5. Dictadores venales y pactos secretos, 1931-1962 - p.315
Un coronel populista frente al APRA - p.316
Restauración con Benavides - p.327
Política de guerra sin principios - p.337
Transición en la cuerda floja - p.344
La recompensa del general Odría - p.353
Perdonar y olvidar - p.364
Reformas pospuestas - p.374
Capítulo 5.
Dictadores venales y pactos secretos, 1931-1962
[Basadre como estudiante - Caída de Leguía en 1930 -
Basadre como profesor universitario de reformas
electorales] En 1930, el historiador Jorge Basadre
(1903-1980) presenció el derrumbe del régimen dictatorial
de Leguía. La insostenible modernización incitada por la
extravagancia financiera del Oncenio abrió las puertas a
una crisis política y social de grandes proporciones. La
crisis se vio agravada por la depresión económica y el
surgimiento de nuevos actores populares. [1] Basadre fue
perseguido durante el Oncenio por sus actividades
reformistas y antigobiernistas como dirigente estudiantil.
En 1927, fue encarcelado por varios meses en la isla San
Lorenzo. Tras la caída de Leguía, el ilustre profesor
universitario y bibliotecario contribuyó a promover
reformas democráticas y electorales urgentes para
reconstruir el marco institucional del país, tan
deteriorado durante el Oncenio.
[desde 1930: Nuevas fuerzas corruptas con Luis Sánchez
Cerro y APRA]
Basadre constató que Leguía había destruido los partidos
políticos tradicionales. [2] Luego de la caída del
dictador, dos nuevos adversarios políticos aprovecharon el
momento: el movimiento militarista «revolucionario»,
encabezado por el teniente coronel Luis Sánchez
Cerro, y la nueva y radical APRA
(Alianza Popular Revolucionaria Americana),
dirigida por Víctor Raúl Haya de la Torre.
[p.315] Basadre discrepaba resueltamente con la postura
antidemocrática de ambos grupos populistas que llevaron al
Perú al borde de la guerra civil. Además, ambas fuerzas
recurrieron en más de una oportunidad a distintas formas
de corrupción para alcanzar sus metas políticas.
[desde 1931: Anarquía en Perú bajo el Cerro militarista
- Universidad de San Marcos cerrada hasta 1935 -
colusión, fraude, manipulación + corrupción, etc.]
Las disputadas elecciones presidenciales de 1931 dieron
como resultado el triunfo de Sánchez Cerro.
El nuevo gobierno pronto dictó la clausura de la
Universidad de San Marcos, donde Basadre
ejercía su empleo principal. El historiador viajó al
extranjero y solo regresó al país cuando la universidad
reabrió sus puertas en 1935. Durante su larga como
profesor y empleado público, Basadre experimentó repetidas
frustraciones en sus esfuerzos por efectuar reformas de
corte institucional y educativo. Tuvo que enfrentar la
tenaz oposición y el sabotaje por parte de intereses que
emplearon medios astutos para beneficiarse indebidamente
con las cambiantes circunstancias políticas. Basadre,
asimismo, fue testigo de sucesivas dictaduras y procesos
electorales plagados de escandalosos fraudes y pactos
secretos que beneficiaron a las camarillas dominantes. El
periodo que le tocó vivir fue uno de agudísimos problemas
sociales, mientras que la corrupción persistía como medio
probado para apuntalar continuidades políticas y retrasar
así reformas urgentes.
Un coronel populista frente al APRA -
[gobierno de Cerros 1930-1933 (asesniado por la APRA
criminal)]
[Coronel Cerro con arrestos de personas de Leguía,
arrestos, tribunal de sanciones, etc. - no se realizan
reformas administrativas]
Sánchez Cerro manifestó su intención de limpiar la
Administración Pública y erradicar las prácticas corruptas
prevalecientes durante el régimen de Leguía. El coronel
sustentó su promesa de «moralización» en el apresamiento
de algunas de las más visibles figuras del difunto
régimen, entre ellas el expresidente Leguía y su hijo
Juan, y en la confiscación de sus propiedades. El Tribunal
de Sanción Nacional ad hoc presentó acusaciones
devastadoras de «enriquecimiento ilícito» contra Leguía y
sus exministros. Según el encargado de negocios británico
en Lima, estas acusaciones «dejarían en ridículo al Perú
ante el mundo pero eran a pesar de todo ciertas». [3]
Entretanto, se ignoraron importantes reformas
administrativas, similares a las que
contuvieron la corrupción en Chile desde [p.316] 1925 y
recomendadas al gobierno peruano por el economista
estadounidense Edwin Kemmerer como consultor contratado
por el nuevo régimen. [4]
Mira lo que los católicos criminales en el Perú están
haciendo ahora:
[Tribunal de sanciones contra Leguía es
inconstitucional - gente de Leguía se atrinchera en
embajadas - corrupción en el poder judicial como
siempre]
El anciano y enfermo Leguía fue trasladado a la
Penitenciaría de Lima, donde estuvo encarcelado hasta poco
antes de su muerte acaecida en febrero de 1932 en un
hospital naval. La estricta determinación de Sánchez Cerro
por castigar a Leguía se percibió tanto como una venganza
personal que exacerbaba las divisiones políticas, como una
actitud de principios contra la corrupción.[5] Sin
embargo, los procedimientos y acciones legales del Tribunal
de Sanción encargado de juzgar a Leguía y sus
asociados probaron ser ineficientes e
inconstitucionales. La administración de las
propiedades confiscadas a los acusados de corrupción se
caracterizó por el abierto malgasto y la venalidad. Hubo
«bastante corrupción y negligencia» en los trámites
oficiales relativos a varios de los acusados que se habían
refugiado en embajadas extranjeras. Por ejemplo, los
partidarios leguiístas de alto rango Jesús Salazar,
Sebastián Lorente y Foción Mariátegui
aparentemente tuvieron que pagar sobornos para ser
exonerados o evitar ser encarcelados. [6]
[Anarquía bajo Cerro: levantamientos militares -
elecciones civiles preparadas - un poco de nepotismo]
A pesar de su popularidad y el apoyo de los miembros más
conservadores de la élite, Sánchez Cerro seguía sin contar
con un partido organizado que diera cauce a sus infladas
ambiciones presidenciales. Sánchez Cerro estaba convencido
de que la presidencia era su justa recompensa por haber
depuesto a Leguía, pero enfrentaba una vigorosa oposición
dentro de las fuerzas armadas. Un número creciente de
levantamientos de unidades del ejército y la marina
auguraba una anarquía generalizada. Sánchez
Cerro renunció como jefe de la Junta Militar para mantener
abiertas sus opciones presidenciales en las elecciones de
1931. Oficiales ambiciosos como el teniente coronel
Gustavo «Zorro» Jiménez le disputaron decididamente el
espacio político abierto por la crisis. En marzo de 1931,
David Samanez Ocampo, un político de viejas
inclinaciones pierolistas procedente del sur del país,
recibió el respaldo de Jiménez para que liderara un
gobierno provisional. El breve mandato de Samanez decretó
una gran [p.317] expansión del electorado, y le encomendó
a una junta electoral la realización de las elecciones
presidenciales y de representantes a la Asamblea
Constituyente programadas para octubre de 1931. [7]
Durante su breve dictadura, anterior a las elecciones,
Sánchez Cerro dio «empleo a su familia entera y sus
colaboradores probablemente hicieron lo mismo». [8] Los
observadores diplomáticos pensaban que la corrupción en la
Junta Militar era casi tan amplia como lo había sido con
Leguía. Se citaba el caso de la sospechosa moratoria
otorgada al Banco del Perú y Londres en camino a la
quiebra. Asimismo, se mencionaba que el coronel
Ernesto Montagne, ministro de Relaciones Exteriores, y
otros miembros del gabinete se habían mudado a casas
lujosas y mejorado su estilo de vida sin ganar
un salario oficial conmensurable con ello. [9]
Mire cómo son realmente los católicos criminales, por
ejemplo, en el Perú:
[Dictadura militar bajo Cerro: negocio del opio,
drogas, casino y damas con su hermano Pablo Ernesto
Cerro - las finanzas del hermano del dictador - nuevo
partido Unión Revolucionaria]
El círculo político íntimo de Sánchez Cerro incluía a su
inescrupuloso hermano Pablo Ernesto [Cerro], un estudiante
de medicina que fue nombrado director de la oficina de
Salud Pública. J. Hortensio, otro hermano, también
consiguió un empleo gubernamental. De Pablo Ernesto se
sospechaba que controlaba el tinglado ilegal antes
explotado por Juan Leguía de la venta de opio,
principalmente a los residentes chinos de Lima. [10] Se
consideraba a Pablo Ernesto como la conexión con el
juego, las drogas, la prostitución y otros
intereses del crimen organizado que contribuyeron con
dinero para promover las ambiciones políticas de su
hermano. [11] Antes de las elecciones de 1931, Pablo
Ernesto preparó la llegada de su hermano del extranjero
con el lanzamiento de una campaña electoral bien
financiada. El lujoso alojamiento de Pablo Ernesto en el
exclusivo Hotel Bolívar de Lima era
financiado con contribuciones obscuras y la asistencia de
partidarios acaudalados como la del minero Lizandro
Proaño. [12] Entre los más notorios asesores y
colaboradores del candidato figuraban Francisco [p.318] R.
Lanatta, un abogado de reputación cuestionable y
ambiciones ministeriales, y el pro fascista Luis A.
Flores. Para defender la candidatura de Sánchez Cerro se
formó un nuevo partido, la Unión Revolucionaria
(UR).
[APRA: fundada en México por Haya de la Torre]
Entretanto, Haya de la Torre, el otro candidato importante
en las elecciones de 1931, también preparaba su arribo a
Lima, luego de años de exilio y de campañas políticas
realizadas en el extranjero. Haya, un connotado líder
opositor a lo largo del Oncenio, había fundado, en
México, el APRA, un movimiento de
inclinaciones radical-populistas, intervencionistas y
antiimperialistas. Sus disciplinados colaboradores en el
Perú habían organizado este partido, en rápido crecimiento
desde 1930, bajo el nombre tácticamente modificado de Partido
Aprista Peruano (PAP), sobre la base de un
llamado masivo a los trabajadores organizados y a las
clases medias y profesionales. [13] Los años de lucha
contra la dictadura habían generado una dirigencia aprista
dispuesta a usar cualquier medio, entre los cuales se
contaba la violencia y las acciones clandestinas o
ilegales para alcanzar el poder.
[El APRA es apoyado por gente de Leguía y
"diplomáticos", posiblemente con dinero de la droga]
Los apristas, asimismo, sostenían estar comprometidos con
la lucha contra la corrupción gubernamental, así como con
la influencia corruptora de los ricos. Los seguidores de
Haya vislumbraban instaurar un Estado eficiente,
tecnocrático e intervencionista contra los privilegios
locales y extranjeros. [14] Acusaban a Sánchez Cerro de
recibir apoyo y fondos de los miembros más antiapristas y
conservadores de la élite, incluido el notorio grupo Miró
Quesada, los propietarios de El Comercio, el periódico
local más importante e influyente. El APRA, por otro lado,
recibió el respaldo de prominentes leguiístas ansiosos por
derrotar a su enemigo Sánchez Cerro. Dos importantes jefes
leguiístas dirigían las estratégicas secretarías apristas
de finanzas y política. [15] Además, diplomáticos
estadounidenses reportaron que un importante donante de la
campaña aprista de 1931 fue Carlos Fernández Bácula, un
exdiplomático «sospechoso de [p.319] ser un agente [en el
…] tráfico clandestino de narcóticos».
Fernández Bácula confió a un miembro de la embajada de
Estados Unidos el haber contribuido generosamente a la
campaña de Haya. [16]
Miren lo que están haciendo los católicos criminales en
Perú: APRA
[Elecciones 1931: Hermosas elecciones con el coronel
Cerro - y luego levantamientos del APRA - miembros del
APRA son arrestados + deportados]
Al igual que en otros países latinoamericanos, la lucha
por aprovechar las oportunidades políticas, inauguradas a
comienzos de los años de 1930 por la crisis, resultó en el
choque de ideologías de extrema derecha e izquierda en
competencia por capitalizar este momento favorable al
populismo. Sánchez Cerro venció claramente
en las disputadas elecciones que según Basadre y otros
observadores imparciales fueron inusualmente limpias. [17]
Los apristas, siguiendo la vieja táctica pierolista,
alegaron un fraude electoral «sancho-civilista» y pasaron
rápidamente a la acción insurreccional violenta. [18]
Una vez en el poder, los sanchezcerristas y sus aliados
conservadores implementaron un amplio cambio en el
personal del Estado, alienando aún más a la oposición.
[19] También consiguieron la mayoría en el Congreso
Constituyente: hasta Pablo Ernesto, el poco capacitado
hermano del presidente y «chanchullero menor», ganó un
escaño en representación de la provincia de Piura [en el
norte del Perú]. [20] Sánchez Cerro pasó entonces a
reprimir a los apristas y a los oficiales y reclutas de
las fuerzas armadas que apoyaban las medidas
insurreccionales del APRA. Los parlamentarios elegidos por
este partido fueron detenidos y deportados.
Miren lo que están haciendo los católicos criminales en el
Perú: se matan mutuamente:
[APRA criminal marzo de 1932: Intento de asesinato
contra coronel Cerro - APRA organiza motín en buques de
guerra - Levantamiento en Trujillo con cerca de 1000
muertos + reconquista + venganza - corte marcial con
sentencias de muerte - indultos con sobornos]
Un fallido intento de asesinato ejecutado por un
adolescente aprista en marzo de 1932, que casi le cuesta
la vida a Sánchez Cerro, fue seguido por una masiva
represión contra el APRA y el encarcelamiento de Haya.
Días más tarde, un motín de inspiración aprista estalló el
7 de mayo a bordo de dos barcos de la armada en el puerto
del Callao. Aproximadamente mil personas murieron en la
ciudad norteña de Trujillo, luego de un violento y
sangriento levantamiento aprista dirigido por Agustín
Haya, hermano de Víctor Raúl. Varios oficiales [p.320]
militares, soldados y policías, desarmados y prisioneros
de los apristas, fueron asesinados. Las tropas del
ejército volvieron a tomar la ciudad y masacraron a muchos
militantes y seguidores apristas. Cientos de ellos fueron
condenados a muerte por una apresurada corte marcial,
aunque unos cuantos fueron perdonados después de que
sobornaran a los encargados de llevar a cabo las
ejecuciones. [21]
[Gobierno del Cerro: hospitalización con herida de bala
- el corrupto Lanatta debe irse+es reinstalado]
Tras el atentado, Sánchez Cerro pasó un mes en el hospital
curándose las heridas de bala recibidas en el pecho.
Durante su ausencia en el mando se destapó un escándalo de
corrupción ligado a Lanatta, el colaborador
político más cercano y de más confianza del presidente que
sería como su primer ministro y ministro de Hacienda. Tal
fue la gravedad de las acusaciones contra Lanatta que
Sánchez Cerro interrumpió su recuperación para supervisar
personalmente la renuncia de Lanatta a su puesto de
ministro a comienzos de abril. [22] Lanatta, sin embargo,
retuvo su escaño en el congreso constituyente, donde fue
rehabilitado con ayuda de la mayoría sanchezcerrista. Así
logró evitar ser acusado formalmente por los delitos
en el cargo, citados en el informe en minoría
de una comisión investigadora parlamentaria especial. [23]
Pero el público se percató plenamente de la grave
responsabilidad del exministro. En consecuencia, las
pretensiones de probidad administrativa de Sánchez Cerro
perdieron aún más credibilidad. [24] [p.321]
[Gobierno del Cerro con Lanatta: soborna a peruanos
para bloquear empresas extranjeras+muchos apoyan sus
maniobras]
Las dimensiones de la corrupción del cuestionado ministro
quedan reveladas en la correspondencia confidencial de
empresarios y diplomáticos estadounidenses. Lanatta había
tratado de dominar el escenario político inmediatamente
después del atentado contra Sánchez Cerro. El
ministro intensificó su acoso a grandes empresas
extranjeras con intenciones de cohecho. Se le
conocía como un inescrupuloso abogado que dos décadas
antes se había desempeñado como uno de los abogados de la
Cerro de Pasco Copper Corporation. Muchos parecían estar
al tanto de su turbio proceder, inclusive ciertos grupos
de interés que buscaban sostenerle en un alto cargo
político para que así «se puedan llevar a cabo maniobras
cuestionables». [25]
Mire lo que los católicos criminales del Perú están
haciendo: por ejemplo, chantajear a los extranjeros:
[Gobierno del Cerro: Lanatta con asistente Botto con
sobornos y extorsiones contra empresas extranjeras sin
fin - y cocaína]
Al menos diez casos serios de corrupción que implicaban a
Lanatta y su asistente, el señor Botto, se reportaron a la
embajada de Estados Unidos.
-- En primer lugar, estaba la demora en las negociaciones
con las corporaciones Cerro de Pasco y Frederick Snare
para la construcción de las nuevas instalaciones
portuarias en el Callao, con miras a recibir 20.000 soles
como «una leve consideración a su favor».
-- Lanatta también pidió un puesto bien remunerado en la
administración portuaria para el hermano del presidente.
[26] Otros incidentes incluyeron
-- un pedido de coima para arreglar una deuda de 70.000
soles debida a la International Petroleum Company por
combustible suministrado a la marina de guerra peruana y
-- la manipulación de vales de aduanas por 60.000 soles
asignados a la marina (estos últimos designios
aparentemente fueron puestos en conocimiento de Sánchez
Cerro);
-- la extorsión de varios comerciantes chinos por 10.000
soles;
-- la apropiación de 15.000 soles de subsidios para la
Universidad de San Marcos; un monto desconocido cobrado a
Grace & Co.; y
-- el intento de conseguir un soborno de 30.000 soles de
H. J. Gildred & Co., el contratista para la
construcción del Palacio de Justicia. [27]
La acostumbrada «comisión» ilegal solicitada por Lanatta
fluctuaba entre 45 y 60 por ciento; en total, es posible
que haya recaudado alrededor de un millón de soles
con este [p.322] descarado tráfico de influencias. [28]
-- Unos cuantos años más tarde, el exministro también
intentó la introducción ilegal de muestras de
cocaína a "Estados Unidos" con miras a su
distribución entre grandes compañías químicas. [29]
[p.324]
Fig. 11. Polémico tribunal ad hoc, establecido en agosto
de 1930 por el régimen militar del comandante Luis M.
Sánchez Cerro, para castigar a exfuncionarios luego de la
caída de Leguía. «La prórroga [editor: del Tribunal de
Sanción]». Por Raúl Vizcarra. Variedades 28, n.° 1209,
1931, p. 1. Biblioteca Central, Pontificia Universidad
Católica del Perú, Lima.
Fig. 12. Intenciones moralizadoras del presidente José
Luis Bustamante y Rivero (1945-1948). A pesar de su
honestidad personal y sus sinceros intentos por limpiar su
administración de la extendida plaga de la corrupción,
Bustamante no tuvo éxito ante la presión del APRA, de los
militares y de la derecha conservadora. «Como en la
inamarca de Hamlet, “hay algo que huele podrido” en el
Perú». Por Geo. Suácate 1, n.° 7, 1945, p. 1. Biblioteca
Nacional del Perú, Lima. [p.323]
[Cerro se vuelve maníaco-depresivo - Embajador de
"Estados Unidos" informa sobre miembros corruptos del
gobierno - el presidente Benavides recibe salarios por
el tiempo en el exilio]
Ya en febrero de 1932 el embajador de Estados Unidos,
dudoso del temperamento inestable de Sánchez Cerro y de su
actitud para con las corporaciones extranjeras, escribió
que su régimen «se había podrido hasta el tuétano»
y que el presidente se «rodeó de los miembros con menos
principios y más impulsivos entre sus seguidores». [30]
Estos personajes reemplazaron a las figuras civilistas del
primer gobierno de Sánchez Cerro, a excepción del ministro
de Marina Alfredo Benavides Diez Canseco, cuñado del
general Benavides. [31] El expresidente Benavides,
mentor y apoyo de Sánchez Cerro, fue recompensado con una
embajada primero en Madrid y luego en Londres, además de
restituírsele salarios impagos durante el exilio que le
fuera impuesto por Leguía. Benavides había buscado soporte
entre sus amigos militares para la elección de Sánchez
Cerro. [32]
[Gobierno del Cerro: jefe de policía Guzmán se
enriquece con dinero para protección]
Los ministros y asesores sanchezcerristas cuestionados,
todos ellos congresistas elegidos, incluían a
-- Luis A. Flores (ministro de Gobierno, asistido por el
sanguinario director de policía Ricardo Guzmán Marquina),
-- Carlos Sayán Álvarez (ministro de Justicia),
-- Gerardo Balbuena, un «abogado y político listo y sin
principios» y, por supuesto,
-- Francisco Lanatta. [33]
Algunos consideraban al teniente coronel Guzmán
Marquina como el «rasgo más cruel y venal» del
gobierno de Sánchez Cerro. Antes de las elecciones de
1931, Guzmán Marquina [p.324] no poseía gran cosa, pero
apenas unos cuantos meses más tarde ya era rico y
alardeaba de un extravagante estilo de vida. Supuestamente
se enriqueció con sobornos vinculados a contratos
gubernamentales y cobrando grandes sumas por no ejecutar
sentencias de muerte dictadas contra apristas insurrectos
en Trujillo y Cajamarca. [34]
[Gobierno Cerro: corrupción y carrera como antes]
Los crecientes «actos de corrupción y absurda mala
administración de las responsabilidades públicas» habían
alejado a la mayoría de los colaboradores más respetables
de Sánchez Cerro. [35] Sin embargo, el magnate de la
prensa conservadora Antonio Miró Quesada continuó apoyando
las nocivas políticas del presidente. José Matías
Manzanilla, histórico parlamentario civilista entrado ya
en años y amigo cercano del director de El Comercio,
perjudicó su reputación al proponer obsequiosamente al
Congreso que ascendiera a Sánchez Cerro al rango de
general. Esta petición le ganó luego a Manzanilla el
nombramiento de ministro de Relaciones Exteriores y primer
ministro. [36]
Mira qué amables son los criminales católicos del Perú:
[Gobierno del Cerro tiene problemas financieros: banco
central saqueado y extranjeros chantajeados]
Las crecientes presiones financieras obligaron a retrasar
por varios meses el pago a empleados públicos y personal
del ejército. Esta era una situación peligrosa para el
régimen. Una solución temporal pero irresponsable fue
drenar al Banco Central de Reserva. Del mismo
modo, el coronel Rodrigo Zárate, un integrante de la
comisión diplomática del Congreso Constituyente, presionó
a los diplomáticos extranjeros a que gastaran más en
agasajar a ministros, parlamentarios y al presidente,
para así facilitar las negociaciones con intereses
extranjeros. Claramente, las autoridades sanchezcerristas
esperaban recibir deferencia y presentes de los
representantes extranjeros, [37] aun si los contratos
públicos formales se violaban a menudo, y las rentas
públicas eran «desviadas para fines privados». [38]
[p.325]
[Gobierno del Cerro: quiere que Colombia devuelva el
territorio robado "Leticia" - Benavides se convierte en
director del Consejo de Defensa Nacional]
Los problemas del régimen continuaron creciendo, agravados
por decisiones y actos oficiales controversiales,
incompetentes e ilegales. Una disputa fronteriza con
Colombia, en la zona de Leticia, amenazaba
agravarse hasta conducir a una guerra abierta. Sánchez
Cerro estaba decidido a revertir el acuerdo internacional
que había cedido Leticia a Colombia durante el gobierno de
Leguía. Contando con el respaldo de El Comercio y el
ministro de Relaciones Exteriores Manzanilla, el belicoso
presidente decidió seguir el camino de la guerra, pero
tuvo que enfrentar la patética falta de preparación de las
fuerzas armadas y los problemas financieros que las
afectaban. Para apuntalar su campaña por la guerra,
Sánchez Cerro nombró al general Benavides —
su viejo mentor y entonces embajador en Londres— director
del Consejo de Defensa Nacional, un nuevo cargo de mayor
jerarquía que el de los ministros de Guerra y Marina. [39]
Eche un vistazo a lo que los católicos criminales en Perú
están haciendo:
[Gobierno del Cerro: Tratado secreto de Guano a cambio
de armas con Japón - las Islas Guaneras también se
convertirán en depósitos de armas y reservas de opio]
Además, se informó que el régimen de Sánchez Cerro
negociaba un pacto secreto de «guano por armas»
con el Japón, en respuesta a la renuencia de Estados
Unidos a venderle armas al Perú en circunstancias de una
guerra inminente con Colombia. Supuestamente, este costoso
acuerdo, llevado a cabo inicialmente por la Okura
Trading Co., también conllevaba la explotación
de una isla guanera por intereses japoneses. El envío
encubierto de miles de rifles desde el Japón al Perú fue
reportado por diplomáticos colombianos y estadounidenses.
Este esfuerzo improvisado por suministrar armas al
ejército peruano también implicó el contrabando de
mercadería japonesa y opio a través de las
estratégicas islas guaneras. Este escándalo solamente
estalló en el Perú después de la muerte de Sánchez Cerro.
[40] [p.326]
Eche un vistazo a lo que los católicos criminales en Perú
saben hacer:
[30-04-1933: Asesinato de Cerro por el criminal APRA -
y Benavides incluso impide vengarse del hipercriminal
APRAS - ¡los está coimando!]
Los planes de guerra mal concebidos y peligrosos tuvieron
un temprano y abrupto final en la tarde del 30 de abril de
1933, cuando la caravana presidencial abandonaba la sede
de un desfile militar. Un aprista de diecisiete años se
acercó al presidente y le efectuó varios disparos de
pistola que acabaron con la vida de Sánchez Cerro. Horas
más tarde, una sesión de emergencia del Congreso aprobó
por abrumadora mayoría nombrar al general Benavides
como presidente para completar el mandato del
difunto Sánchez Cerro. Esta medida contradecía, sin
embargo, la nueva Constitución de 1933, que prohibía a los
oficiales militares en servicio activo ocupar la
presidencia. Se impuso, entonces, la ley marcial por temor
al desorden subsiguiente. Benavides incluyó en su primer
gabinete a los sanchezcerristas radicales Luis A. Flores,
ministro de Marina, y Pablo Ernesto Sánchez Cerro,
ministro de Fomento. Evidentemente, esta era una medida
para aplacar a los enardecidos miembros de la UR que
habían contemplado una asonada para asesinar a Haya de la
Torre y otros apristas que se hallaban en prisión. Este
plan se vio frustrado por una iniciativa tomada por
diplomáticos extranjeros. [41] Benavides negoció
diestramente una salida a esta peligrosa situación que
lindaba con una guerra civil y externa, combinando
medios legales, autoritarios y corruptos.
Restauración con Benavides
[Gobierno de Benavides: libera al pueblo del APRA - 3
ministros del grupo Cerro renuncian al gobierno de
Benavides]
En su breve discurso de aceptación del mando, el
presidente Benavides declaró que, al no ser él un
político, esperaba contar con la colaboración de todos los
peruanos. Esta afirmación se interpretó como una promesa
de amnistía política general que beneficiaría
principalmente a los apristas. [42] Benavides tenía las
«habilidades» necesarias para una solución negociada pero
conservadora de la crisis política, puesto que se le
consideraba «astuto, sagaz, cruel y carente de
principios». [43] El presidente comenzó por suprimir los
fondos gubernamentales suministrados por el gobierno de
Sánchez Cerro a los locales partidarios de la [p.327]
Unión Revolucionaria (UR) y a sus redes de espionaje. [44]
Benavides luego ratificó la decisión de un tribunal
militar que absolvía — por falta de evidencias y
por haberse extraído las confesiones bajo tortura—
a un grupo de veinte apristas acusados de haber tomado
parte en el asesinato de Sánchez Cerro. En consecuencia,
los tres ministros sanchezcerristas del primer gabinete de
Benavides renunciaron. [45]
[Maniobras de Benavides contra la Unión Revolucionaria
(UR) de Cerro - Pueblo de Cerro son neutralizados con
puestos de embajadores - derrota y acuerdo de Colombia
1934]
Frente a una mayoría venal de la UR en el Congreso,
Benavides buscó dividir a esta agrupación para poder así
dirigir a la derecha política. En noviembre de 1933 se
lanzó una campaña en el seno de la Cámara de
diputados contra la mayoritaria UR acusada del
mal manejo de cuatro millones de soles asignados a los
gastos de dicha Cámara. [46] El principal enemigo de
Benavides era Luis Flores, el jefe de la UR,
quien conspiró para organizar una legión fascista según el
modelo italiano con la colaboración de funcionarios del
gobierno y miembros de la élite empresarial simpatizantes
con su causa. [47] Guzmán Marquina, colaborador cercano de
Flores, fue retirado momentáneamente de la escena al ser
nombrado agregado de Aviación en Francia, aunque luego se
las ingenió para candidatear a un puesto parlamentario.
[48] La poderosa influencia de El Comercio también fue
contenida temporalmente, ofreciendo cargos
diplomáticos a varios miembros de la familia
Miró Quesada. [49] Apoyado por las fuerzas armadas,
Benavides desactivó, asimismo, la posibilidad de una
guerra con Colombia mediante un acuerdo
internacional alcanzado en 1934. [50]
[El APRA criminal-ilegal está lubricado: paz, orden y
trabajo]
En el avance de este peligroso curso político, Benavides
recibió la asesoría de su amigo Jorge Prado
Ugarteche, quien fue nombrado primer ministro
en junio de 1933. Prado pasó a ser la punta de lanza de
una política de conciliación que buscaba «comprar»
la cooperación del APRA. En marcado contraste
con la contraproducente política de extermino de
Sánchez Cerro contra el APRA, [p.328] Prado más bien
concibió y puso en práctica una política de cooptación que
resultó parcialmente exitosa. Prado fue el primero de
varios políticos conservadores que reconocerían que las
bases venales de la política peruana también podían
incluir a los líderes del APRA. [51] La conciliación
temporal se dio después de negociaciones que incluyeron
conversaciones con el jefe aprista Haya de la Torre.
Hacia julio de 1933 se había liberado a los presos
políticos, excepto Haya, y se había permitido que Juan
Leguía saliera del país. [52] Aunque el APRA
continuó siendo un partido ilegal, se concedió
la excarcelación de Haya el 9 de agosto con el
entendimiento de que moderaría las acciones políticas de
su partido. A su salida de prisión, Haya visitó a
Benavides. [53] El régimen procedió, entonces, a restaurar
las garantías constitucionales. Bajo el lema oficial de «paz,
orden y trabajo», la economía peruana comenzó
su recuperación gracias
-- a la mejora de la demanda internacional y
-- de los precios del algodón y otras exportaciones,
-- a la expansión de la base agrícola del país,
-- a reformas en el financiamiento privado y público,
-- a la producción industrial en ascenso, así como
-- a políticas de obras públicas y construcción de
carreteras que suministraron miles de empleos. [54]
Todos los éxitos políticos son inútiles, mira como los
católicos criminales de mierda del Perú siempre se
destruyen a sí mismos - pacto entre APRA+UR:
[Elecciones 1936: Benavides tiene enemigos sin fin -
APRA+UR quieren destruir el Perú de nuevo - Benavides
ofrece a la APRA 25% de participación]
Pese a estos logros significativos, el régimen de
Benavides no logró construir o cooptar un soporte político
organizado. La oposición política de derecha e izquierda
continuaba amenazando la supervivencia del régimen al
acercarse las elecciones presidenciales de octubre de
1936. Los diversos grupos políticos asumían al gobierno
como un fenómeno temporal, mientras que el general
Benavides consideraba que su misión restauradora
terminaría con la transferencia del poder al candidato
oficial Jorge Prado. Las insatisfechas ambiciones
del APRA, la UR y otros dirigentes partidarios
amenazaban la estabilidad política [p.329] la recuperación
económica. Estos jefes políticos llegaron a conspirar
para derrocar a Benavides por la fuerza. Ya en
noviembre de 1933, Jorge Prado se vio forzado a renunciar
como primer ministro debido a las crecientes presiones
políticas, campañas hostiles en la prensa y la oposición
reaccionaria a su política conciliadora y de respaldo a
los derechos constitucionales. [55]
Prado fue reemplazado por el intelectual archiconservador
José de la Riva-Agüero, quien se concentró
en combatir duramente las huelgas y conspiraciones de
inspiración aprista. Tales acciones se intensificaron en
la región norteña, donde el APRA ejercía una fuerte
influencia política, así como entre oficiales militares
pro apristas de mediano y bajo rango. Haya continuó
reuniéndose con Benavides a pesar de las abiertas
amenazas. [56] Este comportamiento característico de Haya
ha sido interpretado como un intento oportunista de
negociar su acceso al poder a escondidas de sus
partidarios y de la opinión pública en general.[57] El
jefe aprista posteriormente le confió al científico social
e historiador Frank Tannenbaum, durante una
entrevista realizada en Lima, que Benavides le ofreció
significativos incentivos personales y políticos, entre
ellos un 25 por ciento de la representación
parlamentaria para el APRA, siempre y cuando colaborara
con los planes electorales del general. [58]
Mira lo que los católicos criminales de mierda en el Perú
tienen en la cabeza: se matan mutuamente:
[APRA criminal con doble asesinato el 15-05-1935 -
gabinete militar - Benavides se niega a castigar al
asesino del APRA]
Benavides obviamente no podía confiar en las intenciones
de un Haya presionado por otros jefes apristas más
radicales. En efecto, la dirigencia aprista estuvo
profundamente envuelta en la desestabilización del régimen
de Benavides antes de las elecciones presidenciales de
1936. El 15 de mayo de 1935, un aprista de diecinueve años
de edad asesinó al influyente líder conservador Antonio
Miró Quesada y a su esposa, María Laos de Miró Quesada.
Este acto le generó serios problemas políticos a
Benavides. Un nuevo gabinete conformado íntegramente por
oficiales militares juramentó dos días después del
asesinato. La familia Miró Quesada, El Comercio y la UR atacaron
a Benavides por negarse a usar un tribunal militar
para enjuiciar al asesino. [59] La extrema
[p.330] derecha incrementaba así su presión sobre un
régimen que iba debilitándose políticamente.
Y los católicos criminales del APRA no paran de cometer la
mierda:
[Mayo de 1936: El APRA criminal planea una guerra civil
desde el sur del Perú - con soborno del presidente de
Bolivia Toro - promesa de Arica - falta de dinero - el
posterior presidente boliviano Germán Busch intenta la
misma maniobra con el criminal APRA nuevamente]
En mayo de 1936, la dirigencia aprista en el exilio
conspiró para armar a sus militantes y lanzar una
insurrección en el sur del país bajo el mando de Julio
Cárdenas. El plan conllevaba convencer al coronel
David Toro —el presidente izquierdista de
Bolivia opuesto al gobierno de Benavides— para que
suministrara dinero y armas a los militantes apristas en
diversas partes de la frontera entre Perú y Bolivia. A
cambio, el líder aprista Manuel Seoane
prometió a Toro que tras la caída de Benavides, el Perú no
se opondría a que Chile cediera a Bolivia una salida al
mar a través de territorios que habían sido peruanos. Esta
parte del acuerdo entre Toro y el APRA violaba el tratado
de paz de Ancón entre Perú y Chile de 1883. El complot
aproboliviano sufrió demoras cruciales debido a la falta
de fondos: los bonos apristas de un millón de dólares para
un préstamo de «acción social» no encontraron suficientes
inversionistas fuera de ciertas figuras políticas
extranjeras como Lázaro Cárdenas. La
atrevida conspiración finalmente fracasó debido a las
enérgicas presiones diplomáticas ejercidas por el gobierno
de Benavides. Un complot posterior incubado por el próximo
presidente boliviano, Germán Busch, para
entregar armas a conspiradores apoyados por el APRA,
también fue descubierto por espías y liquidado por los
agentes de Benavides, que arrestaron a los cabecillas
peruanos en el suelo boliviano de La Paz. [60]
Católicos criminales en Perú: Miren, Benavides quería
lubricar al APRA, y si alguien más gana con el APRA,
¡Benavides cancela la victoria electoral!
[1935: APRA se convierte en una "organización ilegal" -
apoya a candidatos de izquierda en Perú - Burgueses
divididos - Fascistas con Flores+Quesada - Benavides
declara inválido al ganador de las elecciones Eguigurs -
sigue la dictadura de Benavides]
A medida que la campaña electoral iba avanzando, el
APRA iba siendo rotulado como una organización
internacional ilegal y, por tanto, proscrita
en l Perú. Incapaz de presentar su propio candidato, el
APRA prestó su apoyo al candidato de la alianza
izquierdista Frente Democrático, Luis Antonio Eguiguren,
exalcalde de Lima y cercano colaborador de Sánchez Cerro.
La derecha fue a las urnas completamente dividida. La
pro fascista UR fue liderada por Flores y José Quesada.
Jorge Prado había intentado negociar el respaldo del APRA,
pero la exiliada dirigencia de este partido rechazó sus
tentativas. Para Prado disminuyeron así las posibilidades
de obtener el éxito electoral a [p.331] la cabeza del
Frente Nacional. [61] En estas circunstancias y mientras
los votos venían contándose, Benavides, con la
ayuda de un Congreso sumiso, declaró inválidas las
elecciones, pues los resultados iban
favoreciendo claramente a Eguiguren. El
Congreso se disolvió a sí mismo y Benavides quedó en
control del país hasta las nuevas elecciones de 1939. Flores
fue pronto exiliado a México. [62] Se
intensificó, entonces, la oposición a estas medidas por
parte de diversos grupos económicos y políticos opuestos a
la dictadura de Benavides.
QUIÉN es Eguiren?
Traducción con Translator.eu:
"fundador y líder del Partido Social Demócrata Peruano.
Ganó las elecciones presidenciales peruanas de 1936, pero
su victoria fue ignorada por el Congreso y el entonces
presidente Oscar R. Benavides, quien afirmó que había
ganado con votos del APRA. Presidió la Corte Suprema y el
Poder Judicial en 1953 y 1954." [web01]
APRA criminal todavia existe y se llaman "cacólicos":
[APRA criminal comienza campaña de difamación
contra Benavides - Benavides hace el término medio -
tiene cooperación de entrenamiento con Mussolini -
instala policía italiana en Lima contra el APRA
criminal]
La dirigencia aprista lanzó una campaña para desacreditar
al gobierno de Benavides en los ámbitos tanto nacional
como internacional. Autores apristas le acusaron de
ponerse del lado de Mussolini y del movimiento fascista.
[63] Recientes estudios históricos sobre la
correspondencia diplomática italiana de ese entonces han
demostrado que estas imputaciones no tenían fundamento. Benavides
era, en realidad, un moderado ideológico que
enfatizaba una postura política de «ni comunismo ni
fascismo». [64] Si bien tuvo parte en arreglos
financieros con la comunidad italiana en el Perú, lo hizo
por razones prácticas. También compró pertrechos italianos
para la infantería y la fuerza aérea, entrenó pilotos
peruanos en Italia, permitió que se instalara una fábrica
de aviones italianos Caproni en Lima y contrató una
misión policial italiana, cuya actividad de espionaje
le causó graves problemas al APRA. Pero estas
medidas no convertían a Benavides en fascista. Según un
embajador fascista italiano, el Perú no era tierra fértil
para el fascismo en 1937 y, además, el presidente
Benavides jamás abrazaría dicha ideología debido a sus
antecedentes culturales y sus «viejas tendencias liberales
democráticas». [65]
Los católicos SIEMPRE roban, porque piensan que su dios de
fantasía es más fuerte que todos los demás, incluso el
gobierno de Benavides en el Perú:
[Católicos criminales en el gobierno de Benavides con
escándalo de guano en 1934: solo robaron 1 millón de
soles - APRA criminal grita algo de nepotismo con 300
millones de soles para edificios públicos, incluidas
"hermosas casas privadas" - NO se puede confirmar NADA]
Pese a ello, las acusaciones de corrupción que el APRA
lanzaba contra el régimen de Benavides tuvieron un impacto
sobre la percepción que el público se iba formando de las
continuas irregularidades cometidas en la Administración
Pública. En septiembre de 1934, la malversación de
un millón de soles de las utilidades de la Compañía
Administradora del Guano se denunció
públicamente en una carta abierta firmada por el exgerente
de la compañía, el san- [p.332] chezcerrista Adolfo Lainez
Lozada. [66] Las ventas de guano a Japón continuaron
despertando las sospechas de autoridades estadounidenses
todavía en marzo de 1938. J. Edgar Hoover, el director del
FBI (Buró Federal de Investigación, en español), le
comunicó al secretario de estado de Estados Unidos que un
informante, el exvicecónsul peruano en Yokohama, alegaba
que seguía intercambiándose guano por armas japonesas.
[67] Del mismo modo, un panfleto aprista denunciaba la
corrupción y el mal uso de fondos públicos en la
contratación que el gobierno hizo de trescientos
millones de soles en préstamos nacionales para
proyectos de obras públicas. Estas maniobras
financieras supuestamente explicaban los lujosos hogares
del ministro de Gobierno, general Antonio Rodríguez,
y del exministro de Fomento, coronel Federico
Recabarren. El folleto asimismo afirmaba que
los intentos de Benavides para que un candidato «amistoso»
le sucediera estaban motivados por su deseo de impedir que
se investigaran dichas irregularidades financieras al
finalizar su gobierno. [68] Estas denuncias no fueron
confirmadas por otras fuentes.
Los católicos siempre roban, ciertamente no solo en el
Perú, y luego suelen mentir para hacer capital político:
[Gobierno de Benavides: Rumores de robo masivo por
parte del "Ministro de Desarrollo" Arturo Chávez Cabello
contra Satipo - y en el centro de impuestos]
Existen otras evidencias más confiables relacionadas con
la corrupción administrativa durante el gobierno de
Benavides. En una queja firmada por los habitantes de la
colonia de Satipo [jungla central del Perú], se acusó
públicamente al ministro de Fomento del régimen inicial
—el sanchezcerrista Arturo Chávez Cabello —
de desviar subsidios públicos destinados para esa colonia
amazónica. [69] Del mismo modo, el ministro de Hacienda Benjamín
Roca se vio obligado a renunciar en diciembre
de 1934, en medio de una creciente tensión entre el
ejecutivo y el legislativo. A Roca se le imputaba haberse
rehusado a despedir a un gerente de la Caja de Depósitos y
Consignaciones (la agencia recaudadora de impuestos), que
había sido denunciada en los periódicos y el Congreso por
estar plagada de malversaciones, empleados incompetentes y
depósitos perdidos. [70] [p.333]
Los católicos roban y difaman, especialmente cuando se
sienten seguros:
[Dictadura de Benavides 1937: Robos gigantescos en el
Ministerio de Hacienda]
En febrero de 1937, Julio Villegas, fiscal
de la Corte Superior de Justicia de Lima, despertó un
vendaval, al procesar exitosamente un caso de corrupción
en el Ministerio de Gobierno. El empleado culpable fue
despedido de su cargo, pero poco después José
Carlos Bernales, un ciudadano particular,
publicó una carta abierta dirigida a Villegas, en la cual
denunciaba serias irregularidades en el Banco Central
Hipotecario estatal. Villegas respondió con otra carta
abierta en la prensa local anunciando que investigaría el
caso. También reveló haber recibido informes anónimos de
corrupción y mala administración en oficinas
gubernamentales claves, entre las cuales se encontraba la
Secretaría de la Presidencia, el Ministerio de
Hacienda y el Estado Mayor del ejército. Los
jueces de la Corte Suprema inmediatamente reprendieron a
Villegas por sus revelaciones francas pero inapropiadas.
[71] Pronto comenzaron a circular rumores acerca del
difundido nivel de corrupción pública. Un diplomático de
Estados Unidos describió la situación como sigue:
Uno de los temas de creciente intensidad en las
conversaciones en el club y los círculos políticos, es la
cantidad de corruptelas que se cree existen en las
oficinas públicas. Se citan casos concretos de cuando en
cuando. El gobierno no hace nada sobre este particular,
salvo en raras ocasiones cuando se despide a empleados
subalternos acusados de corrupción. [72]
[Fin de la descripción].
[Gobierno de Benavide 09-08-1937: Dos leyes
anticorrupción - pero apenas aplicadas - las empresas
"estadounidenses" coiman menos y están en desventaja -
el principio: En Perú, TODOS son corruptibles, así son
los católicos criminales en Perú]
El 9 de agosto de 1937 se expidieron dos decretos firmados
por Benavides y el general Rodríguez, dirigidos a contener
la corrupción. El primer decreto — basado en los artículos
333, 343 y 353 del Código Penal contra las infracciones
cometidas en los cargos públicos como solicitar o recibir
pagos ilegales por servicios públicos prestados
(concusión), perversión o mala administración de la
justicia (prevaricato) y soborno (cohecho) — declaraba que
los empleados públicos que no denunciaran tales
infracciones serían despedidos y procesados según ley. El
segundo decreto establecía que los empleados públicos no
podían ser parte o agentes en contratos en los cuales
participase una agencia estatal. [73] [p.334]
Estas medidas legales rara vez eran cumplidas, en tanto
que los sobornos y la corrupción continuaron siendo
algo acostumbrado en los asuntos oficiales. En
este sentido, resulta revelador un caso que implicó a una
compañía estadounidense. En febrero de 1939, el presidente
de Contract Sales Inc., un consorcio comercializador de
muebles manufacturados en Estados Unidos, escribió una
carta al secretario de Estado de su país, en la que se
quejaba de que, en el Perú, las firmas europeas gozaban de
un respaldo diplomático que ponía en desventaja a las
compañías estadounidenses, puesto que estas no contaban
con la misma «flexibilidad» por parte de sus
representantes diplomáticos.
Laurence Steinhardt, el embajador de Estados Unidos en
Lima, se ofendió ante esta queja y pasó a informar
detalladamente sobre los tratos ilegales en los que Hans
von Dreyhausen, el agente de Contract Sales en Lima,
estuvo envuelto desde abril de 1938. El gobierno peruano
tradicionalmente compraba muebles a las compañías
londinenses Maple & Co. y Waring & Gillow.
Decidido a desplazar a los competidores británicos
mediante técnicas de «ventas de alta presión», Von
Dreyhausen informó a Steinhardt que una «comisión de algún
tipo» había servido para llegar a un «arreglo» entre Maple
& Co. y el embajador peruano en Gran Bretaña para una
orden de compra por 100.000 dólares.
Además, Von Dreyhausen ofreció a Gustavo Berckemeyer, el
agente personal y asesor financiero del presidente
Benavides, una comisión de 25.000 soles si lograba
convencer a Benavides para que se hiciera un pedido de
compra a Contract Sales. Esta última transacción no tuvo
éxito porque el presidente rechazó la oferta. Sin embargo,
Von Dreyhausen sí logró asegurar una orden de compra
oficial por 300.000 dólares para la decoración y amoblado
del nuevo Palacio de Justicia, mediante el pago de
un comisión de «financiamiento de estricta
reciprocidad» de más de 10 por ciento al
arquitecto e ingeniero en jefe, Juvenal Monge. [74]
El embajador Steinhardt concluyó que la «flexibilidad» que
Contract Sales exigía a los diplomáticos de Estados
Unidos en el Perú «parece ser de una naturaleza tal que no
se la permitiría persona alguna que se respete a sí misma,
estuviese esta persona vinculada a negocios privados o a
la representación de un gobierno». En ausencia de una
legislación internacional que prohibiera el soborno de
funcionarios extranjeros, los empresarios estadounidenses
tenían los mismos «derechos» que los europeos, inclusive
«el derecho a ofrecer [p.335] comisiones a funcionarios
públicos», tal como Von Dreyhausen había hecho para
conseguir contratos «tras las bambalinas». [75]
Mira lo amables que son los católicos criminales en Perú:
El criminal APRA nunca ha destruido lo suficiente:
[Gobierno de Benavides: Intento de golpe de Estado con
APRA y UR en 1939]
A pesar de los logros del gobierno de Benavides con
respecto a la estabilización política y la recuperación
económica, varios fueron los factores que contribuyeron a
la supervivencia de las prácticas corruptas en el periodo
1933-1939. Benavides tenía un débil respaldo político más
allá de su base militar institucional. Incluso, este apoyo
aparentemente sólido vaciló seriamente en febrero de 1939,
cuando el supuesto fiel general Rodríguez lideró un
golpe de Estado contra él, con el respaldo del APRA y
de la UR. El golpe fracasó; Rodríguez fue
muerto en la intentona y más de cuarenta conspiradores
militares recibieron condenas de prisión. Este violento
suceso obligó a Benavides a seguir con el calendario
electoral de 1939. [76]
[Católicos criminales como siempre en el Perú: Las
elecciones manipuladas en octubre de 1939 se convierten
en un modelo para "elecciones" futuras]
Esta vez Benavides respaldó a Manuel Prado, el hermano
menor de Jorge, expresidente del Banco Central de Reserva
y facilitador de las políticas intervencionistas en
materia de reservas monetarias nacionales. A pesar de las
crecientes críticas al presidente por tramitar el apoyo
electoral aprista para el candidato oficial, se esperaba
que Manuel Prado venciera en las elecciones
de octubre de 1939. [77] Pero las numerosas negociaciones
llevadas a cabo en vísperas de las elecciones combinaron
varias posibilidades oportunistas de alianzas políticas,
tales como la de un pacto antes inconcebible entre
Flores y Haya para respaldar a José Quesada, candidato
de la UR. [78]
Prado llegó a ganar las elecciones presidenciales, dada la
desorientación de los votantes apristas combinada
con una dosis de fraude electoral. Las
elecciones estringidas, arregladas y fraudulentas de
1936 y 1939 con Benavides sembraron las semillas de
procesos electorales similares, especialmente
en 1950, 1956 y 1962. Estos sancionaron resultados poco
democráticos y la continuidad de corruptelas en la
Administración Pública.
¿QUÉ son los católicos? Corrupto y criminal - ejemplo Perú
con Benavides:
[Gobierno de Benavides: corrupto como todos los demás -
la manipulación electoral se convierte en modelo]
Entre crecientes críticas desde todos los flancos,
especialmente el virulento ataque derechista de la familia
Miró Quesada, [79] Benavides buscó garantizar [p.336] el
apoyo esencial de sus seguidores algo veleidosos que
incluían a militares, la burocracia estatal, el clan Prado
y otros grupos de la élite. Cabe poca duda de que el
gobierno de Benavides permitió prácticas corruptas
entre los militares y sus servidores públicos. Estas se
dieron bajo el manto de obras públicas que ofrecían
trabajo en medio de la recuperación económica. Asimismo,
sus manipulaciones electorales, quedaron
como modelo de fraude y de turbios arreglos políticos. Sin
embargo, a diferencia de periodos anteriores de corrupción
incontrolada, durante el régimen de Benavides se llevaron
a cabo ciertos intentos cosméticos para «moderar» la
corrupción. Por lo tanto, la restauración de Benavides
puede también ser entendida como una «normalización» de
los elevados niveles de corrupción heredada y persistente.
[Falta un balance positivo de lo que se ha construido en
Perú. ¿Líneas ferroviarias? ¿Fábricas?].
Política de guerra sin principios
Un Prado y un Basadre:
[desde diciembre de 1939: gobierno de Manuel Prado -
con el historiador Jorge Basadre ("USA", D+Sp), director
de la Biblioteca Nacional]
Cuando el presidente Manuel Prado Ugarteche
asumió el mando en diciembre de 1939 durante la segunda
guerra mundial, Jorge Basadre había
alcanzado prominencia como profesor y bibliotecario de la
Universidad de San Marcos. Su prestigio como intelectual
independiente y progresista era ampliamente reconocido
entre las élites políticas e intelectuales. Basadre
regresó al Perú en 1935, luego de haber estudiado y
dado conferencias en Estados Unidos, Alemania y España,
y de haber sido testigo del auge del fascismo en Europa.
Ante la severa mirada del presidente Benavides, Basadre
ofreció la conferencia inaugural del Congreso de
Americanistas, celebrado en Lima en 1939. También en ese
año se publicó su primera "Historia General de la
República del Perú". Unos cuantos años más
tarde, Prado le nombró director de la Biblioteca
Nacional, una posición importante aunque
difícil, pues se le encargó su reconstrucción tras un
desastroso incendio (de 1943 [web02]). Esta y otras
experiencias como empleado público le proporcionaron a
Basadre una visión interna de la corrupción arraigada y
tradicional en la burocracia del gobierno y la toma de
decisiones administrativas.
[Perú con Prado 1939-1945: Italia+D+Japón infiltran
compañías peruanas - APRA criminal con el líder Haya
hace intrigas en el "EE. UU." contra Prado - el "EE.
UU." financió a Hitler para ganar sobre Rusia]
La guerra mundial alteró significativamente el paisaje
político en el Perú. El apoyo oficial que Prado había
recibido para llegar a ser presidente le impedía tener una
amplia base política. Tuvo, más bien, que depender de los
militares, de sus amigos políticos y de una comunidad
banquera y empresarial infiltrada por intereses
parciales a las potencias del Eje. Prado
enfrentó una seria oposición política de parte de la pro
fascista UR y del antifascista APRA.
A medida que la guerra avanzaba, fue creciendo la presión
sobre Prado para competir con el APRA por las simpatías de
los Aliados. Tras rechazar una [p.337] temprana oferta que
Prado hiciera a comienzos de 1940 para la formación de un
gabinete de coalición, Haya lanzó una intensa campaña con
el fin de desestabilizar al gobierno explotando las
debilidades del régimen. En el transcurso de varias
reuniones que tuvo con diplomáticos de Estados Unidos y
agentes del FBI, Haya acusó a Prado y sus ministros de
proteger los intereses del Eje. Estas revelaciones eran
parte de la información política y de inteligencia que el
líder aprista brindaba a los agentes de los gobiernos
Aliados.
[FALSO: Las fuerzas derechistas de los "Estados Unidos"
han sobornado y financiado a Hitler para ganar contra
Rusia y, en última instancia, para convertir a Europa en
un campo de ruinas para eliminar la competencia].
[APRA criminal es como el antifa criminal - exige
libertad de expresión para destruir el Perú (!) - Haya
quiere convertirse en el presidente de Perú con los
Aliados - a partir de 1942, Prado es amigable con los
aliados - APRA no es tan amado]
La dirigencia del APRA [con el criminal Haya] favorecía
entonces al antifascismo internacional con la expectativa
de gozar del favor de diversos gobiernos extranjeros, en
especial el de Estados Unidos, para ejercer presión sobre
Prado para que restaurara las libertades civiles y
de expresión. [80] Esta era una abierta
invitación a la intervención extranjera en los asuntos
internos peruanos, supuestamente justificada por el
creciente peligro totalitario. Al igual que Getulio Vargas
en el Brasil, pero a diferencia de Juan Perón en la
Argentina, el populista Haya de la Torre optó por
el campo de los Aliados para sustentar su búsqueda por
el poder. Prado respondió aumentando la
colaboración con los Aliados, particularmente a comienzos
de 1942 cuando Estados Unidos entró a la guerra. Prado,
asimismo, sedujo a diversos dirigentes comunistas y
apristas para que defeccionaran y se unieran a su bando,
dedicándose, al mismo tiempo, a una implacable
campaña de represión para detener las acciones del
APRA. [81]
Cacólicos peruanos NO tienen NINGÚN problema de endrogar
el eje:
[Perú entrega frutas, verduras y materias primas a los
poderes del eje - "EUA" sionista reacciona oficialmente
con "Lista negra" - cocaína+opio]
La situación de guerra internacional también le proveyó un
enterno distinto a la corrupción tradicional. La creciente
demanda de bienes agrícolas y otras materias primas por
parte de empresas alemanas, italianas y japonesas
incentivó a exportadores, comerciantes y autoridades
venales peruanos, a pesar de que los Aliados colocaron en
la lista negra a aquellas empresas
favorables al Eje. La inteligencia aliada informó sobre
las redes de abastecimiento del Eje que eran permitidas o
protegidas por autoridades peruanas sobornadas. Se aplicó
una celosa vigilancia a la producción y comercialización
de drogas [p.338] (principalmente cocaína y opio),
algodón, productos petrolíferos y otras exportaciones
estratégicas.
A partir de la inteligencia reunida por el FBI en el Perú,
J. Edgar Hoover informó al Departamento de Estado de
Estados Unidos, en octubre de 1941, que el gobierno
peruano estaba vendiendo combustible de petróleo
de los depósitos de reserva a los japoneses a casi el
doble de su precio normal; también había una creciente
preocupación por el cultivo y la compra de algodón por
parte de compañías japonesas. Unos cuantos meses más
tarde, Hoover también proporcionó información confidencial
acerca del tráfico de cocaína por parte de una red
de espías argentinos y peruanos favorables al
Eje. [82]
[Lufthansa transporta cocaína del Perú a D+It - rutas
Perú-Brasil-Europa o Perú-Argentina-Europa -
responsables peruanos son coimados]
El ministro de Hacienda David Dasso informó a diplomáticos
de Estados Unidos en 1941 que alrededor de 1.000 kilos de
cocaína habían sido exportados legalmente a Alemania e
Italia a través de la aerolínea Lufthansa,
pasando por Bolivia y Brasil. Asimismo, los funcionarios
del Departamento de Estado estimaban que 1.200 kilos de
cocaína habían sido contrabandeados de Perú a Alemania e
Italia a través de Argentina. [83] Se sospechaba que Suiza
y España eran otros destinos de la droga. [84]
La producción de cocaína por encima de la demanda de las
exportaciones legales y del mercado doméstico se canalizó
hacia el mercado negro. En 1943 se descubrieron y
eliminaron varias redes de tráfico de drogas en el Perú.
[85] La más notoria de estas redes conectaba a compradores
de los países del Eje con [p.339] los contrabandistas Héctor
Pizarro y «Chino» Morales. La investigación
del caso reveló que César Cárdenas García,
director del Ministerio de Gobierno, recibía un soborno de
5.000 soles mensuales, y el prefecto de Lima, otros 2.000
soles al mes, por permitir que las actividades de
contrabando se realizaran sin molestias. [86]
[Perú 1942: La especulación con arroz al extranjero
provoca escasez en el propio Perú - David Dasso con
ganancias con madera, carbón y hierro]
Se sospechaba que otros funcionarios de alta jerarquía del
gobierno de Prado también lucraban con la guerra. En
septiembre de 1942, Guillermo Garrido Lecca Montoya,
el ministro de Gobierno, fue denunciado y posteriormente
cesado por especulación con arroz y
exportación en grandes cantidades, con lo que contribuía a
la escasez doméstica de este producto de primera
necesidad. [87] Del mismo modo, David Dasso,
el ministro de Hacienda y confidente de diplomáticos
estadounidenses en cuestiones comerciales y económicas,
sufrió un ataque al corazón poco después de ser denunciado
en el Congreso peruano por contribuir a las ganancias
excesivas de la compañía importadora de madera de su
familia (gracias a aranceles más bajos para la madera que
Dasso personalmente negoció en un acuerdo comercial con
Estados Unidos), así como por beneficiarse personalmente,
utilizando un programa de desarrollo gubernamental del
carbón y el hierro. [88]
Estos escándalos, la creciente inflación, el control de
precios y los impuestos locales más altos contribuyeron a
formar una adversa opinión pública sobre una ya sospechada
concentración de riqueza por parte del «Imperio Prado»
durante los años de la guerra. [89] Diplomáticos
estadounidenses observaron un marcado deterioro en la
posición del régimen debido a la siguiente razón: [p.340]
[… el] chisme concerniente a las actividades económicas
del presidente Prado y el grupo que le rodea y del cual
depende. En todos los grupos se alega crecientemente que
el círculo de Prado viene adquiriendo paso a paso todas
las fuentes disponibles de riqueza del país [...]. No se
ha hecho ninguna defensa efectiva contra estas
imputaciones. [90]
[Fin con los diplomáticos].
[De 1942: Política de Prado con los aliados sionistas -
1941: Guerra contra Ecuador es perdido - sin embargo,
promociones+aumentos de salarios - desde 1942 problemas
de inflación+de déficit]
Prado optó por fortalecer su posición interna y
externamente. A pesar de las serias dudas que los
funcionarios del Departamento de Estado de EE. UU. tenían
sobre el compromiso de su gobierno con los Aliados, Prado
había alcanzado, para marzo de 1942, importantes logros
diplomáticos. Ellos fueron descritos como el cambio «de
una política vacilante e indecisa a un enfoque
definitivamente a favor de la democracia y cooperación con
los Estados Unidos». [91]
El Perú participó en la Conferencia de Río
que suscribió la defensa democrática del hemisferio.
Además, el gobierno rompió relaciones con las potencias
del Eje y llegó a un acuerdo con el Ecuador en torno al conflicto
fronterizo de 1941. El resultado favorable de
este breve conflicto armado entre las dos naciones vecinas
ayudó a consolidar la posición nacional de Prado y
fortalecer su apoyo entre los militares. Las fuerzas
armadas reafirmaron su compromiso profesional con la
defensa nacional. Gracias a un presupuesto especial de
defensa, financiado a través de préstamos nacionales
reservados, Prado brindó generosas recompensas en la forma
de ascensos militares y paga más alta, para así garantizar
el respaldo político de las fuerzas armadas. Además, el
seguro social y los grandes programas de obras públicas,
también financiados con préstamos nacionales, continuaron
la política fiscal heredada de Benavides. [92] No
obstante, la corrupción, los déficits y las presiones
inflacionarias entraron en una espiral de descontrol que
sentaría las bases para endémicas interrelaciones entre
problemas deficitarios e inflación, presentes durante
prácticamente el resto del siglo XX.
[Perú 1942: Sanciones contra Japón+Alemania -
disturbios contra Japón - deportación de más de 1800
japoneses del Perú a los "EUA" sionistas - expropiación
de escuelas japonesas, asociaciones, empresas,
territorios]
Las medidas que el régimen adoptó para sancionar
económicamente y expulsar del Perú a ciudadanos del Eje
estuvieron acompañadas por serios [p.341] casos de
corrupción de empleados públicos.
-- Se congelaron fondos japoneses y alemanes;
-- el Banco Italiano fue suspendido y obligado a cambiar
de nombre;
-- productos importados no se entregaban a una «lista
proclamada» de empresas; y
-- se implementaron las leyes 9586 y 9592 para anular las
operaciones comerciales, bancarias, agrícolas e
industriales del Eje en el Perú. [93]
El gobierno aplicó estas medidas siguiendo las
recomendaciones de funcionarios estadounidenses. Más
de 1.800 ciudadanos japoneses varones, entre ellos
maestros y miembros de asociaciones japonesas locales,
fueron deportados forzosamente a Estados Unidos.
[94] Los colegios, asociaciones, negocios y propiedades
japoneses fueron clausurados y sus activos expropiados.
Todas estas medidas estuvieron precedidas por la violencia
de las turbas contra personas y propiedades japonesas, en
particular las asonadas de mayo de 1940. [95]
[Desde 1942: Ganancias para peruanos que aceptan fondos
de protección o "asuman" cosas alemanes y japoneses -
pasaportes de protección para japoneses a precios de la
usura]
Varios funcionarios de alto rango recibieron
sobornos de ciudadanos japoneses y alemanes que
intentaban eludir la deportación y expropiación,
o se apropiaron ilegalmente de propiedades confiscadas a
personas que habían sido deportadas. [96] Hoover informó
que Moisés Mier y Terán, el jefe de la División de
Investigaciones de la policía, juntamente con César
Cárdenas García, director de Gobierno, fueron condenados
por extorsión a gran escala y otras serias irregularidades
perpetradas durante la deportación de ciudadanos del Eje
en febrero de 1943. Mier, un agente clave en la represión
de los apristas, había sido ascendido por Manuel Ugarteche
Jiménez, el primo pro germano del presidente. A pesar de
los cargos formulados en su contra, Mier continuó
trabajando para la división de investigaciones en
provincias del interior. [97] Otro plan llevado a cabo por
funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores fue
la [p.342] venta, por miles de soles, de documentos
de ciudadanía peruana a japoneses que estaban
a punto de ser deportados. [98]
Católicos criminales en Perú 1945: El APRA criminal no
está contento, se apresura contra el gobierno de haber
sobrevivido a la Guerra Mundial sin guerra, pero:
[1945: El APRA criminal se apresura contra el Prado -
Comité Revolucionario de Oficiales del Ejército (CROE) -
y Benavides hace su maniobra en el medio]
El gobierno de Prado enfrentó las elecciones programadas
para junio de 1945 en medio de crecientes problemas
-- para contener la corrupción,
-- lidiar con la oposición política y
-- manejar la deteriorada situación financiera.
Las publicaciones apristas continuaron sus ataques, pero
ahora apelaban abiertamente a jóvenes oficiales militares
para que tomaran acción contra lo que el partido aprista
consideraba era un gobierno hondamente corrupto. [99]
Justo antes de las elecciones, el Comité
Revolucionario de Oficiales del Ejército (CROE),
liderado por el mayor Víctor Villanueva, un
simpatizante aprista que criticaba el tráfico de
influencias políticas y la corrupción dentro de las
fuerzas armadas, comenzó a preocupar a las autoridades
peruanas y a los funcionarios de inteligencia
estadounidenses. [100]
Prado jugó con la idea de la reelección, pero advirtiendo
la probabilidad de su fracaso optó finalmente por prestar
su apoyo al general Eloy Ureta, un héroe de
la guerra de 1941 con el Ecuador. Esta estrategia
electoral que favorecía prolongar la fórmula de alianza
élite-fuerza armada, molestó al mariscal Benavides,
quien había retornado al Perú de sus misiones diplomáticas
con la expectativa de que Prado le devolvería el favor
electoral de 1939. En enero de 1945, Benavides publicó un
manifiesto urgiendo la candidatura de un civil honesto y
la unidad de las fuerzas armadas, en lo que era un
evidente rechazo tanto a Prado como a Ureta. Esta medida
del sagaz Benavides dividió el bando de derecha de Prado y
favoreció las tendencias izquierdistas apoyadas por el
APRA. [101] [p.343]
El Partido Aprista negoció con el Frente Democrático
Nacional (FDN), cuyo candidato era José Luis Bustamante y
Rivero, a quien se le tenía en su Arequipa natal como
«demasiado honesto y demasiado carente de carácter
político » como para que gobernara al Perú. [102] El
mariscal Benavides se opuso a Ureta, afirmando que en el
Perú era necesario contar con un presidente civil. La
postura de Benavides benefició a Bustamante y a sus
aliados apristas. Sin embargo, las negociaciones de último
minuto entre los dirigentes apristas y los seguidores de
Ureta en la UR amenazaron la alianza izquierdista con el
FDN. Asimismo, la alianza fue puesta en peligro por las
exigentes demandas que el Partido Aprista le hizo al FDN
en lo que tocaba a la proporción aprista en la lista de
candidatos parlamentarios.
Estas maniobras electorales se consideraron como «una
serie de traiciones, impresionantes incluso para la
política peruana», que recordaban a las intrigas
electorales de 1939. [103] El persistente patrón de un
oportunismo electoral carente de principios, que minaba en
efecto a la democracia para beneficiar a unos cuantos
políticos, formaba parte de los altos costos de
transacción de una cultura política infestada por la
desconfianza y la corrupción. Al final, Bustamante fue
elegido presidente por amplio margen sobre Ureta, gracias
en gran medida a los votos apristas. El repentino
deceso del mariscal Benavides a comienzos de
julio de 1945, cuando se estaban contando los votos, privó
al FDN de Bustamante de un aliado importante con el cual
moderar las crecientes expectativas políticas apristas.
[104] La dirigencia y la militancia aprista estaban listas
para el «cogobierno» como medio para tomar el poder a
cualquier costo posible.
Transición en la cuerda floja
Y siguen los católicos criminales en el Perú de basuuura:
[1945: Bustmante elegido por el gobierno con votos de
la APRA criminal, supuestamente "jóvenes expertos" en el
Gabinete - Ministro de Educación, Basadre quiere
combatir la corrupción - costos de construcción de la
nueva Biblioteca Nacional suben sin fin - bancos
escolares con precios demasiado altos]
Inmediatamente después de asumir el mando, Bustamante
emitió una serie de decretos que buscaban «limpiar la
casa» heredada del gobierno anterior. Las nuevas medidas
estaban orientadas a inspeccionar más estrechamente las
finanzas estatales, eliminar sinecuras y empleos
superfluos, y despedir a funcionarios [p.344]
deshonestos. [105] El primer gabinete del nuevo régimen,
al cual se le denominó el «gobierno moralizador», estuvo
formado por jóvenes profesionales. Basadre,
una figura políticamente independiente, fue nombrado
ministro de Educación y desde su posición intentó combatir
la corrupción entre los funcionarios del ministerio.
Aunque tenía una experiencia limitada para semejante
cargo, Basadre sostuvo que «por lo menos, fuimos
honestos». [106] Una de sus primeras medidas fue realizar
una profunda investigación del sospechoso incendio [de
1943] que había destruido la Biblioteca Nacional, un
desastre sobre el que no se había indagado plenamente.
[107]
Para asumir su nuevo cargo ministerial, Basadre dejó
temporalmente la dirección de la Biblioteca Nacional,
puesto que había asumido inmediatamente después del
incendio de mayo de 1943. En esa función de reconstruir y
restaurar la biblioteca, Basadre tuvo fricciones con la
compañía e ingeniero contratados por el Ministerio de
Fomento para construir su nuevo edificio: los
costos continuaban creciendo sin tener en
consideración las necesidades presupuestarias y técnicas.
Como ministro, Basadre también descubrió una trama
para defraudar al Estado por aproximadamente el 40 por
ciento del valor de un número considerable de pupitres
escolares, fabricados por un contratista en
colusión con un funcionario de alto rango. Basadre sentó
la denuncia y remitió el caso a un tribunal indiferente.
El funcionario acusado respondió apoyándose en influencias
políticas para evitar ser procesado e inició trámites para
un juicio por difamación contra el ministro.
Este episodio y la presión política ejercida por el APRA
obligaron a Basadre a renunciar como ministro a solo dos
escasos meses y días de asumir la cartera. Luego de su
renuncia, Basadre volvió a su puesto de director de la
Biblioteca Nacional hasta el año 1947. A partir de esta
experiencia fugaz como ministro, Basadre concluyó que, en
el Perú, los burócratas del Estado asumían que el
enriquecimiento ilícito mediante la corrupción era una
actividad normal. [108] [p.345]
Las publicaciones apristas criticaron e insultaron a
Basadre sin cesar debido a su independencia política,
llamándole «un cobarde y un adulón que ha sacrificado la
integridad de su posición a cambio de la sinecura». [109]
El APRA presionaba para tener el control de varios
ministerios claves, entre ellos el de Educación, para así
promover sus objetivos políticos. Basadre y otros
ministros pasaron a ser el blanco favorito de los dardos
apristas como parte de la estrategia global del APRA de humillar,
obstruir y desestabilizar al régimen de
Bustamante.
[Desde 1945: el APRA criminal ahora el nuevo presidente
Bustaman - y los miembros criminales de APRA salen
libres con amnistía - y maniobras políticas contra el
gobierno con nuevas leyes]
Bustamante y su primer ministro, Rafael Belaúnde,
inicialmente le habían ofrecido dos carteras al APRA. Sin
embargo, la dirigencia aprista exigía al menos cuatro
ministerios, entre ellos los de Relaciones Exteriores,
Hacienda, Fomento y Educación. [110] Desde el principio,
la alianza electoral inicial no se tradujo en una
colaboración en el gobierno. El APRA había ganado más del
50 por ciento de todos los escaños en el Congreso. Con el
control de la legislatura, el «partido del pueblo»,
organizado verticalmente, bloqueó las iniciativas
legislativas de Bustamante y le disputó la autoridad
ejecutiva. El primer acto de este Congreso «independiente»
fue aprobar una amplia ley de amnistía que
beneficiaba fundamentalmente a los apristas presos por
haber cometido actos violentos.
Siguiendo una disciplina estrictamente jerárquica, los
parlamentarios apristas bregaron por legislar según
la agenda de su partido. Todos los senadores y diputados
apristas electos tuvieron que entregar una carta de
renuncia en blanco al jefe del partido. Por iniciativa de
esta agrupación se formaron varias comisiones
investigadoras en el Congreso, supuestamente para
perseguir la corrupción, pero lo hicieron en realidad para
entrometerse en los asuntos del poder ejecutivo. Una
ley de elecciones municipales auspiciada por
el APRA facilitó el control aprista sobre muchos
municipios locales que competían con las prerrogativas
tributarias del gobierno nacional. Esta era una estrategia
de oposición política riesgosa y peligrosa, que exacerbaba
los conflictos locales. [111] [p.346]
[De 1945: APRA criminal con manifestaciones violentes
para Ministerios - APRA con Ministerios de Finanzas,
desarrollo+agr - aumento de burocracia y regala puestos
- reformas sociales no sirven mucho debido a la
inflación+costos de burocracia - economía de deficiencia
comunista+falta de divisas]
Las serias diferencias que Bustamante y su primer ministro
tenían con respecto a cómo manejar las violentas
manifestaciones apristas llevaron a la
renuncia de Belaúnde. En enero de 1946, Bustamante intentó
aplacar al APRA entregándole tres carteras estratégicas:
Hacienda, Fomento y Agricultura. La acrecentada influencia
aprista en materia de política económica se tradujo en el
crecimiento de la burocracia estatal, que llegó
hasta un total de 44.700 empleados, 160 por ciento más
que con Benavides y 60 por ciento más que con Prado.
[112] Muchos de los nuevos puestos estatales fueron para
militantes del APRA. Esta política presupuestaria
expansiva chocaba con una situación económica en
deterioro, con inflación y escasas reservas
de divisas, todo lo cual ya era observable hacia el final
del gobierno anterior. Para los apristas, entre otros, la
reforma social justificaba el incremento del
gasto público, aun cuando esto beneficiaba
fundamentalmente a la misma burocracia estatal.
Del mismo modo, las políticas de tipo de cambio y
controles a las importaciones, heredadas del régimen de
Prado —medidas supuestamente necesarias para incrementar
las reservas de divisas e impedir la fuga de capitales—,
en realidad beneficiaban a quienes obtenían licencias de
cambio y de importación. Estos permisos fomentaban
privilegiadas ventajas monopólicas y eran obtenidas
mediante la influencia o el soborno. [113] Entretanto, el
control de cambios sofocaba los incentivos para la
exportación; en consecuencia, el volumen de las
exportaciones se estancó y los ingresos procedentes de las
exportaciones decayeron. Los exportadores, liderados por
Pedro Beltrán, manifestaron su descontento. La
escasez de los productos de primera necesidad
alimentaba el descontento popular. Los controles de
precios empeoraron las cosas. La crítica
carencia de divisas extranjeras intensificó la necesidad
de contar con préstamos externos de estabilización, que,
sin embargo, se encontraban empantanados debido a la
espinosa cuestión del subsistente impago de la deuda
externa anterior. A pesar de los frenéticos esfuerzos
oficiales, las negociaciones en torno [p.347] a la deuda
externa siguieron fracasando, y eso se sumó a las
dificultades que sufría el asediado gobierno de
Bustamante. [114] La influencia aprista en la política
económica, en combinación con las descaminadas políticas
heredadas, resultó desastrosa.
Mira lo que los católicos criminales del Perú cometen otra
vez - una vida normal legal NO conocen:
[APRA es criminal en el Ministerio de Finanzas como
cualquier otro partido: policía criminal disuelto - APRA
se hace cargo de los centros policiales - encajar
sobornos de protección - APRA con cuentas extranjeras
acumulando coimas para el caso de una nueva guerra desde
el exterior]
La ambición aprista por el poder supremo justificaba no
solamente aplicar políticas económicas irresponsables,
sino también prácticas irregulares e ilegales
por parte de sus militantes, sin importar el empeoramiento
de la situación económica y social. Una temprana medida
ventajosa para las operaciones clandestinas del APRA fue
la disolución de la división de la policía de
investigaciones y la «reorganización»
general de las fuerzas policiales presionada
por legisladores apristas. [115] Se otorgaron prefecturas
y subprefecturas de provincias claves a miembros de este
partido. Además, asistidos por una sesgada ley electoral
municipal aprobada en el Congreso, políticos apristas
controlaron abusivamente las «juntas transitorias» que
malversaban los fondos municipales por medio de
«verdaderos peculados». [116]
Los anónimos informantes confidenciales del agregado
militar de Estados Unidos reportaban que el APRA se había
apropiado ilegalmente de fondos considerables mediante su
manejo de las finanzas nacionales, el clientelismo
en las obras públicas y el control de las licencias de
importación. Estos fondos fueron supuestamente
transferidos a Estados Unidos y Europa por
un leal confidente aprista para financiar las operaciones
del partido en caso se presentasen problemas en el Perú.
Aunque el embajador estadounidense consideraba que esta
información era exagerada, otros funcionarios pensaban que
el informe [p.348] coincidía con información independiente
acerca del «crecimiento de una difundida corrupción en el
Perú». Varios nombres y ejemplos fueron mencionados como
evidencia. [117]
Por "faltas formales", el contrato de petroleo de Sechura
no pasa el congreso - mira como los católicos criminales
del Perú arreglan el asunto:
[1947: El APRA criminal con petróleo, el tratado de
Sechura con soborno para sus propios bolsillos - el
contrato no pasa el Congreso - APRA mata al presidente
de "La Prensa" - la policía bloquea la investigación (!)
- Bustamante rompe con el APRA+forma un gobierno
militar]
Con el fin estratégico de conservar sus buenas relaciones
con los funcionarios e intereses de Estados Unidos, la
dirigencia aprista apoyó el apresurado contrato ad
referendum de Bustamante para otorgarle, a la
International Petroleum Company (IPC), una subsidiaria
canadiense de la Standard Oil de Nueva Jersey, una
concesión perpetua de derechos de exploración petrolera en
el desierto norteño de Sechura [en el norte del Perú].
Esta postura a favor de la IPC le ganó al APRA amigos
influyentes en Washington. Sin embargo, conservadores y
comunistas se opusieron por igual a este acuerdo. Estos
opositores sostenían que el contrato debió darse después
de la promulgación de una ley general de explotación
petrolera, además de que los políticos apristas estaban
implicados indebidamente en tal proyecto para su propio
beneficio pecuniario. El convenio no fue aprobado
en el Congreso, puesto que la conservadora
Alianza Nacional, dirigida por Beltrán, apoyó la
abstención de la oposición en la sesión de apertura del
legislativo en julio de 1947. Esta medida obligó a tomar
un prolongado receso parlamentario. [118] [p.349]
Uno de los opositores más activos al contrato de
Sechura fue Francisco Graña Garland,
presidente de la junta directiva del periódico La Prensa e
influyente hombre de negocios. El 7 de febrero de 1947,
cuando abandonaba el edificio de una de sus empresas,
Graña fue muerto a tiros por varios hombres
que huyeron en un automóvil verde marca Buick. A
pesar de la ineptitud de la policía de investigaciones
que truncó la resolución del caso, se logró identificar a
Manuel López Obeso como el dueño del vehículo, y se acusó
formalmente al congresista aprista Alfredo Tello, el
secretario de defensa del partido a cargo de los
escuadrones de fuerza. [119] El APRA negó estar
involucrado en el asesinato y comunicó a
través de varios canales teorías descabelladas que
apuntaban hacia otros posibles culpables. [120] En efecto,
el asesinato de Graña transformó la escena política y minó
la posición del APRA; sus jefes se vieron forzados a
proponer una «retirada estratégica» y la renuncia de los
tres miembros apristas del gabinete. Bustamante
rompió abiertamente con el APRA, pero luego
cometió el error garrafal de formar un gabinete
integrado por militares, con el que buscaba
estabilizar la volátil situación. Esta dependencia
excesiva de las fuerzas armadas abrió las puertas a una
costosa intervención militar. [p.350]
[1948: APRA criminal prepara una revolución: armas para
el APRA en secreto de los "EUA" - el traficante de
drogas Eduardo Balarezo es responsable para armas,
municiones y divisas]
El APRA no dejó de conspirar, promover la subversión entre
los oficiales subalternos e interferir en el proceso de
ascensos militares. El CROE [Comité Revolucionario
de Oficiales del Ejército] y otras
organizaciones militares ilegales prepararon un
clima de insurrección, fomentado tanto por
dirigentes apristas como por sectores reaccionarios. [121]
En una entrevista con diplomáticos estadounidenses en
agosto de 1948, Haya anunció planes en marcha para lo que
sería un derrocamiento militar del presidente
Bustamante «sin derramamiento de sangre».
[122] Haya, asimismo, informó al embajador español que la
opresión de la oligarquía cesaría en cualquier momento.
[123] El alto mando militar quedó preocupado con la
inminente revolución aprista.
En abril de 1948, se encontró una gran cantidad de armas a
bordo del navío de guerra peruano BAP Callao que regresaba
de efectuar reparaciones en un astillero de Nueva York.
Aparentemente estaban destinadas a los insurgentes. Se
sospechó, entonces, de la participación de oficiales de
marina apristas. Haya había estado en Nueva York a
comienzos de 1948, cuando el navío aún se hallaba en
puerto. Aún más, los oficiales al mando del navío le
habían invitado a que cenara a bordo. [124] Según
testigos, se sospechaba que el traficante en
narcóticos Eduardo Balarezo se encontraba
suministrando armas, municiones y fondos al
APRA . Este abordó el Callao llevando costosos artefactos
de contrabando, que fueron interceptados en el puerto del
Callao por funcionarios de aduanas, a los cuales intentó
sobornar. La posible vinculación del APRA con el tráfico
ilegal de Balarezo fue revelada por la [p.351] prensa
estadounidense y peruana de 1949-1950. Una investigación
del Buró Federal de Narcóticos en Nueva York reveló la
operación de contrabando de cocaína a Estados Unidos
realizada por Balarezo y sus posibles vínculos con el
partido de Haya. [125]
Los católicos criminales en Perú se matan mutuamente:
[3-10-1948: Levantamiento de APRA con partes del
ejército infiltrado - centro telefónico en Lima está
bloqueado - el ejército de Perú hace una carrera - el
liderazgo del APRA huye al extranjero - Bustamante no
quiere prohibir el APRA criminal - el ejército termina
con Bustamante: golpe de estado el 28 de octubre de
1948]
Tras un intento abortado en febrero de 1948, el muy esperado
levantamiento aprista tuvo lugar el 3 de octubre de
ese año. Esta asonada involucró a marineros y
oficiales de la marina de guerra en el Callao, pilotos de
la fuerza aérea de la base de Las Palmas y civiles en
Lima. Los insurrectos controlaron varios navíos de guerra,
la escuela naval y la guarnición del Real Felipe, pero no
lograron capturar bases del ejército ni la fuerza aérea.
En Lima, una turba atacó la central telefónica y trastornó
las comunicaciones. No cabía duda de que los apristas
radicales habían preparado el movimiento, dada la
identidad de la dirigencia naval de la insurrección y su
acción coordinada con militantes armados. Estos radicales
habían sido animados consistentemente a que tomaran estas
acciones, aunque la dirigencia del partido pudo
atemorizarse a último momento. [126] El levantamiento
aprista perdió impulso y fue aplastado por el ejército.
Los principales dirigentes del partido pasaron a la
clandestinidad o buscaron asilo en diversas embajadas.
Bustamante quedó entonces expuesto a la influencia del general
Manuel Odría, exjefe del Estado Mayor del
ejército y ministro de Gobierno, quien [p.352] desde mayo
de 1947 venía activamente abogando para que se colocara al
APRA fuera de la ley y para reabrir carta blanca en los
asuntos de seguridad interna. [127] Odría era un firme
paladín antiaprista, que contaba con un sólido respaldo
entre los oficiales militares de alto rango, comprometidos
con la destrucción del APRA y su perniciosa influencia
dentro de las fuerzas armadas. Bustamante retiró a Odría
del gabinete en junio de 1948, pero no logró detener su
amenazante conspiración. Apenas unas cuantas semanas
después del levantamiento aprista el 28 de octubre
de 1948, Odría realizó un clásico golpe
militar en Arequipa. Fue cuidadosamente
planeado y muy parecido al que Sánchez Cerro escenificara
en 1930. Los regimientos más importantes en provincias y
en Lima apoyaron a Odría en su acción de deponer a
Bustamante, quien fue forzado a exiliarse.
[128] La dictadura militar establecida por Odría abrió un
nuevo capítulo en la historia de la corrupción del sector
público, implicando profundamente al sector militar que
ahora poseía el control directo del gobierno y sus
recursos.
La recompensa del general Odría
[Desde finales de 1948: dictadura militar Odría -
eliminar controles comunistas - elecciones manipuladas
para Odría en 1950 - intelectuales son degradados]
Siguiendo los ejemplos anteriores de Cáceres, Benavides y
Sánchez Cerro, un líder militar nuevamente se levantaba
para «restaurar» y «rescatar» la política peruana de la
inestabilidad extrema y del conflicto interno. Odría dio a
su golpe el contradictorio título de la «revolución
restauradora». Como lo alaertaban los políticos de
entonces, su movimiento dictatorial solamente podía
mantenerse en el poder si, «poseía la habilidad de
resolver los problemas económicos... o de reprimir con
puño de hierro y sobornar a mano abierta». [129]
Inicialmente, los miembros antiapristas claves de la élite
agroexportadora y empresarial apoyaron el movimiento
restaurador de Odría, que prometía [p.353] celebrar nuevas
elecciones presidenciales en 1950. [130] Pedro Beltrán,
entonces presidente del Banco Central, proporcionó los
conocimientos de política económica necesarios para un
vigoroso giro hacia principios económicos liberales que
eliminaron los controles de cambios, comercio exterior
y precios, para permitir la recuperación
económica y estimular la inversión extranjera. Según
Beltrán, los controles intervencionistas «habían tenido
como resultado la corrupción, una intervención
gubernamental innecesaria en la industria privada, y
habían alcanzado precisamente efectos contrarios a los
deseados». [131]
Algunos han sostenido, desde una perspectiva económica
heterodoxa, que esta alianza inicial expresaba una
transacción partidaria entre la facción de la «oligarquía»
agroexportadora, que buscaba maximizar sus ganancias de
divisas xtranjeras, y la dictadura militar de Odría. [132]
Sin embargo, a medida que se acercaban las elecciones
programadas para 1950, Beltrán y un sector importante de
la élite económica organizada en la Alianza Nacional
riñeron abiertamente con Odría y su séquito militar. Sus
principales diferencias concernían a asuntos económicos y
políticos fundamentales, entre los cuales ocupaban un
lugar central los asuntos del fraude electoral y el gasto
público repleto de corruptelas y proclive al déficit.
[133] Odría procedió entonces a suprimir la oposición de
élite y a amañar las elecciones de 1950, que
posiblemente fueron las más fraudulentas de toda la
historia peruana. Estas maniobras le permitieron gobernar
hasta [p.354] 1956 con una mayoría abrumadora de senadores
y diputados sumisos. [134] Al igual que en dictaduras
pasadas, los partidos políticos se derrumbaron dejando
atrás a una pequeña colección de personalidades y grupos
oportunistas con un «casi absoluto carecimiento de
principios doctrinales serios». [135] [p.356]
Fig. 13. El dictator Manuel A. Odría (centro) y su
colaborador íntimo general Zenón Noriega (derecha),
1954. Odría (1948-1956) obtuvo el poder tras un golpe
militar contra el presidente Bustamante, se enriqueció
durante los ocho años de su dictadura y permitió el abuso
de poder y de los fondos públicos por parte de otros
altos jefes militares. Colección fotográfica de Humberto
Currarino, Callao
Fig. 14. Odría (derecha, en terno blanco) disfrutando de
una fiesta de carnaval, hacia 1956. Era de
público conocimiento que Odría compartía extravagantes
celebraciones con círculos de la élite y amigotes.
Colección fotográfica de Humberto Currarino, Callao.
[p.355]
[De 1950: el gobierno militar de Odría es "radical
-nacional" - aumentos salariales y nuevos juguetes de
guerra - varios grupos militares - nuevo sistema de
asentamiento en ciudades para inmigrantes con
construcción de chozas]
Según fuentes e informes diplomáticos confidenciales, el
círculo íntimo de Odría fue caracterizado como un grupo
radicalmente «nacionalista». [136] Los
militares de alto rango controlaban prácticamente todas
las carteras. Entre sus asesores civiles figuró hasta los
últimos años de su gobierno Héctor Boza, el exministro de
Fomento de Benavides. En esta escena política
transformada, el régimen fue entregando cada vez más poder
y recursos a las instituciones militares y su cuerpo de
oficiales. Los salarios de los oficiales militares se
incrementaron hasta en 25 por ciento y el presupuesto de
defensa militar subió en 45 por ciento, tan solo durante
el primer año de gobierno de Odría. [137]
En las fuerzas armadas, diversas facciones se disputaban
el poder celosamente guardado por Odría como caudillo en
jefe. Por un lado estaba, por ejemplo, la facción
favorable a la UR formada por el volátil coronel
Alfonso Llosa, quien fue recompensado
financieramente con fondos públicos por sus actos
insurrectos contra Bustamante, además de ser nombrado
ministro de Fomento en 1948; el mariscal Ureta
quien, al igual que el líder de la UR fue premiado con una
embajada en Europa; y el general sanchezcerrista
Ernesto Montagne, un veterano favorecido. Esta
facción fue pronto erradicada por sus crecientes
ambiciones políticas y su desafiante puja electoral en
1950. Por otro lado figuraba el almirante pro
estadounidense Roque Saldías. Aunque el
general Zenón Noriega, mano derecha de Odría y
beneficiario de fondos públicos a su disposición, tenía
ideas peronistas. Noriega se oponía radicalmente a la
[p.356] influencia de la élite, en una época en la cual la
figura de Perón, antítesis del liberalismo económico,
venía creciendo en América Latina. [138]
Odría también buscó ganarse el respaldo de la creciente
población inmigrante llegada del campo a Lima
y a otras ciudades, ofreciéndoles un gasto de
bienestar social y permitiendo la toma ilegal de terrenos
baldíos por parte de los residentes en barriadas. Los
costosos proyectos de irrigación y de construcción de
carreteras, que incluyeron una pista al pueblo natal de
Odría en Tarma [Carretera Central] se aceleraron a
comienzos de 1951. [139]
[Suplemento:
La propaganda del "Primer Mundo" dice "favelas". La falta
grande de esos nuevos distritos ciudadanas es que faltan
pistas amplias para el caso de fuego para bloquear fuegos
por las pistas - y faltan muros fuertes contra fuegos. La
gente del campo continúa con fuegos abiertos y cilindros
de gas para cocinar, que a veces explotan o se manejan mal
- o juegan con velas. Hasta el día de hoy (2023),
vecindarios enteros a menudo se queman 2 veces por año. Y
hasta la década de 1990, las columnas de hormigón armado
también carecían para sobrevivir a los terremotos sin
daño. En otras palabras, el gobierno está abriendo nuevas
oportunidades, pero le importa NADA la seguridad de las
personas que vienen de la Sierra a las ciudades costeras.
El racismo eterno de los mestizo contra los nativos sigue
así. El barrio de los shipibos en Lima (Cangallo) ha
quemado en 2016, y eso NO fue un caso singular pero es un
cálculo a propósito del gobierno racista del Perú: NO hay
prevención, NO hay instrucción, pero quemado es. ¿Dónde es
la corrupción? Alquién especulaba con los territorios EN
AVANCE].
[De 1950: nepotismo con Odría contra la economía
liberal - nuevos juguetes militares contra el comunismo
- trigo de Argentina - y el líder del APRA Haya está
escondido en la embajada colombiana]
El creciente déficit presupuestario presionaba a favor de
la devaluación de la moneda y obligó a incrementar la
deuda externa del sector público, que acababa de ser
reestructurada en 1952 tras casi dos décadas de permanecer
impaga. [140] Todos estos errores de cálculo económico
tuvieron como origen una política deliberada de patronazgo
entre los partidarios militares y civiles del régimen. Un
diplomático hizo el siguiente comentario sobre las redes
de clientelaje de Odría: «el esquema es uno familiar en
Latinoamérica: el de un jefe fuerte y capaz rodeado de un
grupo que se beneficia del “patrón” y al cual le muestra
lealtad». [141] Las crecientes necesidades de patronazgo
del régimen dominado por los militares chocaban con las
políticas liberales defendidas por Beltrán y el control
presupuestario aconsejado por una comisión económica
especial, encabezada por Julius Klein, un exsubsecretario
del Departamento de Comercio de Estados Unidos. [142]
[p.357]
A pesar de sus tendencias populistas, Odría continuó
dependiendo de los préstamos de estabilización y la
creciente asistencia militar y de equipos
proveniente de Estados Unidos. Varios de sus
oficiales de mayor confianza viajaron a Washington a
negociar préstamos y la compra a crédito de aviones
jet, submarinos, tanques y otros equipos
militares. [143] Odría usaba constantemente su endose a
las políticas económicas liberales y su colaboración a la
campaña militar continental contra el comunismo
como las cartas de presentación más importantes en su
política respecto de las relaciones entre el Perú y
Estados Unidos. Sin embargo, en varias cuestiones
diplomáticas esenciales, su gobierno claramente contradijo
la política exterior estadounidense de conservar un «patio
trasero» tranquilo y estable en América Latina durante la
Guerra Fría. [144] Estas instancias de fricción incluyeron
las negociaciones con Perón, enemigo de Estados Unidos,
para el trueque de trigo argentino cuando escaseaban los
alimentos; las continuas disputas limítrofes con el
Ecuador; una política marítima cada vez más nacionalista;
[145] y el caso sumamente publicitado del asilo de Haya en
la embajada colombiana de Lima, un incidente de
importantes repercusiones internacionales. [146]
Haya buscó asilo en la embajada colombiana en enero de
1949, intentando eludir la fuerte represión y persecución
de Odría. Al rehusársele [p.358] un salvoconducto para
salir del país, Odría exacerbó la oposición internacional
contra los cargos criminales y de tráfico de drogas
formulados por el gobierno peruano contra el derecho de
asilo de Haya de la Torre. La disputa en torno a su asilo
elevó la tensión entre Perú y Colombia, y el caso se
presentó luego ante la Corte Internacional de Justicia de
La Haya. A pesar de la preocupación de los agentes de la
ley de Estados Unidos por el creciente contrabando de
cocaína desde el Perú [147] —una actividad ampliamente
publicitada debido al caso de narcotráfico de Balarezo que
se juzgaba entonces en Nueva York—, la posición
diplomática oficial de Estados Unidos consistía en afirmar
que no había ninguna evidencia definitiva sobre el
financiamiento que Balarezo supuestamente había
proporcionado al levantamiento aprista del 3 de octubre de
1948. [148]
La conexión de Haya con Balarezo había surgido de modo
prominente en la correspondencia de la Oficina Federal de
Narcóticos de Estados Unidos (cartas de Garland Williams,
comisionado de narcóticos de Nueva York, a su jefe, Harry
J. Anslinger), así como en el expediente del caso
Balarezo. [149] El fiscal de Nueva York, Joseph
Martin, siguió las ramificaciones políticas del caso
de narcóticos solo hasta cierto punto.
Presionados por personas influyentes en Estados Unidos,
que consideraban a Haya un héroe de la democracia
amenazado por un gobierno dictatorial, los funcionarios
del Departamento de Estado optaron por exculpar a Haya en
beneficio de la estabilidad continental y las pacíficas
relaciones interamericanas. Haya permaneció
confinado en la embajada de Colombia hasta 1954,
cuando finalmente se le permitió dejar el país tras
negociaciones bilaterales entre Perú y Colombia.
[150] [p.359]
[Suplemento:
"El fiscal de Nueva York, Joseph Martin, siguió las
ramificaciones políticas del caso de narcóticos solo hasta
cierto punto." ¿Para no encontrar narcos importante? En
unos casos la fiscalía funciona como depósito de droga].
[Corrupción con Odría: Casas como regalos - un Capitán
Ipinza le gusta actuar con dinero protector -
enriquecimiento en el Ministerio de Guerra -
posiblemente es un narco del gobierno "estadounidense"]
Las evidencias de casos específicos de corrupción durante
el gobierno de Odría solo aparecieron esporádicamente
antes de 1956. Era una época de condiciones represivas
bajo el constante peligro de deportación, una libertad de
imprenta limitada y un poder legislativo servil. Sin
embargo, una creciente percepción del enriquecimiento
indebido de Odría, junto al de sus ministros y círculo más
íntimo, se iba perfilando entre la oposición política, la
opinión pública y el personal diplomático. Un despacho
diplomático afirmaba que «Odría ha adquirido al
menos tres casas como regalos de parte de
calculadores adherentes, y se dice que ha adquirido otras
formas de riqueza. [… Que él] esté dispuesto a dejar una
posición tan gratificante y altanera parece muy
improbable». [151] Estos elementos de enriquecimiento
indebido, probados con incriminadores títulos de
propiedad, fueron usados como argumentos para
pedir una investigación parlamentaria formal, tras el
final del régimen odriísta en 1956.
Además, un incidente de abuso doméstico en Washington, D.
C. —según quejas presentadas a la policía por una
ciudadana estadounidense casada con el capitán
Antonio Ipinza Vargas, un asistente cercano de
Odría — despertó fundamentadas sospechas de turbias
conexiones financieras. Ipinza había sido edecán de Odría
desde la época en que el general ejerció como ministro de
Gobierno en el periodo 1947-1948. Fuentes confidenciales
de Lima confirmaron que Ipinza era un «hombre
inescrupuloso», que había usado su cargo oficial para
enriquecerse y extorsionar a súbditos chinos y
japoneses. Ipinza se mantuvo cerca de Odría
durante y después del golpe de 1948, y en 1952 obtuvo una
visa de negocios de la embajada de Estados Unidos a
solicitud del gobierno peruano. En Washington, Ipinza
compró propiedades por las sumas entonces
fenomenales de 55.000 y 265.000 dólares, y eso
llevó a la conclusión de que «podría estar llevando a cabo
algunas transacciones financieras privadas del
Presidente». [152] En 1958, luego del final del gobierno
de Odría, Ipinza fue elegido diputado y posteriormente
estuvo involucrado en un fallido complot para deponer al
presidente de ese entonces. En esta conjura, Ipinza estuvo
asociado con otros odriístas que se habían enriquecido
gracias a una empresa [p.360] de fabricación de armas de
mala calidad (la fábrica de armas Los Andes) y a los contratos
de venta pactados con el ministro de Guerra de Odría.
[153]
[Se supone:
Mirando los beneficios de Ipinza en Nueva York, él podría
ser un narcotraficante de gobiernos con la droga del
Perú].
Los católicos criminales no saben calcular, pero siempre
esperan la ayuda de su dios de fantasía: la moneda en Perú
baja como la lira, y Cusco después del terremoto de 1950
permanece en ruinas:
[1954: El militarista Odría no entiende nada de
finanzas - pérdida del curso del Sol como la lira -
intento de golpe de Noriega en agosto de 1954 - Cusco
después del terremoto de 1950: se desviaron fondos de
reconstrucción]
Hacia comienzos de 1954, la deteriorada situación
monetaria y económica enfatizaba la declinante posición
política de Odría. La moneda nacional se depreció
aún más y se contrataron nuevos préstamos de
estabilización para compensar el excesivo gasto
gubernamental, la expansión del crédito bancario (generada
por los préstamos internos del gobierno) y el déficit en
el comercio exterior. [154] En agosto de 1954, el general
Noriega, el políticamente ambicioso ministro
de Guerra, lanzó, junto a un grupo de oficiales del
ejército, un golpe fallido contra Odría, acción que se
sospechaba contó con el respaldo de Perón. Noriega
fue inmediatamente exiliado. Tras ser
traicionado por su cercano asociado político y militar,
Odría le confió a Harold Tittman, el embajador de Estados
Unidos, que le había permitido a Noriega usar su posición
como ministro de Guerra y los fondos oficiales a su
disposición para que promoviera sus propias metas
políticas, «aunque sus actos fueron obviamente incorrectos
puesto que debió haber renunciado [editor: a su puesto]
antes de iniciar una campaña política». [155]
Al irse aproximando las elecciones generales programadas
para julio de 1956, Odría fue criticado desde varios
flancos en particular por los abusos administrativos y las
malversaciones cometidos durante su régimen. En diciembre
de 1954, Raúl Porras Barrenechea, el
conocido historiador y exdiplomático, criticó públicamente
la injustificable demora del régimen en la reconstrucción
de partes considerables de la ciudad del Cuzco tras el
terremoto de 1950. [156] [p.361] (En 1956,
Porras impulsó una moción en el Senado para investigar las
transgresiones administrativas y la corrupción del Ochenio
de Odría.) La seguridad interna del régimen y las leyes
electorales eran una clara amenaza a unas elecciones
democráticas limpias y al bienestar de los partidos
políticos formales. El control abrumador que Odría ejercía
sobre su Congreso inconstitucional queda en evidencia con
el siguiente recuento: de un total de 47 senadores, 41
eran odriístas, y de un total de 156 diputados, 146 lo
eran. Desde [el diario] La Prensa, Pedro Beltrán
continuó criticando las políticas inflacionarias, el
derroche de fondos gubernamentales en «suntuosas» obras
públicas, políticas inadecuadas de vivienda e imposiciones
antidemocráticas. [157]
[Suplemento: Cusco con el terremoto del 21 de mayo 1950
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=QB11R-_8wo4
(3'43'')
Vídeo: TERREMOTO 1950 CUSCO PERU (3'43'')
Vídeo:
TERREMOTO 1950 CUSCO PERU (3'43'')
https://www.youtube.com/watch?v=QB11R-_8wo4
- YouTube-Kanal: nakimpoproducciones
- instalado el 25-01-2017
Transcripción de la película:
Fue el 21 de Mayo 1950 (40''), era domingo, mucha gente
está en el partido de fútbol en el estadio por la tarde,
el terremoto llegó a las 1:30pm (50''), la gente corría de
un lado a otro, la plaza central (Plaza de Armas) se llenó
de polvo, algunos lloraban, otros reían (0'49''), algunos
se arrodillaban (1'46'') -- las líneas telefónicas están
cortadas (2'17'') -- el terremoto tuvo una magnitud de 6,8
(2'30'') -- más de 3000 casas fueron destruidas, eran
casas de adobe de la época Inca (2'40'') -- muchos
edificios incas y de los "cristianos" criminales de la
época colonial fueron tan dañados que no fueron
reconstruidos en el mismo estilo (2'50'') -- muchas calles
fueron anchadas para la reconstrucción, por lo que el
aspecto general de la ciudad cambió (2'53'') -- había 1581
muertos (2'56'') -- más del 50% de las casas fueron
dañadas (3'2'') -- los escombros de la construcción fueron
gigantescos y provocaron nuevos cerros alrededor del Cusco
(3'5'') -- en general, sin embargo, este evento aceleró el
crecimiento de la ciudad del Cusco, porque este desastre
hizo que el mundo entero mirara ha visto dónde está Cusco
(3'15'')].
Seguimos el texto:
[1955: Abuso de poder por parte de Alejandro Esparza
Zañartu - se ha llenado los bolsillos y los militares lo
están copiando - y un poco de manipulación electoral
1956 - levantamiento del general Marcial Merino]
Alejandro Esparza Zañartu, el abusivo
ministro de Gobierno, pasó a ser l blanco de una campaña
negativa de relaciones públicas que culminó con su
renuncia a mediados de 1955, en medio de huelgas a gran
escala. [158] En un mensaje al Perú, impreso en 1955, el
exiliado exmandatario Bustamante y Rivero, al resumir los
males generados por la dictadura de Odría, sostenía lo
siguiente:
El país ha descendido no pocos grados en el nivel de la
ética social, —eso que siempre habíamos llamado la
«corrección» y «decencia»—. Son notorios en altas
personalidades del régimen los casos de enriquecimiento
ilícito. Se han improvisado grandes fortunas a la sombra
de la posición e influencia política. Esta mugre ha
salpicado a los Institutos Armados. [159]
[Fin del mensaje].
Según Bustamante, el gobierno de Odría tenía un sistema de
«comisiones», «participaciones» y «primas» para otorgar
contratos de obras públicas y otros negocios oficiales.
Gracias a este tráfico de favores se trocaba la adhesión
política por fáciles ganancias: el político se convertía
en comerciante y el hombre de negocios en político.
Carecían de toda preocupación social o interés reformista.
Las personas en el poder necesitaban asegurarse resultados
electorales ventajosos al concluir la dictadura, para así
protegerse de posibles sanciones. [160] [p.362]
Fue precisamente bajo las vergonzosas condiciones
descritas por Bustamante que un nuevo frenesí de
negociaciones políticas precedió a las elecciones de 1956.
Odría tenía la intención de arreglar el resultado a
su favor, pero se vio forzado a negociar su
salida del gobierno presionado por inminentes
conspiraciones militares. El levantamiento de la
guarnición de Iquitos, encabezado por el general
Marcial Merino, denunció las falsas promesas
electorales de Odría. El dictador reaccionó de modo
exagerado al mandar encarcelar a prominentes civiles,
Beltrán entre ellos, que habían sido implicados
erróneamente con el levantamiento de Merino.
[Manipulación electoral en Perú en 1956: Victoria de
Prado contra Odría - pero gobierno ineficiente debido a
"colegas" corruptos]
Odría intensificó, así, su juego electoral
deshonesto. Ante la sorpresa de todos, el dictador mantuvo
negociaciones políticas con Ramiro Prialé, un jefe del
ilegal partido aprista que acababa de salir de prisión.
Odría favorecía la candidatura del abogado Hernando
Lavalle, quien inicialmente también fue cortejado por los
dirigentes apristas. Lavalle fue, sin embargo, rechazado
en última instancia por los votantes, fundamentalmente por
considerársele candidato oficial de Odría. En esa
coyuntura el expresidente Manuel Prado
llegó de París para negociar la promesa de una amnistía,
la coexistencia política (la convivencia) y puestos
parlamentarios para el APRA a cambio de apoyo electoral.
Prado, asimismo, le prometió a Odría y a sus ministros
inmunidad contra las acusaciones de corrupción y actos
inconstitucionales. [161]
Este pacto secreto y turbio, sellado apenas unas cuantas
horas antes de las elecciones, le aseguró a Prado el
triunfo a pesar del vigoroso éxito obtenido por el
arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Apoyado
por un movimiento joven y popular que luchó por conseguir
su inclusión en el proceso electoral, Belaúnde proclamó la
urgente necesidad de efectuar reformas sociales e
institucionales dejadas prácticamente de lado por líderes
oportunistas. [162] Su fresca postura política estaba
libre de la mancha de sospechosos pactos políticos
carentes de principios. Trágicamente, el gobierno
de Prado retrasó aún más las cruciales reformas
bajo la influencia de sus aliados políticos, los miembros
venales de su propio partido y los compromisos retorcidos
que limitaron la eficiencia y dirección de su segundo
mandato. [p.363]
Perdonar y olvidar
[desde 1956: El gobierno de Prado: amnistía para los
criminales del APRA (Antifa?) Y por la corrupción
criminal de Odría (!) - comisión especial del "Partido
Demócrata Cristiano" PDC contra la corrupción de Odría]
Una de las primeras leyes aprobadas en el Congreso e
implementadas por el gobierno de Prado, a poco de asumir
el mando el 28 de julio de 1956, fue una amnistía
política general encarnada en la ley 12654. Este
instrumento legal no solamente beneficiaba a los miembros
del APRA, sino que, además, protegía a Odría y su séquito
de toda persecución. Sin embargo, la oposición
parlamentaria, liderada por el nuevo Partido
Demócrata Cristiano (PDC) y el movimiento
belaundista, presionó para que se investigaran y
sancionaran las flagrantes infracciones constitucionales e
irregularidades administrativas cometidas por el gobierno
de Odría. Invocando la Constitución de 1933
y las leyes existentes, que penaban la transgresión de las
funciones del sector público, el 14 de agosto de 1956 se
formó una comisión especial en el Senado
para que investigara las violaciones constitucionales
cometidas durante el régimen odriísta y determinara
culpabilidades. [163] Del mismo modo, en la Cámara de
diputados se presentaron varias mociones bajo la
iniciativa del diputado del PDC Héctor Cornejo
Chávez, para que se investigara a la policía
secreta de Odría, las irregularidades administrativas, la
evasión tributaria y el enriquecimiento ilícito. [164]
[Dos informes - violación de la Constitución: no es
posible enjuiciar a los ministros y funcionarios
destituidos]
Durante el mes de septiembre [1956] se produjo un debate
constitucional importante. Esta controversia parlamentaria
puso atención sobre la necesidad de reforzar los frenos a
las transgresiones constitucionales y a las prácticas
corruptas bajo la legislación existente. La comisión del
Senado a cargo de investigar las infracciones
constitucionales cometidas por Odría quedó dividida, con
lo que se produjo un informe en mayoría y otro en
minoría. El primero, defendido por cuatro
senadores (tres pradistas y un «independiente»), era un
argumento legalista en contra de la investigación de
violaciones constitucionales pasadas partiendo de
dos premisas. En primer lugar, la legislación existente no
especificaba qué medidas podían ser calificadas de
inconstitucionales, lo que a su vez [p.364] impedía que el
poder judicial estableciera lo mismo. En segundo lugar, la
política general de amnistía política recientemente
decretada con la ley 12654 debía tenerse en cuenta y
ratificarse. Al sustentar esta posición, el senador Víctor
Arévalo sostuvo que para resolver los vacíos legales y de
lenguaje era necesario enmendar la Constitución y, por
tanto, los cargos de violación constitucional
contra Odría resultaban extemporáneos, porque estos
solamente podían presentarse contra funcionarios
activos y no contra los que habían dejado de
ejercer funciones. [165]
[Informe minoritario: lamenta 8 años de "estado de
sitio": los ex presidentes y ex funcionarios pueden ser
procesados]
El informe en minoría era una refutación del texto en
mayoría, que obviamente no cumplía con el mandato
senatorial de investigar las transgresiones
constitucionales. El senador demócrata cristiano
Mario Polar sustentó el dictamen en minoría, enumerando
algunas de las violaciones constitucionales más serias
cometidas por Odría y su exministro de Gobierno
Esparza Zañartu, escandalosamente recompensado
con un puesto diplomático en el extranjero. Entre las
numerosas infracciones citadas figuraba la supresión de
derechos constitucionales por ocho años, hecho que
claramente infringía la legislación sobre el «estado
de sitio», que contemplaba la suspensión
temporal de ciertos derechos pero solo para defender el
orden constitucional.
Además, los artículos 8 y 31 de la Constitución habían
sido violados, puesto que Odría estuvo ilegalmente
exento del pago de impuestos sobre sus transacciones
en bienes raíces. El informe en minoría pasaba
entonces a analizar los mecanismos legales específicos a
través de los cuales podía señalarse claras culpabilidades
según la legislación existente. Polar no coincidía
con la tesis de que un vacío legal impedía realizar
dicha investigación. Citó así los artículos 20
y 179 de la Constitución, que específicamente señalaban
las responsabilidades políticas, civiles y criminales de
los funcionarios, así como los artículos 19 a 22 de
la ley de 1878, que establecían que el Senado
poseía el mandato de decidir si un expresidente podía
ser procesado después de que la Cámara de diputados
presentara formalmente los cargos. [166]
[El senador Barco López quiere proteger al ladrón Odría
y su banda con sus regalos: casas, tierras, joyas, unos
10 millones de dólares en "EEUU" - Barco López exige la
mejora de la constitución]
Otro senador de la oposición, Alejandro Barco López,
observó que el informe en minoría no solicitaba una
investigación sobre el enriquecimiento ilícito de los
exfuncionarios y parlamentarios, que incluía los «regalos»
de casas, [p.365] terrenos y joyas dados
por compañías como pago para obtener contratos del sector
público; así como la suma estimada de 10 millones
de dólares que Odría había acumulado en
cuentas bancarias en Estados Unidos (según un número de
Visión, una revista en español impresa quincenalmente en
Nueva York por Time Inc. para los mercados
latinoamericanos, correspondiente a junio de 1954). Esa
tarea, dijo, era para la Cámara de diputados; el informe
en minoría solamente pedía que se investigaran las
infracciones constitucionales, lo que en sí
mismo representaría, al menos, una sanción moral y una
alerta para corregir todo vacío legal o constitucional, o
lenguaje ambiguo, de modo que tales infracciones pudiesen
ser enjuiciadas. [167]
En respaldo a su posición, Polar citó a expertos
legales que recomendaban el gobierno de la ley
y no el de los hombres, así como la tesis de Max Weber
sobre el gobierno limitado, insistiendo en la necesidad de
defender la ley constitucional contra la burla de ella
hacía el informe en mayoría, favorable a la impunidad de
Odría. Polar sostuvo que el informe mayoritario equivalía
al acto de Poncio Pilatos de lavarse las manos. Concluyó
entonces que, dada la impunidad y la consigna de poner
tales delitos en el olvido, sería imposible implementar un
cambio radical en los métodos y sistemas de gobierno. Tal
estado de cosas se opondría a lo que los votantes peruanos
habían elegido en las recientes elecciones, esto es, un
orden constitucional democrático. El historiador
Raúl Porras, presidente del Senado, manifestó
una posición similar con respecto al «continuismo». Esta
continuidad política, concertada entre grupos como el Movimiento
Democrático Peruano (MDP) de Prado y el Partido
Restaurador (PR ) de Odría, era un mecanismo
que minaba las instituciones fundamentales. [168]
[Se adopta el informe mayoritario - el gobierno de
Prado se niega a investigar a Odría - eterna acusación
de corrupción - Prado amenaza con dictadura si Odría es
perseguido - se aprueba oficialmente la corrupción del
régimen de Odría]
Desgraciadamente, los esfuerzos reformistas de la minoría
fueron vencidos en el Senado. El informe en mayoría se
aprobó en la Cámara alta el 20 de septiembre de 1956, con
una votación de 30 contra 13. [169] Los políticos
pradistas negaron consistentemente la existencia de un
pacto preelectoral entre Prado y Odría. Pese a ello, el
público estaba convencido de que tal pacto secreto
existía, pues los pradistas se rehusaban a investigar al
exdictador. Era [p.366] un resultado predecible. Según un
funcionario extranjero, el presidente Prado había
«sugerido a diversos congresistas que si intenta[ban]
procesar a Odría, él allanaría el camino para el gobierno
de una junta». [170] Así, por conveniencia
política, ese día se sentó un precedente negativo que
otorgaba la inmunidad a quienes violaban la Constitución.
El aspecto crucial de instituir y respetar las reglas
constitucionales a fin de detener la corrupción —una
noción preminente en la elaboración y aplicación de la
Constitución de Estados Unidos— fue ignorado por los
representantes de la mayoría de representantes políticos
del Perú. Esta grave falla reafirmó la práctica política
de permitir y brindar incentivos para la corrupción
política.
[Casas, tasas, cuentas, fondos]
El debate pertinente en la Cámara de diputados duró más
que el del Senado, gracias a la tenaz insistencia de los
representantes del PDC , encabezados por Cornejo Chávez.
El 20 de agosto, los diputados del PDC presentaron un
pedido para investigar las irregularidades fiscales
cometidas durante el gobierno anterior y solicitaron la
información relevante a los ministerios de Hacienda,
Fomento, Marina y Agricultura. Las irregularidades
sospechadas, citadas como ejemplos de corrupción, incluían
-- dispensas tributarias a los autos importados por Odría
y otros;
-- el verdadero origen financiero de las residencias
donadas a Odría o compradas por él en Lima, Monterrico,
San Bartolo, Paracas y otras partes del país;
-- una casa donada al exministro Zenón Noriega;
-- cuentas y activos de la oficina de Asistencia Social,
antes dirigida por la esposa de Odría; y
-- el manejo de los fondos para el transporte de
combustibles para los barcos de la marina peruana. [171]
Muchos otros pedidos específicos de investigaciones
parlamentarias fueron presentados en las siguientes
semanas. Eran numerosas las sospechas de transacciones,
malversaciones y corruptelas durante el gobierno de Odría.
[172] [p.367]
[¿QUIÉN donó las casas? - La gente de Odría quiere
evitar un "indulto" y una investigación - un montón de
bla, bla, sin una decisión]
La cuestión que desató los debates más encendidos fue el
pedido para investigar el origen de las propiedades de
Odría que habían sido compradas, transferidas y exoneradas
de impuestos durante su gobierno. En su cruzada por
descubrir y castigar la «corrupción e inmoralidad»,
Cornejo Chávez probó con documentos legales que Odría
había recibido dichas propiedades como donaciones,
evadiendo los impuestos correspondientes. [173] Los
donantes de estas propiedades incluían a contratistas del
sector público como la compañía estadounidense Anderson,
Clayton & Co., que estaba a cargo del proyecto de
irrigación en Pampa de los Castillos y por el cual recibió
el 50 por ciento de las tierras afectadas a pesar de las
protestas de la comunidad local. [174] El 14 de septiembre
Javier Ortiz de Zevallos, líder del pradista MDP, afirmó
que su agrupación política votaría en contra de semejante
investigación para mantenerse fiel a las metas de unidad y
amnistía que su partido había adoptado. Los miembros del
PR odriísta y los diputados pradistas atacaron a los
demócratas cristianos por su cercanía al fracasado régimen
de Bustamante, su falta de espíritu cristiano al no
considerar el perdón y el desperdicio de tiempo del poder
legislativo en cuestiones que no concernían directamente a
la acción constructiva de emitir leyes para el presente.
[175] Entre los diputados restauradores que defendieron
firmemente a Odría figuraban Víctor Freundt Rosell,
[176] Manuel Montesinos, Héctor Castañeda (exsecretario de
Odría y oficial militar), Pedro Chávez Riva y Antonio
Ipinza Vargas (el exasistente de Odría y su supuesto
agente financiero en Washington, D. C.). [177] [p.368]
El 11 de diciembre, Cornejo Chávez denunció la excesiva
demora y los errores fácticos del ministro de Hacienda al
proporcionar la información solicitada sobre el pago de
impuestos de Odría. Cornejo consideraba que este hecho era
una manifestación de la política del gobierno de «borrón y
cuenta nueva», esto es, de condonar la corrupción pasada a
fin de proceder como si nada hubiese ocurrido. [178] El
debate continuó hasta comienzos de enero de 1957. [179]
Los diputados pradistas insistieron en que Odría no podía
ser acusado en el Senado o en los tribunales, debido a la
falta de especificidad en la Constitución y al compromiso
de su partido con la amnistía. Ortiz de Zevallos reafirmó
la posición de su partido, negando nuevamente la
existencia de un pacto bipartidario favorable al supuesto
continuismo practicado por el gobierno de Prado. Algunos
diputados independientes (principalmente apristas)
coincidieron con este argumento legal. [180] Al igual que
en el Senado, el reiterado pedido de abrir una
investigación parlamentaria sobre las patentes
transgresiones cometidas por Odría fue negado en la
Cámara de diputados por una votación de 91 contra 39.
[181] Solamente un par de pesquisas posteriores tuvieron
cierta repercusión en los siguientes años, siendo la más
conspicua el caso de los contratos de suministros
militares del periodo 1950-1955. En este caso se señaló
como chivo expiatorio a Francisco Mendoza, un empresario
que tenía lazos con el caído general Zenón Noriega y que,
como contratista, se valió de sobornos para venderle al
gobierno material militar obsoleto, defectuoso y con
sobreprecio. [182] Sin embargo, prácticamente todas estas
averiguaciones caducaron y no tuvieron como resultado
sanciones judiciales.
[desde 1956: el gobierno del Prado copia la corrupción
de Odría - observaciones del historiador + ministro de
educación Basadre - Basadre fracasa con la nueva ley de
educación + disputa sobre los edificios escolares]
La impunidad permitida al pasado régimen dictatorial
también fomentó la corrupción entre funcionarios y
congresistas pradistas. La venalidad de los
[p.369] políticos y empleados públicos pradistas fue
observada de primera mano por el honrado y políticamente
independiente Jorge Basadre, quien fue
nombrado por segunda vez ministro de Educación por
el presidente Prado. Basadre ocupó dicho cargo entre julio
de 1956 y octubre de 1958, cuando renunció por supuestas
razones de salud. Sin embargo, Basadre posteriormente
reveló que su renuncia tuvo otros motivos. Como ministro,
nuevamente se esforzó por llevar a cabo un estudio
integral de la situación real de la educación peruana
y, sobre dicha base, proponerle al Congreso una ley
general de educación pública. Estos esfuerzos
constructivos fueron materia de abrumadoras dificultades
en el Congreso. Las serias diferencias que Basadre tenía
con algunos senadores y diputados pradistas continuaron y
se intensificaron en torno a la cuestión de la
construcción de varios colegios. [183]
La creciente población peruana de ese entonces ya superaba
lo que el limitado sistema educativo podía ofrecer. El
objetivo de Basadre era introducir rgentes reformas
educativas. Tristemente, varios parlamentarios
venales tenían otras prioridades que descarrilaron una
vez más los esfuerzos reformistas de Basadre.
El aplazamiento de las reformas necesarias debido a los
intereses partidarios del segundo gobierno de Prado
tendría consecuencias costosas para la sociedad y la
economía peruana en las décadas siguientes.
El ministro Basadre fue presionado por los principales
dirigentes del MDP para que aprobara las condiciones del
contratista RIMSA. Esta compañía tuvo una disputa con el
Ministerio de Educación en torno al incremento
sustancial en los costos cobrados en la construcción
de dos grandes colegios (el Colegio Hipólito
Unánue y la Unidad Escolar de Huaraz), cuyos planos de
construcción originales habían sido modificados para que
cumplieran nuevos requisitos. Los expertos técnicos
afirmaron que dichos cambios no justificaban el
exorbitante alza de los costos. [184]
[desde 1954: Basadre es combatido por la mafia del
Prado - Memo de Basadre 1958 contra la corrupción, el
abuso de poder, el enriquecimiento + para reformas
constitucionales - sin éxito]
En el transcurso de estas negociaciones, los dirigentes
del MDP ejercieron su influencia política sobre el
ministro. Como Basadre tenía una estrecha relación con los
funcionarios de la embajada de Estados Unidos, a los que
les confió [p.370] verse obligado a esconderse en una
pequeña oficina anónima del ministerio para así evitar los
incesantes asedios, influencias y demandas de funcionarios
nombrados por motivos políticos. También les comunicó a
los diplomáticos estadounidenses que los tres principales
políticos que lo estaban presionando no eran otros que los
conspicuos Carlos Ledgard Jiménez (presidente de la Cámara
de diputados y jefe del MDP), Javier Ortiz de Zevallos
(líder de la bancada parlamentaria del MDP) y Max Peña
Prado, un pariente influyente del presidente. [185]
Basadre le escribió un memorando al presidente
Prado en junio de 1958, exponiendo sus
condiciones para continuar en el gabinete. El ministro
exigía una limpieza administrativa integral que eliminara
a los agentes del peculado, así como el acceso ilegal de
empleados públicos y otros a los pagos, la contratación de
obras y el financiamiento del sector público. Basadre,
asimismo, urgió la implementación de una ley contra el
enriquecimiento ilícito y propuso reformas
constitucionales para limitar los gastos presupuestales
descontrolados y la interferencia indebida de
parlamentarios y otros funcionarios en las funciones del
gobierno fuera de su jurisdicción. Según un diplomático
estadounidense, el memorando de Basadre causó un
considerable alboroto debido a que proponía eliminar las
corruptelas y el favoritismo político. Desgraciadamente,
Basadre era solo una «voz en el desierto». [186]
Católicos no saben vivir en paz:
[Mediados de 1958: El gobierno de Prado tiene problemas
financieros - intento de golpe de Estado en marzo de
1958 - duelo Sologuren-Stoll - el Sol es devaluado por
un 30% - comercio de automóviles con escándalos]
Para mediados de 1958, el gobierno de Prado experimentaba
grandes dificultades políticas y financieras,
en lo que se denominó una «crise de régime». [187] La
dependencia de Prado con respecto a un pequeño grupo de
políticos venales del MDP y la dañina alianza con apristas
y odriístas trajeron consigo crecientes críticas a su
gobierno. Un golpe intentado por varios
tenientes coroneles, ayudados por el diputado odriísta
Antonio Ipinza y el senador Wilson Sologuren, quienes
gozaban de inmunidad parlamentaria, fue frustrado en marzo
de 1958. Sologuren reaccionó insultando al ministro de
Gobierno Jorge Fernández [p.371] Stoll, quien satisfizo su
honor retándolo a duelo, una aparatosa
ceremonia formalmente prohibida pero muy de moda entre
hombres cuyo honor en otras esferas dejaba que desear.
[188]
Los déficits presupuestales se incrementaron en 1957 y
1958. [189] La moneda peruana [Sol] fue devaluada
en 30 por ciento. Augusto Thorndike, ministro
de Hacienda y partidario de ampliar la oferta monetaria,
fue retirado del gabinete en junio de 1958 debido a sus
conocidas operaciones de tráfico de influencias. Según [el
diario] "El Comercio", Thorndike había vendido 170
licencias tributarias de importación a concesionarios
de automóviles europeos. [190] Otro escándalo,
la exoneración de impuestos a la importación de
automóviles para 22 senadores y 67 diputados,
quedó expuesto por [el diaro] La Prensa en septiembre de
1958 y fue explotado por la oposición. [191]
[24.12.1958: El gobierno de Prado adjudica la red télex
a los "EE.UU." por 200 millones de soles: Standard
Electric - con estafa en sus propios bolsillos -
contrato se rescinde]
El escándalo más dañino para el régimen de Prado se
produjo a raíz de la firma, el 24 de diciembre de 1958, de
un contrato por 200 millones de soles con la International
Standard Electric Corporation de Nueva York,
para la modernización de la red de teletipos del
gobierno peruano sin una licitación pública
previa. La prensa local y el diputado Cornejo Chávez
sostuvieron que este turbio acuerdo incluía un
«margen» inexplicado de 60 millones de soles o el 30
por ciento de la suma total contratada. El
precio real de los equipos era considerablemente más bajo
que el cotizado en el contrato, y la diferencia
supuestamente se canalizaría a varios funcionarios
venales.
El dirigente del MDP Ledgard Jiménez, el ministro de
Gobierno Carlos Carrillo Smith y varios parlamentarios
fueron considerados responsables por haber promovido y
permitido estas transacciones. Las consecuencias políticas
de este caso incluyeron la renuncia de Carrillo al
ministerio y la dimisión de Ledgard como jefe del MDP. El
contrato fue rescindido. Basadre eligió sta
oportunidad para anunciar públicamente que su renuncia
como ministro [p.372] de Educación se había debido a las
presiones políticas ejercidas en el caso RIMSA.192 Al
analizar estos escándalos de corrupción, un diplomático
estadounidense concluyó que si bien las «corruptelas son
un problema omnipresente en el Perú, parecería que en
estos casos las personas cercanas al gobierno de Prado
podrían haberse extralimitado». [193] [p.374]
Fig. 15. Escándalo del contrato por 200 millones de soles
para equipos telegráficos (teletipos) con la International
Standard Electric Corporation de Nueva York, revelado al
público en diciembre de 1958. Una diferencia del 30 por
ciento (60 millones de soles) entre el precio real del
equipo y el monto señalado en el contrato comprometió al
ministro de Gobierno, Carlos Carrillo Smith. «Negociado de
telégrafos». Por Pablo Marcos, «Marcos». Rochabús 2, n.°
73, 1959, p. 2.
Fig. 16. El presidente Manuel Prado se lava las manos,
acto que simboliza su tolerancia hacia los múltiples
escándalos de corrupción que plagaron su segunda
administración. «¡Al fin hombre, algo limpio en el
régimen!». Por Pablo Marcos, «Marcos». Rochabús 2, n.° 76,
1959, p. 1. [p.373]
Reformas pospuestas
[Gobierno de Pardo: tiene un problema con la población
andina - falta de vivienda y reforma agraria -
apelaciones de Belaúnde y Beltrán]
«Tal vez el mayor factor desfavorable», escribió el
embajador estadounidense Theodore Achilles al explicar la
deteriorada situación socioeconómica y política en Perú,
«es la sobrepoblación de la sierra en parcelas de tierra
demasiado pequeñas y poco fértiles por familia». [194]
Impedir que masas de indígenas pobres se inclinaran hacia
el lado equivocado de la Cortina de Hierro [para
convertirse en comunistas] hacía necesario efectuar
reformas urgentes y tener un gobierno más eficiente. Fernando
Belaúnde y Pedro Beltrán eran los críticos más
conspicuos del gobierno de Prado. Ambos enfatizaron
la necesidad de vivienda y de una reforma agraria,
así como la «moralización» de la Administración Pública.
Ambos tenían ambiciones presidenciales para las elecciones
de 1962. Ya en enero de 1957, Belaúnde había denunciado,
en una emisión radial altamente publicitada, el pacto
encubierto entre pradistas, odriístas y apristas como la
razón principal por la cual el gobierno de Prado había
logrado tan poco. Además, Belaúnde subrayó un conjunto
exhaustivo de reformas con las cuales verdaderamente
transformar al país. La réplica publicada por el diputado
del MDP Eduardo Watson hizo que Belaúnde citara la injuria
contra su honor y valor de caballero como razón para
exigir un duelo a sable, lo cual causó
sensación en la prensa. [195] [p.374]
Las críticas de Beltrán fueron desatadas en mayo de 1958 a
través de editoriales e informes de escándalos de
corrupción ampliamente publicitados por su periódico La
Prensa. Esta exhibición periodística enfureció al
presidente Prado y a los parlamentarios del MDP. [196] En
octubre de 1958, Beltrán escribió una convincente
propuesta política en la cual argumentaba a favor de
cambios radicales en las normas y el comportamiento
político, la «moralización» y la eficiencia en todas
las actividades del sector público, una reforma
agraria tecnocrática, un programa de vivienda que
hiciera frente a la cuestión de las crecientes
barriadas urbanas, la facilitación del crédito y la
reforma tributaria. Desde una perspectiva
liberal, Beltrán pensaba que el Estado crecía a costa de
los ciudadanos y citó las escandalosas exenciones
tributarias a parlamentarios por los automóviles
importados como ejemplo de cómo es que los políticos
únicamente piensan solo en sí mismos y no en aquellos a
quienes gobiernan. Según Beltrán, la mayoría de los
peruanos deseaba una amplia reducción de la corrupción en
los asuntos del poder ejecutivo y del poder judicial, así
como en el ámbito de la educación. Los ciudadanos
aspiraban al fin de los abusos, del enriquecimiento
ilícito de los empleados públicos, del favoritismo y del
gobierno deshonesto. Semejante moralización del sector
público, afirmaba Beltrán, conformaría la base de un renacimiento
espiritual con el cual mantener la fe en el
futuro. [197]
[Marzo de 1959: El gobierno de Pardo quiere devaluar el
Sol - Gallo Porras quiere medidas en lugar de la
devaluación - Gallo Porras + Ministro de Hacienda
Beltrán son despedidos - Exportaciones de minerales +
harina de pescado - el pacto Prado-APRA es siempre más
detectado - APRA con falsificación de dinero, sobornos,
contrabando, malversación de fondos, etc.]
La prolongada crisis política llegó a su clímax en marzo
de 1959. Luis Gallo Porras, primer ministro
y ministro de Hacienda de Prado, intentó introducir
urgentes medidas económicas y tributarias para enfrentar
la devaluación de la moneda. La guardia vieja
del MDP se opuso a estas medidas y, en consecuencia, Gallo
fue obligado a dejar la dirigencia partidaria.
Sorprendentemente, Beltrán fue convocado en
julio de 1959 como primer ministro y ministro de Hacienda,
cargos que aceptó para llevar a cabo un programa de
estabilización y [p.375] recuperación económica. El alza
de las exportaciones de minerales y de harina
de pescado contribuyó a la mejora de la situación
económica, mientras que el déficit fiscal fue
significativamente reducido en el periodo 1960-1961. Sin
embargo, Beltrán sucumbió a la realpolitik existente y se
involucró profundamente en el pacto encubierto
Prado-APRA, comportamiento que le costó caro a
sus aspiraciones presidenciales. (Ya en agosto de 1957,
los periódicos reportaban que Eudocio Ravines, un cercano
asociado político de Beltrán, había visitado la casa de su
viejo enemigo Haya de la Torre en Miraflores, de donde
salieron reconciliados sobre la base de su mutuo
anticomunismo, aprobación de la inversión extranjera y
respaldo a la reforma agraria.) [198]
El grueso del programa inicial de reforma política de
Beltrán no se materializó, no obstante reafirmaciones
periódicas del mismo en [el diario] "La Prensa" y del
grandilocuente anuncio de un programa de 1.700
millones de soles para la reforma agraria y de
vivienda en abril de 1961. [199] Beltrán
reforzó su acercamiento con el APRA apoyando como ministro
de Fomento a Jorge Grieve, un pro aprista. [200] La
oposición de derecha e izquierda continuó atacando los
pactos encubiertos que sustentaban al régimen de Prado.
[El diaro] "El Comercio", fiel a su línea editorial
antiaprista, fue implacable en su exposición de los
acuerdos de la convivencia entre el APRA y el gobierno de
Prado. En junio de 1957 se reportó la sensacional historia
de que José Luis Arteta Yábar, un sacerdote aprista
peruano, estaba relacionado con la falsificación
de 300 millones de soles en Caracas. La
policía venezolana implicó a Arteta en el intento de
proveer dinero falsificado al APRA para designios
revolucionarios. El sacerdote actuaba como agregado
cultural de la embajada peruana en Caracas con la
aprobación de las autoridades pradistas. [201] El Comercio
intensificó su campaña contra la convivencia en 1961 y
1962. Una serie de artículos denunciaron varias actividades
corruptas del APRA, entre las cuales destacan
-- los beneficios ilegales provenientes de sus lazos con
la Federación de Choferes, un [p.376] sindicato de
transporte al que se le había otorgado la exoneración de
impuestos sobre autos y ómnibus importados;
-- los subsidios otorgados por el Ministerio de Gobierno
al periódico aprista La Tribuna;
-- una operación de contrabando que traía armas desde
Colombia;
-- y varias otras acusaciones de soborno, malversación y
favoritismo que implicaban a autoridades apristas y
pradistas. [202]
[Los gobiernos criminales católicos en el Perú roban
TODO, incluido el dinero de la ayuda de los "Estados
Unidos"]
Como resultado de la investigación efectuada por una
subcomisión del Congreso de Estados Unidos, se encontró
también que las autoridades pradistas habían estado
involucradas en el desvío y malversación del 60 por
ciento de los fondos de asistencia externa
estadounidense, destinados a la construcción
de carreteras y ayuda alimentaria. [203] Una propuesta
para investigar la vinculación de Beltrán con los
supuestos tratos ilegales de compañías urbanizadoras como
Mutual Perú y Urbanizadora Repartición fue
bloqueada en el Congreso por los diputados pradistas y
apristas. [204] Los parlamentarios demócrata-cristianos
pidieron la renuncia del primer ministro. El gabinete de
Beltrán se hallaba bajo fuego graneado justo antes de las
elecciones de junio de 1962, a medida que su programa
económico iba haciendo agua. [205]
[desde 1955: Nueva oposición de comunistas después de
la Revolución Cubana de 1953 - Lobby de Cuba - ¿Quién es
el dueño de los campos petroleros peruanos? - Documento
encontrado en la embajada cubana con red comunista:
estudiantes pagados por propaganda opositora]
La incapacidad de la convivencia para ocuparse de algunos
de los problemas más urgentes del país también tuvo como
resultado el crecimiento de la izquierda radical. El APRA
perdió gran cantidad de sus jóvenes integrantes de los
grupos pro guerrilleros APRA Rebelde y Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR). Un bien
organizado grupo de presión favorable a Cuba
[de 1953] había surgido a escasos dos años de la
Revolución en ese país. Este movimiento explotó las
debilidades del régimen de la convivencia, especialmente
el asunto ardientemente debatido de La Brea y Pariñas, en
torno a la cuestionada propiedad de los campos
petrolíferos norteños en manos de la International
Petroleum Company (IPC).
En noviembre de 1960, una incursión en las oficinas de la
embajada cubana, llevada a cabo por
exiliados cubanos anticastristas, reveló documentos
secretos firmados por Luis Ricardo Alonso, el embajador de
Cuba en el Perú. [p.377] Los documentos capturados
implicaban a una vasta red de políticos, parlamentarios,
periodistas, dirigentes estudiantiles y activistas de
izquierda como agentes pagados del gobierno cubano.
El 4 de enero de 1961, Ricardo Elías Aparicio, ministro de
Gobierno y Policía, y Alejandro Cuadra Ravines, ministro
de Guerra, presentaron información adicional de la
inteligencia peruana durante una tormentosa sesión del
Senado. Allí dieron los nombres de quienes habían recibido
estipendios y pagos mensuales del gobierno cubano a través
de su embajada para que llevaran a cabo campañas
políticas contra el gobierno peruano. Entre
los operadores políticos izquierdistas pagados, los más
prominentes eran conspicuos críticos de los arreglos con
la IPC . A pesar de lasexcusas ideológicas y de las
justificaciones hechas a nombre de la justicia social y
del antiimperialismo, este tipo de corrupción estuvo
difundido dentro de la izquierda legal desde el inicio de
su influencia en la política nacional. [206] Además, en
el periodo 1961-1962 se iniciaron las acciones
guerrilleras urbanas y los asaltos a bancos por el
Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR), en
respaldo a las tomas de tierras en el valle de La
Convención del Cuzco, promovidas por el dirigente
trotskista Hugo Blanco. [207]
El fracaso de la reforma nacional también tuvo un impacto
sobre los oficiales militares formados en el recientemente
renovado Centro de Altos Estudios Militares (CAEM). La
estrategia de antinsurgencia se combinó con políticas
militares «reformistas» para desarrollar el país, bajo la
creciente influencia [p.378] de ideologías nacionalistas
de izquierda derivadas del nasserismo. [208] Fue
precisamente a partir de estas nuevas tendencias que una
facción de comandantes militares de alto rango concibió
nuevas oportunidades y papeles políticos. Esta nueva
postura política de los oficiales militares, una variación
sustancial del nacionalismo caudillista venal de Odría,
sentó las bases para los golpes militares
«institucionales» de 1962 y 1968.
[Elecciones 1962: APRA y MDP brillan con 40% de listas
de votantes falsas - APRA con Haya gana las elecciones
amañadas - golpe de estado el 18.7.1962 - Prado huye a
París]
Justo antes de las elecciones presidenciales de junio de
1962, la oposición belaundista denunció el fraude
electoral que iban perpetrando los partidos en el poder.
Acción Popular (AP), el partido de Belaúnde, sostenía que
el registro de hasta 200.000 votantes era fraudulento. Los
principales líderes de la convivencia venían negociando
alianzas y pactos electorales bajo la mesa. El Jurado
Nacional de Elecciones (JNE) estaba conformado casi
íntegramente por pradistas. Unos cuantos días antes de los
comicios, pesquisas judiciales confirmaron la
falsificación de padrones oficiales de votantes,
obtenidos ilegalmente, en las oficinas del APRA y el MDP.
El APRA no fue sancionado por estas prácticas ilegales. El
alto mando de las fuerzas armadas, tradicionalmente
antiaprista, condujo su propia investigación. Los
militares encontraron que el 40 por ciento de los
padrones electorales que investigaron era incorrecto o
fraudulento, y declararon públicamente, con un
lenguaje deliberadamente neutro, que había una «voluntad»
de cometer fraude electoral. Esta fue una ominosa señal de
advertencia dirigida contra las pretensiones electorales
del APRA.
Los funcionarios de la embajada de Estados Unidos creían
que el fraude sí se había dado, pero se interpretó que no
era de escala suficiente como para influir en las
elecciones. [209] La Junta Electoral ignoró las serias
quejas de fraude y continuó con las elecciones. Con el
respaldo de Prado y Beltrán, el líder aprista Haya
obtuvo ligeramente más votos que Belaúnde.
Odría, a la cabeza de la Unión Nacional Odriísta (UNO), su
partido recién formado, quedó en tercer lugar. El
32,9 por ciento de la victoria electoral de Haya no
bastaba para satisfacer el requisito legal de
las dos terceras partes de los votos para ser declarado
presidente. La tarea de escoger al nuevo mandatario estaba
ahora en manos del Congreso recién electo. [210] [p.379]
En esta tensa situación política, el mando militar pidió
la anulación de las elecciones. La tensión creció cuando
los partidarios de Belaúnde amenazaron con rebelarse y
pidieron la intervención militar. En una jugada de último
minuto, Haya renunció a sus ambiciones presidenciales a
favor de su antiguo archienemigo Odría. Pero ya era
demasiado tarde. El 18 de julio de 1962, una junta
militar encabezada por el general Ricardo Pérez Godoy
depuso y arrestó al presidente Prado. Las elecciones
fueron anuladas. La junta militar prometió nuevas
elecciones al siguiente año. Cuando Prado llegó
exiliado a su predilecta ciudad de París para
solicitar inmunidad diplomática, tal como lo había hecho
en 1948, las autoridades francesas le informaron que había
un límite legal al valor de las joyas y metales preciosos
que su familia podía llevar a Francia. [211] Las
elecciones de 1963 despertaron la esperanza de un pronto
establecimiento de un orden democrático más limpio y
honrado, sin dictadores venales, políticos inescrupulosos
ni pactos encubiertos.
* * *
Para concluir, la reconstrucción económica y
constitucional, luego del nocivo gobierno de Leguía,
estuvo plagada de conflictos políticos y pugnas civiles,
enmarcadas dentro del difícil contexto internacional de
las décadas de 1930 y 1940. Estos conflictos sirvieron
para encubrir la corruptela oficial y el abuso en
ocasiones despiadado del poder, así como las
transgresiones radicales y violentas de nuevos movimientos
populistas que no se regían por los límites legales y los
constreñimientos éticos para cumplir con su fin máximo de
alcanzar el poder.
Las formas de corrupción más viejas y persistentes
se combinaron con otras más nuevas, surgidas
de los cambios en las condiciones y las políticas
financieras, económicas e institucionales. Las corruptelas
militares en la adquisición de armas ganaron importancia,
en un momento en que el papel político [p.380] de las
fuerzas armadas era de suma importancia (durante los
gobiernos del coronel Sánchez Cerro, el general Benavides
y el general Odría), y en que los conflictos limítrofes
llevaban a una escalada en el armamento militar. El mal
manejo de la deuda pública pasó de concentrarse en la
deuda externa (el cese de pagos de largo plazo y sus
consecuencias, que tuvieron su origen en los excesos de la
década de 1920) a la deuda interna a través de préstamos
nacionales, que involucraron a la banca y camarillas
económicas locales durante el gobierno de Benavides y el
primer gobierno de Prado. Los sobornos y el tráfico
de influencias en las obras y servicios públicos se
mantuvieron constantes, aunque con cierta
tendencia a crecer durante el mandato de Odría y el
segundo gobierno de Prado.
Un cambio en la política relacionado con los controles de
cambio y las licencias de importación —que formaban parte
de la creciente ola proteccionista en Latinoamérica, a la
que se conoce como «industrialización por sustitución de
importaciones»— abrió las compuertas al favoritismo,
al tráfico de influencias y los abusos durante los
gobiernos de Prado y Bustamante en las décadas
de 1940 y 1950. (Estos mecanismos intervencionistas
«novedosos» de la corrupción continuaron dejando su huella
en la segunda mitad del siglo.) La inflación y los
déficits fueron el resultado, y las rentas perdidas debido
al contrabando crecieron. Las pérdidas debidas al temprano
tráfico de drogas y la inversión extranjera no percibida
fueron relativamente bajas. La creciente
dependencia de la deuda y la asistencia externa, y su
mal manejo concomitante, siguieron a la
restructuración y el reinicio del servicio de la
incumplida deuda externa en 1952.
En términos comparativos, los costos medios estimados de
la corrupción por año en la década de 1930 continuaron
siendo altos, pero se mantuvieron estables. En el decenio
de 1940, estos costos se duplicaron en cifras corrientes
(no teniendo en cuenta la inflación) y volvieron a hacerlo
en la década siguiente (véase el cuadro A.5). Sin embargo,
el nivel de los costos de corrupción subió como
porcentaje del gasto del gobierno, de 31 por ciento en
la década de 1930 a 42 por ciento en los años de 1940
y a 46 por ciento en los de 1950. Como
porcentaje del PBI, esta progresión en el nivel de los
costos estimados de la corrupción fue de 3,1, 3,3 y 3,6
por ciento, respectivamente, en cada una de las tres
décadas (compárese en el cuadro A.6). El crecimiento
constante y gradual de dichos costos tal vez sea la razón
por la cual Basadre consideraba que la corrupción en ese
entonces era ubicua y estructural. [p.381]
A medida que la contenciosa esfera política desempeñaba un
papel crucial en las disputas electorales entre 1931 y
1962, su amañamiento y el fraude condicionaron la
legitimidad de los gobiernos. Se convocaba a elecciones
cuando las soluciones dictatoriales se agotaban y los
partidos políticos realizaban pactos secretos
detrás de bambalinas. El resultado de dichos pactos y
alianzas era en ocasiones tan escandaloso que desataba una
protesta generalizada por lo inútil que resultaba esperar
que los políticos trabajaran a favor del bien común. En el
ínterin se descuidaron reformas políticas e
institucionales urgentes, a pesar de los
crecientes problemas sociales y económicos. La prensa
reportaba cada vez más los pactos escondidos de la mirada
pública, los privilegios que generaban y los escándalos
que les seguían. La cobertura de la prensa y la
oposición parlamentaria, particularmente en la
década de 1950, expuso escándalos e hizo público el perdón
de los antiguos líderes corruptos en la clásica fórmula
del «borrón y cuenta nueva», que generaba un profundo
escepticismo popular hacia el orden político. Una vez más
volvió a considerarse que una solución militar, esta vez
para impedir un supuesto fraude electoral, era una opción
en medio de la considerable apatía. Estas débiles bases
para el retorno de la democracia en los años de 1960
limitaron la capacidad de las instituciones peruanas para
ponerle coto a la corrupción y prevenir nuevas
intervenciones militares. [p.382]
