenes de Lima que no fue acabado:
[Nov. 1993: Testimonio de Italia de Tralima: García ha
desviado cerca de 7 millones de dólares del proyecto del
tren suburbano de Lima para su círculo de amigos -
cuenta del amigo Zanatti en las Islas Caimán en Barclays
Bank frente a Cuba - orden de arresto]
En noviembre de 1993 se obtuvo información adicional
crucial contra García cuando Vittorio Paraggio, un
fiscal italiano, llegó a Lima para compartir y
corroborar los resultados de una investigación italiana.
Paraggio estaba [p.436] investigando la corrupción del
expresidente italiano Bettino Craxi y de su ministro de
Relaciones Exteriores Giulio Andreotti. Sergio
Siragusa, un testigo italiano especial y jefe
de Tralima —una agencia vinculada con el
departamento italiano de asistencia al exterior, a cargo
del financiamiento de la construcción del sistema
del tren eléctrico de Lima —, hizo un
testimonio comprometedor mediante el procedimiento
italiano de colaboración eficaz. Siragusa afirmaba que
García personalmente había solicitado «comisiones»
similares a las de «Bettino» para facilitar el proyecto de
construcción. Siragusa atestiguó que él mismo había
entregado dinero en efectivo, además de realizar depósitos
en una cuenta del Barclays Bank de Gran Caimán,
[islas de Caimán cerca de Cuba] perteneciente a Alfredo
Zanatti, el amigo de García, por un total de unos siete
millones de dólares. Estas evidencias novedosas fueron la
base de un nuevo caso abierto en 1995 (01-95), que
incorporó y sustituyó al anterior (21-92). Los fiscales ad
hoc del Ministerio Público y del Ministerio de Justicia
acordaron los cargos contra García: conspiración para
defraudar (colusión ilegal), tráfico de influencias
(negociación incompatible), recepción de sobornos (cohecho
pasivo) y enriquecimiento ilícito. [138] Se repartió una
orden judicial a las agencias apropiadas de los gobiernos
extranjeros para que se arrestara a García bajo el cargo
de «reo contumaz».
Un japonés criminal Fujimori proteje a un peruano cacólico
choro criminal García que ha robado 7 millones de dólares:
[Los abogados del APRA de García afirman que la orden
de arresto afectaría los "derechos humanos" de García -
el criminal Fujimori retrasa el caso hasta el estatuto
de limitaciones - y García se postula para presidente
nuevamente (!)]
Del Castillo, el abogado defensor de García, y su
sucesora, la abogada aprista Judith de la Matta, fundaron
la defensa sobre una queja presentada ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de
la Organización de Estados Americanos, encabezada en ese
entonces por el expresidente colombiano Gaviria. La
decisión de la CIDH, emitida en 1995, fue favorable a
García y recomendaba desestimar los cargos debido a las
restricciones políticamente motivadas al ejercicio de los
derechos humanos de García. Tras la caída de
Fujimori, la sala criminal especial a cargo del caso
01-95, al contemplar la decisión de la CIDH remitida por
el entonces ministro de Justicia Diego García Sayán,
aprobó que se desestimaran los cargos debido a la
prescripción de los delitos alegados. Esta
controversial decisión fue infructuosamente apelada por el
fiscal ad hoc Jorge Melo-Vega Layseca. Dado que García ya
no enfrentaba un juicio, le fue posible lanzar su
candidatura a la presidencia en las elecciones de abril de
2001. [p.437]
[Ministro del Interior de García Mantilla con algo de
dinero de ayuda de Montesinos: 30.000 dólares para una
campaña electoral - y un poco de comercio de juguetes
con Israel con el traficante de armas Zvi Sudit]
Los escándalos que involucraban a miembros del círculo
íntimo de García continuaron apareciendo. El líder y
parlamentario aprista Agustín Mantilla, su
exministro del Interior, fue captado en una grabación de
video (1830 y 1831, 13 de marzo de 2000) recibiendo
30.000 dólares de Vladimiro Montesinos para
financiar la debilitada campaña electoral aprista y,
además, prestarle cierta credibilidad a la farsa electoral
de 2000. [139] La investigación parlamentaria y el proceso
judicial del caso Mantilla revelaron, adicionalmente, los
acuerdos que hiciera como ministro y viceministro del
Interior en el periodo 1985-1990 con el traficante de
armas israelí Zvi Sudit y sus asociados.
Este último evitó una pena de prisión declarando tanto
contra Montesinos como contra Mantilla.
[Comercio de armas: Mantilla tiene 2 empresas en las
Islas Vírgenes - 6 millones de dólares en UBS en Miami -
las cuentas fueron instaladas por Sudit de IL - se dice
que son "donaciones" para las campañas electorales del
APRA en Perú - el dinero se divide y se transfiere a
amigos en Perú - 5 años de prisión - 2006 Mantilla dice:
Él solo cumplió órdenes]
Dos compañías incorporadas en las Islas Vírgenes
británicas pertenecientes a Mantilla y a su
hermano, Jorge Luis Mantilla, movieron más de seis
millones de dólares en la sucursal de Miami del Union Bank
de Suiza (UBS). Estas cuentas habían sido
abiertas en 1990 con depósitos del Israeli Discount
Bank, el banco preferido de Sudit. [140] Según
los hermanos Mantilla, el dinero en sus cuentas secretas
se derivaba de donaciones extranjeras no
fundamentadas para las campañas del APRA en el Perú. La
mayoría de las transferencias provenía de las cuentas de
Mantilla en el UBS, usando el modo swift que protege la
identidad del receptor. Los fondos extranjeros se
canalizaron al Perú a través de una serie de cuentas
en bancos peruanos, con el nombre de numerosos
parientes y asociados. Mantilla fue liberado
en 2005, luego de cinco años de prisión. A
lo largo de su juicio y mientras estuvo en la cárcel, no
admitió haber creado o participado en una red encubierta
que canalizaba dinero a García y al APRA. Finalmente, en
septiembre de 2006, Mantilla dijo haber
seguido órdenes en un video emitido
públicamente. [141] [p.438]
[García niega cualquier participación en los juegos
financieros - García trivializa su robo en masa, afirma
que todas las demandas tienen motivaciones políticas,
enfatiza los errores formales - y todo está prescrito de
todos modos - otras personas del APRA apoyan a García y
reclaman venganza primitiva - copian a los virreyes
criminales + funcionarios coloniales]
García afirmó no haber estado involucrado
en las actividades corruptas de Mantilla, Zanatti,
Figueroa y Neyra. Durante su exilio en Colombia
escribió una relación ficticia de sus recientes aventuras
políticas, titulada El mundo de Maquiavelo.
[142] García sostuvo consistentemente que los diversos
cargos presentados en su contra obedecían a una motivación
política y montó, de modo igualmente consistente, una
defensa detallada y enérgica basada en tecnicismos, entre
los cuales se encuentran la transgresión de sus derechos
humanos y políticos, la inapropiada aplicación retroactiva
y la prescripción de los delitos que
supuestamente habría cometido. Otros expertos apristas
ofrecieron detalladas refutaciones legales contra los
cargos, describiéndolos como una violación de la
Constitución motivada por la venganza.
[143] Los argumentos de esta defensa legal son muy
parecidos a los que usaron virreyes y funcionarios
coloniales cuando enfrentaron a sus supuestos
«enemigos» y acusadores partidarios en los denominados
juicios de residencia.
Persistencia de los patrones de corrupción
[El APRA criminal sin fin con abogados y conexiones -
Fujimori protege a García - terminación del caso - APRA
y Fujimori paralizan el poder judicial en el Perú]
El APRA mostró que su legendaria disciplina interna, sus
astutos abogados y sus conexiones internacionales podían
ser usados una y otra vez para acceder y mantenerse en el
poder. Además, después de 1992, el gobierno
inconstitucional de Fujimori ayudó indirectamente a la
defensa legal de García, gracias a su interferencia en un
juicio torpemente manejado, que tuvo como resultado la
desestimación del caso contra el exiliado
expresidente. En suma, García y sus asociados se
beneficiaron con el continuo deterioro del sistema
legal peruano, influido y corrompido aún más por las
fuerzas escondidas detrás del régimen de Fujimori.
* * *
[Resumen: Los militares y el APRA han convertido al
Perú en una anarquía corrupta 1963-1989]
Para recapitular: es justo anotar que, desde la década de
1960 hasta la de 1980, los asaltos a la democracia
revelaron las débiles bases institucionales, las reformas
incompletas y los crecientes problemas sociales heredados
desde la década de 1950. Pese a la voluntad de avanzar con
una reforma honesta, el primer [p.439] gobierno de
Belaúnde quedó atrapado en un lodazal político que
finalmente produjo su caída. Belaúnde y su partido
estuvieron sujetos a una creciente influencia militar y a
la corrupción en las adquisiciones de las instituciones
armadas, que se permitió e ignoró debido a favores
políticos contraídos en el pasado con el alto mando de las
fuerzas militares. Una recalcitrante oposición
parlamentaria encabezada por el APRA, que se esforzaba por
vencer en las siguientes elecciones presidenciales, minó
al régimen, retrasando reformas y medidas de política
urgentes. Así también, reactivos intereses extranjeros, el
alza de la inflación y los crecientes montos del déficit y
de la deuda externa agravaron la crisis. Belaúnde, por su
parte, enfrentó una corrupción de alto vuelo relacionada
con el contrabando, que involucró a miembros de su propio
partido, empresarios privados y oficiales militares. Estos
escándalos de contrabando anularon el poco prestigio del
primer régimen belaundista y resultaron en altos costos de
corrupción, bajo la forma de rentas perdidas del sector
público y sobornos para los funcionarios.
La investigación parlamentaria de este extenso contrabando
se vio interrumpida en 1968 por un golpe militar, que
arrasó con los débiles avances democráticos de las décadas
anteriores. Durante doce años, la Constitución, las
instituciones, las políticas públicas, la economía y los
medios de comunicación se vieron sometidos a la
intervención y el control militar. El Congreso fue cerrado
y las autoridades judiciales y de los gobiernos locales
fueron nombradas o ratificadas por los militares. El
gobierno se llevaba a cabo fundamentalmente mediante
decretos ejecutivos. En este marco institucional, la
corrupción y la ineficiencia quedaron sin control, y a
menudo era difícil distinguirlas. Los crecientes déficits
debidos a las fallidas empresas estatales se cubrieron con
nuevos préstamos del extranjero. Un cronograma de
transición fue luego aplicado para devolver el poder a
funcionarios electos en 1980.
Sin embargo, los medios de corrupción heredados del
régimen militar — como el abuso en los subsidios a las
exportaciones, los controles de cambio y las tasas de
dólares preferenciales— perduraron en la década de 1980.
Las rentas gubernamentales perdidas y otros costos de
corrupción continuaron existiendo durante el segundo
régimen belaundista y el primer gobierno de García. (En la
década de 1980 y comienzos de la de 1990, escándalos
similares estallaron en otras naciones latinoamericanas
con nuevos gobiernos democráticos. Estos casos incluyeron
noticias sobre el desvío de recursos públicos a las arcas
secretas de partidos durante las presidencias de Carlos
Andrés Pérez y [p.440] Jaime Lusinchi en Venezuela, así
como tramas de soborno que habrían beneficiado a Fernando
Collor de Mello en Brasil.) [144]
La creciente deuda externa trajo consigo el mal manejo y
el uso irregular e ilegal de la deuda pública, la deuda
externa y las reservas. Los contratos de adquisiciones
militares y de obras públicas continuaron siendo empleados
como medios de corrupción. Desde mediados de la década de
1970 y particularmente en la de 1980, los problemas del
narcotráfico, asociados fundamentalmente con la creciente
producción y el contrabando de cocaína, corroyeron
seriamente el cumplimiento de la ley y las instituciones
judiciales. El financiamiento ilegal de los políticos,
partidos y campañas con narcodólares fue algo usual en el
Perú de esta época, al igual que en otros países
latinoamericanos, como sucedió, en la campaña electoral
del presidente colombiano Ernesto Samper a comienzos de la
década de 1990. El costo indirecto de las inversiones
extranjeras perdidas creció cuando la inversión extranjera
directa y de cartera estuvo algo más disponible en las
décadas de 1970 y 1980, pero la inestabilidad y la
corrupción institucionales obstaculizaron la confianza y
los incentivos a los inversionistas.
[Se debe imaginar: Todo el milagro económico de Europa de
1950 a 1980 NO tuvo lugar en el Perú o solo en la delgada
y privilegiada clase alta].
[El costo de la corrupción: poco menos del 4% del PIB -
algunas medidas contra presidentes corruptos luego
entran en vigor en Fujimori]
El costo global de la corrupción creció consistentemente
en el periodo 1960-1989, alcanzando un estimado anual
medio de alrededor de 1.000 millones de dólares en la
década de 1980 (cuadro A.5). Sin embargo, en términos
comparativos, los niveles más altos de corrupción tuvieron
lugar en la década de 1970, con 42 por ciento del gasto
gubernamental y 4,9 por ciento del PBI. Compárense estas
cifras con el 31 por ciento de gasto y 3,7 por ciento del
PBI en la década de 1970, y el 35 por ciento del gasto y
3,9 por ciento del PBI en la década de 1980 (cuadro A.6).
En consecuencia, podemos considerar al régimen militar
«revolucionario» como el más corrupto del periodo, seguido
por el primer gobierno de Alan García (cuadro A.7).
Aunque la acusación formal y el procesamiento del
expresidente Alan García fueron manejados torpemente y,
finalmente, quedaron descarrilados por razones técnicas,
sí se aprendieron importantes lecciones acerca de la
exposición, la investigación y los procedimientos legales
que se deben seguir para procesar la corrupción. La
percepción, tolerancia y reacción del público, asimismo,
ganaron experiencia para eventualmente enfrentar la
inmensa ola de corrupción que creció durante la
«década infame» del depredador régimen de
Fujimori-Montesinos. [p.441]
Fuentes
[web01]
https://es.wikipedia.org/wiki/Incidente_del_Pia_Vesta
El incidente del Pia Vesta fue la interceptación en Panamá
del barco danés Pia Vesta que trasladaba armas.
Acontecimientos
Del puerto de Rostock, Alemania Oriental,1 partió el barco
danés Pia Vesta en mayo de 1986.23 El barco estaba cargada
con armas de origen soviético4 y estaba capitaneada por
Johannes Christiansen.1 La carga fue vendida por la empresa
estatal alemana oriental IMES.5 El 6 de junio de 1986, el
Pia Vesta llegó al puerto del Callao sin identificarse con
las autoridades peruanas2 y dejando parte de su
cargamento.6 La Agencia Central de Inteligencia (CIA)
alertó al entonces presidente peruano Alan García de la
presencia del barco en el Callao.5 Por su parte, los
tripulantes del Pia Vesta recibieron una llamada desconocida
que les alertaba que debían abandonar el Perú.2 Se desató
una persecución siendo detenido el Pia Vesta en Panamá7
tras los contactos entre el gobierno panameño y peruano.8
Las circunstancias sobre a quién estaba destinado el
cargamento se iniciaron. Se especuló que el cargamento
estaba destinado a Sendero Luminoso, al MRTA, al FMLN
salvadoreño o a los sandinistas nicaragüenses (o su
contraparte los contras).2 Una investigación del senado
peruano concluyó que el Pia Vesta estaba trasladando armas
para los contras de Nicaragua.9 Por su parte, el capitán
del barco declaró que las armas estaban destinadas a Sendero
Luminoso.4
Referencias
1. «Danish Ship Caught Carrying Soviet-Made Weapons». AP
NEWS (en inglés). Consultado el 27 de abril de 2023. enlace
2. «CORDIC - SIGLO XXI: El Enigma del "Pia Vesta" - CORDIC».
CORDIC - SIGLO XXI. Consultado el 27 de abril de 2023. enlace
3. Graham, Bradley (29 de agosto de 1986). «Ship Off Peru
Bore Arms, but Whose?». Washington Post (en inglés
estadounidense). ISSN 0190-8286. Consultado el 27 de abril
de 2023. enlace
4. Gao, Jian (1 de enero de 2021). «Causing Troubles
Elsewhere: The Shining Path and Its International Networks,
1980-1993». Asian Journal of Latin American Studies.
Consultado el 27 de abril de 2023. enlace
5. Riding, Alan (31 de agosto de 1986). «ARMS SHIP LEAVES
WAKE OF MYSTERY IN PERU». enlace
The New York Times (en inglés estadounidense). ISSN
0362-4331. Consultado el 27 de abril de 2023.
6. Caño, Antonio (21 de junio de 1986). «Un extraño barco
cargado de armas alerta al Gobierno peruano». El País. ISSN
1134-6582. Consultado el 27 de abril de 2023. enlace
7. «El fantasma del Pía Vesta | La Prensa Panamá».
www.prensa.com. 10 de enero de 2015. Consultado el 27 de
abril de 2023. enlace
8. «The Pia Vesta Caper: A New Dimension To Contragate». enlace
9. «East German dirty-arms trail leads to Iran-Contra». enlace
